Política a flor de piel: el rector Boretto entre ajuste, negociación y polarización

Por Francisco López Giorcelli 

Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, a fines de 2023, las transferencias nacionales a las universidades vienen registrando una caída sostenida. A mitad de 2025, el presupuesto real ejecutado está aproximadamente un 30 % por debajo del nivel necesario para sostener el funcionamiento pleno de las instituciones. El poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes perdió más de un 33 % y los gastos de funcionamiento, a pesar de los incrementos nominales, siguen sin alcanzar niveles de reposición reales.

Ante esta emergencia, la UNC decidió reasignar recursos propios. A inicios de año, el Consejo Superior autorizó una partida especial de $100 millones destinada a garantizar insumos para ciencia y tecnología, cubriendo lo que el Ministerio de Capital Humano no está enviando. Es una medida extraordinaria que refleja tanto la autonomía financiera de la Casa de Trejo como la magnitud del desfinanciamiento nacional.

En la sesión del Consejo Superior del 23 de abril de 2025, se aprobó el presupuesto universitario para el año en curso con un incremento del 29,6 % respecto al presupuesto reconducido de 2024. Este aumento se sostuvo exclusivamente con fondos propios: ingresos de rentas, servicios académicos y recursos extrapresupuestarios. La universidad, al menos por ahora, sigue funcionando. Pero no gracias al Estado nacional, sino pese a él.

En junio de 2025, la tensión con el Gobierno alcanzó un nuevo pico. ADIUC, gremio que nuclea a los docentes universitarios, convocó un paro nacional de 48 horas los días 26 y 27, en el marco de la Marcha Federal Universitaria. La consigna fue clara: sin presupuesto, no hay segundo cuatrimestre. La protesta incluyó clases públicas, actos en el Pabellón Argentina y marchas de antorchas por la ciudad de Córdoba.

Simultáneamente, el Consejo Superior de la UNC adhirió de forma institucional al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario impulsado por el CIN. El texto propone una recomposición progresiva de los recursos hasta alcanzar el 1,5 % del PBI en 2031. Sin embargo, esa manifestación simbólica contrastó con la conducta que adoptaron algunos representantes del oficialismo universitario cuando el proyecto llegó al Congreso.

El rector Boretto ha optado por una estrategia discursiva moderada. En abril de 2025, durante una entrevista, declaró: “De ningún modo la universidad puede ser considerada como un centro de adoctrinamiento”, en referencia a las críticas de Milei contra el sistema público. También sostuvo que “hay un acuerdo transversal en defender la necesidad de sostener el sistema científico”. Una defensa, sí, pero sin confrontación.

Sin embargo, cuando el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario llegó al Congreso, fueron dos diputados cordobeses cercanos a su espacio político los que votaron en contra del tratamiento sobre tablas: Rodrigo de Loredo, referente radical y yerno del exministro de Defensa Oscar Aguad, y Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional por Río Tercero. El hecho generó un fuerte repudio estudiantil en la UNC, con asambleas, comunicados y manifestaciones públicas. Aunque el rector no participó directamente del debate legislativo, su silencio en ese momento fue leído como un aval implícito. Para buena parte del movimiento universitario, no pronunciarse en defensa del financiamiento fue equivalente a alinearse con el ajuste.

Su perfil de “radical dialoguista” lo acompaña desde sus años en Franja Morada. Vinculado históricamente al mestrismo, Boretto no es un actor rupturista, sino un gestor técnico con sensibilidad política. Apuesta al equilibrio. Su estrategia es mantenerse como un rector institucionalista, con un pie en el gobierno provincial y otro en el sistema universitario nacional. Pero ese equilibrio se torna cada vez más inestable.

Además del ajuste sobre las partidas de funcionamiento, otro conflicto que tensiona su gestión es el de los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Desde comienzos de 2025, los trabajadores de Canal 10, Radio Universidad y la FM 102.3 vienen denunciando retrasos en el pago de haberes, falta de aguinaldo, reducción de personal y abandono por parte del Rectorado.

A mediados de junio, el diputado nacional Pablo Carro presentó un proyecto para ampliar el presupuesto destinado a los medios universitarios de Córdoba, denunciando que la partida asignada por Nación había sido un 271 % menor en términos reales respecto a la del año anterior. Por su parte, la exrectora Carolina Scotto fue más dura: afirmó que las autoridades de la UNC son responsables directas del vaciamiento, por acción u omisión.

La respuesta de Boretto fue mantener la narrativa del “ordenamiento” y la “sustentabilidad”. En lugar de afrontar el conflicto con decisión política, la gestión optó por un ajuste interno que dejó a decenas de trabajadores sin ingreso. Esto generó un creciente malestar en el propio campo progresista universitario, que por el momento acompaña su gestión (¿factor De La Sota clave para reconfigurar el escenario universitario?)

A pesar del conflicto presupuestario, Boretto sigue cultivando su imagen como interlocutor válido tanto en Córdoba como en el escenario nacional. En marzo de 2025 recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de Panamá, en reconocimiento a su trabajo institucional. Y en el plano local, logró aprobar el presupuesto universitario sin mayores sobresaltos, articulando con decanos de distintas orientaciones políticas.

En paralelo, su gestión busca mostrar una UNC comprometida con el desarrollo económico local. El foro realizado en junio sobre economía cultural y eventos fue parte de esa estrategia: reforzar el vínculo con los sectores productivos sin caer en un discurso de barricada. Es una forma de mostrar autonomía sin confrontación directa.

Pero esa estrategia, que le rinde frutos institucionales, no está exenta de costos políticos. Cada paso que da hacia el centro, hacia el equilibrio, le genera críticas desde su izquierda. El problema no es que negocie: es que, según algunos sectores, negocia demasiado y defiende poco.

El segundo semestre de 2025 será decisivo para la UNC y para la figura del rector. La posibilidad de un nuevo paro nacional universitario está latente. Las facultades más activas, como Filosofía y Letras, Sociales y Psicología, ya han comenzado a discutir la posibilidad de medidas directas, incluyendo tomas simbólicas y suspensión de actividades. La pregunta que sobrevuela el clima político universitario es: ¿acompañará Boretto ese reclamo o se mantendrá al margen?

Además, la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario continuará en el Congreso. La postura del rector será clave. Su silencio o tibieza podría fortalecer la narrativa del oficialismo nacional, que sostiene que las universidades pueden autofinanciarse. Y, en el otro extremo, un posicionamiento firme podría convertirlo en referente de una oposición académica al ajuste libertario.

Por otra parte, la situación en los SRT amenaza con convertirse en un escándalo político. Si no hay una solución de fondo, el vaciamiento de los medios universitarios marcará un punto de inflexión en su gestión.

Jhon Boretto enfrenta, a mediados de 2025, el momento más difícil de su rectorado. Entre el ajuste que impone el Gobierno nacional, las tensiones internas, los recortes en medios públicos y el creciente malestar estudiantil, su figura aparece tensionada.

Podría consolidarse como el rector que sostuvo la UNC en tiempos de crisis, evitando el colapso institucional con herramientas propias. Pero también corre el riesgo de ser recordado como quien administró el ajuste sin resistirlo, aceptando la lógica del recorte con la excusa de la gobernabilidad.

La UNC está en juego. Y con ella, mucho más que una gestión.