Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Tras el inminente rechazo de la oposición en el Congreso Nacional al veto de Milei, tal como había anticipado Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad (hasta diciembre del 2026) y suspendió la ejecución de la misma hasta que el Congreso informe cuáles serán las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
La decisión de la Nación fue emitida a través del Decreto 681/2025, que constituye al Boletín Oficial. Además, desde Casa Rosada estiman que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el 2025, considerándo un 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI). Y para el año 2026 el gasto será de unos $4.706.628.500.000, representando el 0,47% del PBI.
En números redondos, según el Gobierno la implementación de esta ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, representando un 0,35% del PBI. Es por ello que desde Casa Rosada le exigen al Congreso que explique de dónde se obtendrán los fondos, este pedido del Ejecutivo está respaldado por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera; que establece que, "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de recursos para su financiamiento".
Por otro lado, el bloque de diputados de Encuentro Federal criticó a Francos y presentó un proyecto en el cuál citan al jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados para que sea interpelado. En contraparte, el bloque de Unión por la Patria se reunirá en las próximas horas para definir los pasos a seguir.
