Redacción Alfil
Este lunes a la mañana, la Oficina Presidencial informó que Javier Milei vetó oficialmente los proyectos aprobados por ambas cámaras en el Congreso que otorgaban aumentos previsionales, reinstalaban la moratoria jubilatoria y declaraban la emergencia en discapacidad con nuevas pensiones no contributivas.
Según el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, los proyectos implicaban un gasto adicional cercano a 17 billones de pesos para el año 2026. "Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante", explica el boletín.
Además, desde el Ejecutivo acusaron que los proyectos aprobados fueron realizados "de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación".
Al final de su comunicado, el Presidente afirmó preferir "decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables". Y allí repitió la frase "no hay plata" y agregó que "la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre".
A partir de ahora, queda en manos de la oposición decidir si seguir adelante con las leyes vetadas por el mandatario, ya que se debería reunir una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes en Diputados para forzar la promulgación de las mismas.
Por otro lado, el oficialismo contempla conformar un bloque de apoyo en conjunto con sus 39 legisladores, junto con el MID, los radicales sumados al interbloque oficialista y el PRO. La construcción de dicho frente también se respalda en los acuerdos políticos que la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, viene construyendo con los gobernadores de diferentes provincias, como Mendoza, Chaco y Entre Ríos.
Esta semana, la oposición solicitó una sesión especial para el próximo miércoles, con temarios incómodos para el Gobierno Nacional. Algunos proyectos tratarán iniciativas de financiamiento para universidades y hospitales pediátricos nacionales, así como propuestas impulsadas por los gobernadores para coparticipar el impuesto a los combustibles y redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
