La Justicia revisará la prisión domiciliaria de CFK

Luego de que el Tribunal Oral  Federal 2 otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner el 17 de junio, tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal revisará este lunes la prisión domiciliaria de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y habrá expectativa en si habrá cambios en su situación actual. 

En la audiencia de las 12 en Comodoro Py se tratará el cumplimiento de la pena, el uso de la tobillera electrónica y las restricciones en el régimen de visitas. Los abogados de la exmandataria, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, se presentarán en la audiencia junto al fiscal general de Casación, Mario Villar.

Por un lado, la Fiscalía había solicitado, mediante un escrito presentado por Villar, que Fernández de Kirchner no cumpla su condena en su hogar, sino en un establecimiento penitenciario. Este pedido está basado en lo solicitado por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola.

Serán los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, los encargados de conformar la Sala IV de Casación que revisará el caso. Cabe destacar que estos fueron los mismos que en noviembre del año pasado confirmaron la condena de seis de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en las obras públicas que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez. Tras la audiencia, los camaristas tendrán 5 días hábiles para resolver los planteos.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) otorgó la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner el pasado 17 de junio, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, le dieron lugar al pedido de la defensa de Kirchner debido a cuestiones de seguridad y por su edad (ya que tiene más de 70 años).

Los magistrados justificaron que, debido al intento de homicidio sufrido en 2022, la detención de Cristina Kirchner en un centro penitenciario pondría en riesgo su seguridad. Por ello, optaron por mantenerla en aislamiento indefinido en su domicilio, una medida impropia de un régimen de ejecución de condena.

Pese a que la mandataria logró residir en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, se le impuso una serie de condiciones que debe cumplir: el uso de una tobillera electrónica en todo momento, la de "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes", y finalmente, el control de un régimen de visitas, permitiendo que familiares, médicos y abogados accedieran sin autorización judicial previa, mientras que otras visitas requerían permiso del tribunal.

Estas decisiones serán apeladas por la defensa en la cámara de Casación, en primer lugar, argumentaron que este dispositivo no garantiza la seguridad ni evita fugas, también presentaron informes internacionales sugiriendo que no era necesario imponerle una tobillera electrónica.

Por última, la defensa cuestionó la decisión del Tribunal Oral en limitar las visitas, ya que ninguna persona bajo arresto domiciliario se encuentra en esas condiciones, al igual que no existe norma alguna que justifique tales limitaciones.