Por Gabriel Silva

Sin la espuma ni la efervescencia que algunos anticipaban se terminó aprobando en la Unicameral el proyecto que impulsó el oficialismo: la creación de un ministerio público de la Defensa, compuesto por un defensor general, dos adjuntos y los tres con cargos vitalicios a inamovibles. Siendo estas, las principales críticas a las que apuntó en la tarde de ayer y en una sesión sin la pirotecnia que se esperaba, una oposición que lució desdibujada.

Con ausencias, acompañamientos al proyecto en general y un debate que se manejó con el ritmo cansino que le impuso el oficialismo a la sesión, Hacemos logró la sanción con 47 votos afirmativos, 12 negativos y ninguna abstención. Donde lo sobresaliente, al margen del rechazo del bloque radical, fue el acompañamiento en general que hizo la bancada del PRO y donde el ausente fue el legislador villamariense, Darío Capitani.

El jefe del bloque que está en el último tramo de la campaña por la intendencia en Villa María y no fue parte del debate en el recinto en la tarde de ayer.

En tanto, otro de los que acompañó al oficialismo fue Orlando Arduh, integrante del bloque unipersonal, Córdoba Auténtica. Como también lo hizo el PJ de Identidad Peronista.

La voz del PRO en la sesión fue el legislador Alberto Ambrosio, quien aclaró que rechazaba la perpetuidad por “no ser sinónimo de independencia ni de discrecionalidad”.  

El hombre del PRO justificó igual el voto del bloque, a excepción del artículo 9 que habla de las cualidades mencionadas anteriormente, al sostener que “compartimos que debe tener visibilidad, organicidad, funcionalidad y jerarquización para que la defensa publica sea una institución que contenga”.

El eje Cid-Rinaldi

Como contó Alfil ayer, después de la reunión en comisión de este martes, en la que estuvieron presentes el titular del TSJ, Domingo Sesin; la ministra de Justicia, Laura Echenique; y a la que además mandaron escritos el fiscal general Juan Manuel Delgado y el presidente del Colegio de Abogados, Ignacio Segura, el oficialismo apuró la discusión en la sesión de ayer.

La apertura al debate la hizo la legisladora Julieta Rinaldi, presidenta de la comisión de Legislación General. “El Ministerio Público de la Defensa tiene por objeto favorecer el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables. Y en el que garantiza la independencia y autonomía del órgano, donde la organización económica y financiera depende del TSJ”, dijo Rinaldi.

La legisladora brindó detalles de la iniciativa, entre ellas, que el defensor general y los adjuntos deberán tener como mínimo 12 años de carrera en ejercicio de la abogacía y no ser menores de 30 años. Mientras que, los defensores públicos deberán contar con cuatro años de experiencia y no tener menos de 25 años de edad. En tanto, acerca de la inamovilidad y la inmunidad, dijo que “serán la que tienen los jueces”. “Pueden ser removidos bajo los mismos mecanismos que los jueces actualmente”, señaló.

Rinaldi entró en los escasos cruces que hubo con la oposición al responderle a Encuentro Vecinal que “perpetuidad no es lo mismo que inamovilidad”. Y destacó también que es un organismo que ya funciona “en otras 12 provincias”.

Por su parte, Juan Manuel Cid, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, la otra en la que se discutió el proyecto, fue el encargado de cerrar el debate. Sin permitir cruces, el llaryorista apuró la discusión a instancias del presidente provisorio de la Unicameral, Francisco Fortuna, quien ante la ausencia del vicegobernador Manuel Calvo comandó la sesión.

“Tengo coincidencias con lo que planteó la oposición. Como lo que dijo ‘Tucho’ (Ambrosio), y es viendo el diagnóstico que existe con los defensores públicos en la provincia que impulsamos este proyecto. Y a los otros, que discuten de por qué es ahora y en plena transición (apuntando al radical Marcelo Cossar), les decimos lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Incluso, antes de la elección provincial”, señaló aclarando que se modificó la iniciativa que el año pasado impulsó el legislador suspendido Oscar González.

Minutos más tarde, se iba a terminar votando y logrando la sanción del proyecto.

La oposición, contra lo vitalicio de los cargos

Desde que en el mediodía del pasado martes se supo que el oficialismo se encaminaba a discutir esta semana el proyecto en el recinto, el radicalismo y la Coalición Cívica salieron a plantar bandera. Tanto con aquellos que están actualmente en el arco opositor, como con los legisladores que resultaron electos y asumirán en diciembre. Desde ambos espacios ratificaron sus posturas en la sesión de ayer, a diferencia de lo que hizo el PRO, que acompañó en general proyecto.

La radical Elisa Caffaratti dijo: “la gente espera poco y nada de nosotros, sus representantes. Estamos atravesando una crisis pocas veces vista. Vivimos en una Córdoba asolada por la delincuencia y el narcotráfico. Por lo que, lo lógico sería tratar proyectos para otras realidades. Lo que se debate nada tiene que ver con la justicia. Perpetuar de por vida una estructura burocrática es el proceso inverso de lo que deberíamos mostrar hoy para garantizar un buen servicio de justicia”.

En tanto, Cossar sostuvo que “no deben seguir tomando decisiones con impacto económico en las próximas gestiones”. “Están en una etapa de transición y debe ser el gobierno que llega el que marca la agenda. No sabemos qué piensa el gobernador electo de este proyecto”, dijo y reparó en los últimos escándalos en el SPC.

Casi en la misma sintonía que se manifestó la también radical Daniela Gudiño que definió al proyecto como “una acción innecesaria e inoportuna para la sociedad que reclama menos privilegios y más austeridad”.

Por su parte, desde la Coalición Cívica, Cecilia Irazusta, dijo que “este proyecto, además de ser un intento más de cooptación de la Justicia, posibilita al Estado entrometerse en la estrategia que cada defensor público decide para su defendido”.