Todos los bloques opositores tienen proyectos para pedir información o solicitar presencia de funcionarios en la Legislatura tras el siniestro que afectó la obra social provincial. La UCR apunta hasta al gobernador Llaryora.
Provincial23 de abril de 2025
Bettina Marengo
Por Bettina Marengo
Mientras la Fiscalía a cargo de Celeste Blasco mantiene el secreto de sumario sobre la investigación del incendio en el edificio de Apross a la espera de la pericia de Bomberos que establecerá el origen del siniestro sucedido en pleno Viernes Santo, la oposición busca que no enfríe el tema, al que más o menos explícitamente vincula con los ilícitos contra la obra social provincial que investiga el fiscal José Bringas, por los que hay varias decenas de detenidos.
La pericia de Bomberos y Policía Judicial que determinará origen e intencionalidad o no del fuego aún no había sido presentada a la fiscal, al cierre de esta nota y según información oficial del Ministerio Público Fiscal.
La próxima sesión en la Legislatura será el miércoles 30 de abril, falta un trecho, y en el Panal apuestan al dictamen técnico antes de esa fecha para diluir el tema. Hasta ahora, la información filtrada a los medios habla de una recarga eléctrica accidental como disparador del incendio. Versiones hay varias. Por caso, se deslizó que la Fiscalía de Bringas tenía previsto realizar esta semana un allanamiento en la sede de Apross, en búsqueda de más pruebas para algunas de las varias líneas investigativas que lleva adelante sobre la administradora de salud.
Sin muchas chances de que el tratamiento legislativo prospere porque el reglamento exige dos tercios de los votos para llevar al recinto iniciativas sin dictamen, las fuerzas políticas opositoras y dialoguistas se espejan en el escándalo de la cripto $Libra que protagonizó Javier Milei, y preparan su Aprossgate con una ofensiva de presentaciones, planteos y comisiones en la Unicameral.
Lo hizo la UCR con un proyecto de Brenda Austin y otro de Carlos Briner, y también lo hizo Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal. También elevaron sendas iniciativas el legislador Gregorio Hernández Maqueda, el radical Dante Rossi del bloque Construyendo Córdoba, y el Frente Cívico. El presidente del partido, Luis Juez, no se refirió al siniestro en público y en su entorno aseguran que esperará la pericia, pero en privado habló de “negociados” y de supuesta complicidad entre los detenidos, la política y la institución. Los juecistas juran que legislativamente van a ir a fondo con las causas reales del incendio y sus implicancias: interpretan que puede ser un tópico muy desfavorable para el gobernador Martín Llaryora de cara al 2027. Con el tacto suficiente para no colisionar con los radicales, algunos memoriosos recuerdan que durante el último año de la gestión como intendente capitalino del fallecido Rubén Martí hubo un incendio en el cuarto piso del Palacio 6 de Julio, al que se vinculó con la quema de pruebas de irregularidades en la entrega de chapas de taxis. “Pero no había ningún preso ahí”, se atajó un boinablanca.
De los varios proyectos parlamentarios que ingresaron a la Unicameral, el de Briner apunta a citar al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, al de Salud, Ricardo Pieckenstainer y al propio gobernador Llaryora.
Su colega Austin presentó el primer proyecto post incendio, con once preguntas y una cuestión central: Si existen copias de respaldo de la documentación-prueba, dónde se almacenaban y en qué estado se encuentran tras el desastre y con qué sistemas de resguardo y respaldo de información cuenta Apross.
Hernández Maqueda va por la citación de Pieckenstainer, quien junto a Quinteros fueron de los primeros en llegar a la escena del incendio luego del aviso al 911, que llegó a las 12,46 horas del viernes 18.
En tanto, la bancada que encabeza Walter Nostrala reclama información sobre origen del fuego, personas que estuvieron en el edificio de la Cañada jueves 17 y viernes 18, zonas afectadas del edificio, información y/o documentación específica que se encontraba en las zonas quemadas y relevamiento de la documentación específica que se perdió, tipo y respaldo documental o digital de la misma. Es un tema clave porque el Gobierno viene diciendo que no se perdieron pruebas de las causas que lleva Bringas porque hay resguardo digital.
Agrelo se enfocó en pedir un inventario de bienes y documentación que ha sido dañada y/o pérdida en virtud del incendio. Y se interesa en saber si, además de Bomberos, se solicitó informes técnicos a otros idóneos o expertos a ese organismo que depende de la Policía, que tiene agentes detenidos por la supuesta corrupción en Apross. El vecinalista pidió informes también sobre sumarios internos en la obra social.
El radical “disidente” Rossi, al igual que el libertario Agustín Spaccesi, ambos dialoguistas con el oficialismo, propusieron una comisión investigadora creada desde la Legislatura.
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