Felipe Osman
El conflicto judicial ha entrado en una instancia difícil de comprender. El sindicato que nuclea a los empleados de la Justicia Provincial informó el lunes que desde el miércoles al mediodía habrá paro, y después de dos semanas de feria el funcionamiento del tercer poder comprenderá apenas 36 horas esta semana: el martes y la primera mitad del miércoles.
Si además se cuenta que el conflicto, que lleva cinco meses activo, acumula 25 días de paro en el interior y 22 en capital, lo que no puede dejar de asombrar es la perfecta impasibilidad del Tribunal Superior de Justicia, primero, y de la Provincia, después.
Todo empresario, comerciante, trabajador despedido, actor, accionado, víctima, imputado, u operador judicial de uno u otro lado de la barandilla sabe que los tiempos de la Justicia son absolutamente irrazonables, que entorpecen el ritmo de la actividad económica y que representan una pesada carga para cualquiera que se encuentre enredado en expediente judicial. Sin embargo, el conflicto, que lastra el ya pesado funcionamiento del aparato judicial, no convoca la atención de las autoridades.
No hay una nueva oferta, ni hay descuentos por días de paro. Solo hay silencio. Como si, en realidad, el funcionamiento de la Justicia fuera plenamente satisfactorio y las medidas de fuerza que plantea el sindicato ni siquiera le hicieran mella.
En ese marco el conflicto continúa vivo entrado el segundo semestre, y se mixtura con el descontento generalizado de los gremios afectados por la declamada ley de Equidad Previsional. Votada a fines del año pasado, la ley 11.087 no elevó los aportes de los estatales a la Caja, sino que autorizó al Ejecutivo a hacerlo por vía reglamentaria. Le diferencia no es menor.
El Ejecutivo fue facultado a administrar ese equilibrio con el pretexto de blindar la seguridad del sistema previsional, pero si por otra hendija entra aire, esa misma capacidad de muñequeo para elevar los aportes debería ser empleada para aflojarle la cincha a los estatales.
De hecho, un fallo del TSJ ya advirtió que el techo de los aportes extraordinarios no debería superar la barrera del 6 por ciento. Y el Gobierno Provincial ya consiguió que la Nación duplicara los aportes a la Caja pasando de 5.000 a 10.000 millones mensuales.
¿Puede la morigeración de estos aportes convertirse en una válvula del Centro Cívico para descomprimir con los gremios?
Justo antes de comenzar la feria judicial, Agepj rechazó una oferta del TSJ que llegó después de cuatro meses de reclamo, y que se componía de la siguiente manera:
Para Auxiliares y Ayudantes, la finalización del acuerdo de equiparación salarial durante este año, respetando el cronograma previsto más un adicional extraordinario no remunerativo de 140.000 pesos a cobrar por única vez con los haberes de julio.
Para Escribientes y Auxiliares Ayudante, el adelanto total de las cuotas pendientes (3ra y 4ta) del acuerdo de equiparación, de tal modo que quedara completamente perfeccionado en julio, finalizando los tramos no remunerativos del proceso este año.
Para el resto de las categorías, el adelanto de una cuota adicional (la cuota 3), que se acumularía a la cuota 2 pautada para julio, por lo que en julio se percibirían ambas de forma simultánea, mientras la cuota pendiente (la 4ta) prevista originalmente para julio de 2028, se adelantaría a julio de 2027.
