Francisco Lopez Giorcelli
El ahogo financiero que la administración de Javier Milei impone sobre el sistema universitario comenzó a pasar la factura más cara en el terreno de la ciencia y la tecnología. Tal y como anunció este medio hace unos días, la Universidad Nacional de Córdoba se vio obligada a echar mano de sus reservas para evitar una parálisis catastrófica en sus centros de investigación. Con una asignación de más de 460 millones de pesos provenientes de recursos propios, la Casa de Trejo busca paliar de manera provisoria la falta de ejecución de las partidas que por ley le corresponden a las universidades y que el Ejecutivo central mantiene congeladas.
Esta inyección de liquidez de emergencia pretende sostener la continuidad de becas y proyectos científicos que se encontraban al borde del desmantelamiento operativo. Sin embargo, la decisión puso sobre la mesa las severas limitaciones del autofinanciamiento y reabrió un caluroso debate político interno sobre la sostenibilidad del presupuesto universitario. La brecha entre los giros reales que envía el Tesoro Nacional y los costos fijos que demanda la estructura académica coloca al Pabellón Argentina ante la encrucijada de definir qué áreas priorizar mientras se aguarda una resolución judicial o paritaria de fondo.
En las discusiones del Consejo Superior y de los decanatos, el destino de los fondos reactivó las diferencias entre el oficialismo y la oposición rectoral. Desde los sectores opositores han comenzado a señalar que, ante la escasez de recursos generales, la universidad debería revisar y recortar partidas en áreas no estrictamente académicas, como los programas dedicados a la "vida estudiantil", para reorientar ese dinero hacia la investigación y la docencia. Por el contrario, la gestión central intenta sostener la totalidad de los frentes de gestión sin tener que encarar una nueva ola de destrucción de puestos de trabajo.
El discurso de contención planteado por las autoridades rectorales genera suspicacias en diversos sectores de la comunidad universitaria. En las facultades recuerdan con nitidez que se trata de la misma conducción institucional encabezada por Jhon Boretto que aplicó un ajuste feroz sobre los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC. Aquella reestructuración derivó en un tendal de jubilaciones anticipadas, despidos encubiertos y el uso sistemático del "pase a disposición", un mecanismo administrativo que deja suspendido al trabajador en un limbo laboral hasta asignarle una nueva tarea, generando una inestabilidad nociva para la vida familiar.
Bajo este trasfondo de tensión gremial y precarización acumulada, la inyección de 460 millones de pesos funciona apenas como una solución de compromiso que difícilmente pueda replicarse en los mismos montos durante los próximos meses. Sin la llegada efectiva de los fondos nacionales prometidos para el funcionamiento científico, la utilización de las cajas propias amenaza con desgastar velozmente las finanzas de la UNC. Esta fragilidad de caja obligará a mirar con lupa cada uno de los balances contables que el oficialismo presente de acá a fin de año para verificar el verdadero estado de las reservas.
El desenlace de este escenario se dirimirá en la discusión del presupuesto 2027 que Boretto deberá someter a votación en el cierre del ciclo lectivo. Con el arco opositor demandando mayor transparencia en la distribución de las partidas y exigiendo prioridades claras, la gestión central no tendrá un trámite sencillo en el Consejo Superior. El margen de maniobra se reduce drásticamente: si la Nación no flexibiliza el grifo financiero a universidad pública más antigua del país se encamina a decidir si profundiza el recorte en sus programas o si formaliza un ajuste estructural que ya empezó a mostrar sus primeras fisuras.
