Inocencia fiscal y responsabilidad individual

Por Javier Boher 
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Como buen niño de los ‘90, gran parte de mi conocimiento del mundo llegó de la mano de Los Simpson, una serie que en sus primeras temporadas tenía grandes guionistas y que trazaba escenarios y temas que superaban la media de la tele. Por eso entendimos códigos de otras latitudes con gran facilidad, aunque algunas veces podía pasar que no todo fuese tan claro.
Todo fanático recuerda aquel episodio en el que Fidel Castro estafa al Sr. Burns y le roba un billete de un millón de dólares que el dueño de la planta nuclear se había quedado en los tiempos del Plan Marshall. Lo que no siempre recordamos es cómo empieza el capítulo, aunque sí recordemos que la escena no tiene sentido para nuestra cultura tributaria: Homero se demora en entregar su declaración jurada de impuestos y llega sobre la fecha límite, con la oficina colapsada. El único que lo había hecho en tiempo y forma había sido el santurrón de Flanders.
Si de chicos los impuestos son algo que de por sí no entendemos, una escena de un sistema fiscal absolutamente distinto al nuestro es directamente algo que está fuera de todos nuestros parámetros. Ahora de grande los impuestos tampoco están tan claros, por eso las boletas de servicios están desbordadas de tasas e impuestos que se llevan la mitad (o más) de lo que pagamos, a partir de que la gente nunca sabe muy bien de qué se trata el tema de contribuir al sostenimiento del Estado.
La semana pasada se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, que divide fuertemente las opiniones de la gente a la que le interesa la política. Por un lado están los oficialistas, que creen que es la mejor pieza legislativa de la historia argentina, que servirá para que lluevan los dólares que siguen sin venir. Por el otro lado están los opositores, que creen que está es la peor ley de la historia, entregando un pase libre a los narcos para que blanqueen millones de dólares obtenidos por actividades ilegales. Está clarísimo que ninguno de los dos bandos tiene toda la razón.
La lógica detrás de la reforma está muy clara: Argentina fue un infierno fiscal durante años, donde miles de personas y empresas padecían sistemas laberínticos, con imposiciones superpuestas y poca información accesible, por lo que es fundamental simplificar esos trámites y aliviar a los que tienen la plata para hacer mover la economía. El resultado de las políticas aplicadas hasta ahora generó que gran parte de la riqueza del país esté en negro, en cajas de seguridad o en bienes que no se declaran (o que se pueden maquillar). No se trata (solo) de los ultrarricos, sino del verdulero que no se puede comprar una casa en blanco porque todo el movimiento del negocio se hace en negro.
No alcanza el espacio para tratar todos los aspectos de la ley, pero el corazón de la polémica está en cómo se suben los umbrales para la acción penal, a la vez que se encarecen fuertemente las multas por errores de los contribuyentes comunes. Lo que subyace es que se perdona a los grandes evasores mientras se persigue a los pequeños perejiles que votaron para cobrar en dólares.
La idea de base es la misma que la de Los Simpson: el contribuyente debe tomarse en serio la tarea de decirle al Estado cuánto debe pagar de impuestos, bajo riesgo de tener que pagar una multa. Hay una presunción de inocencia a favor del que blanquea, pero también una responsabilidad individual para no tener problemas con ARCA.
El Estado ya tiene la mayor parte de nuestra información, pero por pereza o ineficiencia mira para otro lado y confía en recaudar a través de acciones penales en lugar de hacerlo por la ampliación de una base de gente fiscalmente responsable. Tal vez hay que esperar a ver cómo se desenvuelve en la práctica antes de creer que todos son idiotas que no pueden llenar formularios para evitar las multas.