Felipe Osman
Por Felipe Osman
Los sindicatos más afectados por la reforma que el oficialismo provincial introdujo en los últimos días de 2025 intentan mantener encendida la llama. Ayer mantuvieron una extensa reunión en la sede de SIVIALCO (Viales) y, al cabo de ella, difundieron un duro comunicado.
En él, los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia adelantaron que avanzarán en un plan de lucha bifronte, gremial y jurídico, contra el ajuste previsional.
En el plano gremial, las organizaciones sindicales resolvieron dar continuidad a sus manifestaciones con medidas sorpresivas durante enero, con el objeto de visibilizar el conflicto y denunciar públicamente al Gobierno de la Provincia por la suba de los aportes previsionales.
En el plano jurídico, en tanto, los partícipes de la reunión resolvieron realizar una nueva convocatoria para analizar la situación junto a los asesores legales de los gremios aportantes, a fin de “evaluar las acciones jurídicas a seguir de forma conjunta, entre todos los sindicatos, contra la nueva ley previsional”.
La viabilidad de una acción de amparo colectiva, cuya admisibilidad se adivinaba poco probable tras el rechazo del primer amparo por parte de la Justicia, volvió a despertar esperanzas entre los gremios tras la admisión de aquella primera acción, una vez que la normativa fue reglamentada por el Ejecutivo, concretizando la amenaza sobre derechos adquiridos de la interesada.
Los sindicatos reunidos en SIVIALCO también evaluaron los caminos a seguir para acercar el reclamo de todos los gremios aportantes a las instancias de mediación que hoy se tramitan ante la Corte Suprema de la Nación, a fin de acompañar el reclamo de la Provincia por la devolución de los fondos previsionales adeudados. Además, discutieron la posibilidad de realizar reuniones nacionales de todos los gremios beneficiarios de cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, a fin de trazar acciones gremiales y jurídicas comunes.
Fueron de la partida, entre otros, el SEP, la UPS, la UEPC, SADOP, el SUOEM, los tres sindicatos de Luz y Fuerza (Córdoba, Regional y Río Cuarto), Judiciales, Legislativos, Bancarios, Casinos, Gráficos, ADEME, SIVIALCO, Músicos, AMET y APSE.
El otro frente
Los sindicatos no son los únicos que analizan los alcances de la Ley de Equidad Financiera y la viabilidad de una avanzada judicial en contra de la implementación de la norma. Los impulsores de la Iniciativa Popular por el 82 por ciento móvil, que ya habían expresado su profundo malestar tras la aprobación en la Legislatura de Córdoba de la Ley de Equidad Jubilatoria, ya reciben asesoramiento legal sobre las posibilidades de interponer un amparo colectivo en febrero, cuando finalice la feria judicial.
Desde el espacio que reúne a jubilados y adherentes a la iniciativa, señalaron que el expediente impulsado por la ciudadanía fue “usurpado” por el oficialismo legislativo para dar paso a una norma oficial que modifica el sistema previsional sin respetar el espíritu ni el contenido de la propuesta original.
Con asesoramiento legal, el objetivo es “impugnar” la ley”, en defensa de su propuesta, elevada a la Legislatura a través de un mecanismo de democracia semidirecta reconocida por la Constitución Provincial.
El reclamo se dará en un contexto de fuerte descontento entre jubilados y pensionados que firmaron e impulsaron la iniciativa popular para ver mejorados sus haberes previsionales, muchos de los cuales aseguran que, pese a los anuncios oficiales, en algunos casos no registraron mejoras significativas con el nuevo sistema de cálculo, y en otros casos cobraron un monto incluso menor que el mes anterior.
