El Gobierno de Córdoba sumó otro conflicto con Nación por temas económico-financieros. Con la firma del gobernador Juan Schiaretti intimó a la administración central para que acelere el otorgamiento de avales para el préstamo suscripto entre la provincia de Córdoba y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD) destinado a obras. La decisión llega en medio de las tensiones de la campaña electoral, en la que el mandatario provincial es protagonista por ser también candidato.

El acuerdo del crédito se firmó en noviembre pasado por US$28,8 millones para financiar parcialmente este estratégico plan de obras hídricas; los avales nacionales correspondientes se encuentran previstos en la Ley de Presupuesto de la Nación.

Según la Provincia, el expediente iniciado hace ocho meses lleva dos en la Dirección de Despacho y Legislación dependiente del ministerio de Economía de la Nación.

La nota de Schiaretti está destinada al presidente Alberto Fernández con copia al ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. “El empréstito será afrontado íntegramente con recursos propios de la Provincia, sin esfuerzo alguno del Tesoro Nacional, sólo se solicita la garantía y respaldo que el propio Régimen de Responsabilidad Fiscal preceptúa, en una operatoria que generará ingreso de divisas al país y facilitará, además, la reanudación de negociaciones de Córdoba con el ADFD, para el financiamiento del Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba”, describe.

Agrega que “la no resolución a la brevedad de la cuestión reclamada, pone en tela de juicio la continuidad del trámite del préstamo para tan emblemática y estratégica obra”. El Gobierno de Córdoba se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes en caso de no lograr la debida aprobación.

Al momento de la firma del acuerdo, Schiaretti explicó que los fondos están destinados a financiar parte de los 10 acueductos troncales que lleva adelante el Gobierno provincial: “El agua potable es vida y salud, por eso en Córdoba invertimos para que llegue el agua potable a todos los rincones de nuestra provincia. Córdoba da certezas y es reconocida internacionalmente como un buen lugar para invertir y para dar financiamiento”.

En esas mismas circunstancias confirmó el interés del Fondo de Abu Dabi para financiar también parte del “Acueducto Interprovincial Paraná-Córdoba”, que une el Río Paraná, en Santa Fe, con San Francisco.

En abril de este año la Provincia demandó al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia por lo que entiende son incumplimientos en la asistencia financiera de la Caja de Jubilaciones provincial en los años 2020, 2021 y 2022. En febrero ya Córdoba, con seis provincias, pidieron que el organismo cumpliera con los giros establecidos por ley; a comienzos de marzo hubo una intimación de la Provincia al Gobierno. Anses transfirió el 20% de lo reclamado.

El planteo se sustenta en que la legislación nacional (Ley 27.260) establece que el Estado nacional financiará -a través de la Anses, actualmente conducida por la camporista Fernanda Raverta– los déficits de los sistemas previsionales provinciales que no fueron transferidos oportunamente al ámbito nacional, en un estricto acto de justicia respecto de aquellas provincias que sí decidieron transferir sus sistemas previsionales.

En la presentación judicial la Provincia señala que, con base en la reglamentación y en los datos remitidos oportunamente a través de la AFIP, los cálculos efectuados por la Caja de Córdoba arrojan que la Anses le adeuda a la Provincia $117.000 millones por las diferencias actualizadas entre los anticipos girados y el déficit previsional de los años 2020, 2021 y 2022.

Hace dos meses, la Provincia acudió a la Justicia Federal para comprar dólares en el mercado único de cambios para hacer frente al próximo vencimiento de su deuda. En dos oportunidades fue autorizada.

Es que a comienzos de junio, el Banco Central emitió una resolución que insta a las provincias a presentar una “propuesta” que contemple comprar “hasta el 40% de los dólares que necesitan para cancelar vencimientos de capital” y que el resto lo obtengan con recursos propios o con nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años.

El objetivo del BCRA fue reducir el drenaje de divisas de las provincias siguiendo el mismo marco que obliga al sector privado a refinanciar el 60% de sus compromisos en moneda dura, lo que disparó múltiples reestructuraciones de esos pasivos -ampliando en al menos dos años los plazos de pago- desde finales de 2020 y hasta hace algunos meses.