Gabriela Yalangozian
La presentación de un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura de Córdoba bajo el impulso del legislador del Frente Cívico Walter Gispert llega en un momento particularmente sensible para la Justicia provincial. La iniciativa propone modificar los mecanismos de selección de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, en un contexto donde distintas actuaciones judiciales han quedado bajo observación pública.
Recientemente, los cuestionamientos surgidos en torno al caso Agostina Vega volvieron a colocar en el centro de la escena el desempeño de fiscales y organismos judiciales. Las críticas, los reclamos de familiares y los pedidos de jury que presentaron los legisladores de la oposición terminaron por reactivar una pregunta de fondo: quiénes seleccionan a quienes luego tendrán la responsabilidad de investigar delitos, impulsar causas complejas y tomar decisiones de alto impacto social.
La discusión también encuentra antecedentes recientes en otro episodio que marcó a la Justicia cordobesa: el jury que terminó con la destitución de los fiscales que intervinieron en la investigación del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto. No es un dato menor que Gispert haya integrado ese tribunal de enjuiciamiento.
A la luz de esta experiencia, el legislador juecista menciona el “Caso Dalmasso” entre los argumentos que impulsan un cambio en el funcionamiento del sistema judicial, los mecanismos de control y los criterios de selección y evaluación de magistrados y funcionarios.
A ello se suman los cuestionamientos que en los últimos días alcanzaron a los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, por el caso que despertó una fuerte repercusión pública: el femicidio de la adolescente Agostina Vega. En todos los casos, la discusión terminó desplazándose hacia un interrogante concreto: si los mecanismos actuales garantizan la idoneidad, independencia y transparencia necesarias para quienes acceden a cargos judiciales.
La reforma impulsada por el juecismo plantea una modificación integral de la Ley 8802, que regula el Consejo de la Magistratura de Córdoba. Según Gispert, el objetivo es reducir la discrecionalidad política que actualmente existe en el organismo. El proyecto propone incorporar representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos seleccionados mediante procedimientos públicos, ampliando así la representación social dentro del Consejo.
También elimina el doble voto de la presidencia, una facultad que para los impulsores de la reforma concentra excesivo poder de decisión y puede influir en la conformación de mayorías internas.
Los fundamentos del proyecto sostienen que la normativa vigente permite amplios márgenes de discrecionalidad, una excesiva influencia política y corporativa, falta de criterios objetivos de evaluación y escasas posibilidades de revisión de determinadas decisiones adoptadas durante los concursos.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la objetivación de los concursos. La propuesta establece un nuevo sistema de puntajes que prioriza la capacidad técnica de los postulantes. Además, incorpora mecanismos destinados a reforzar la transparencia, entre ellos el anonimato efectivo de los exámenes escritos, la doble corrección obligatoria y la intervención de un tercer evaluador.
Las entrevistas personales pasarían a ser públicas, transmitidas en vivo y registradas audiovisualmente. También se prevé la prohibición de preguntas vinculadas a posiciones ideológicas, partidarias o aspectos de la vida privada de los postulantes.
La iniciativa aparece en contraste con la decisión adoptada por el gobierno nacional de Javier Milei respecto del proceso de designación de jueces de la Corte Suprema. Mientras el proyecto de Gispert incorpora más controles, participación ciudadana y mecanismos de transparencia, la Casa Rosada analiza avanzar en una reforma que apunta a agilizar los nombramientos reduciendo etapas administrativas previas.
El decreto elaborado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, elimina la instancia de publicación de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas dentro del Poder Ejecutivo, argumentando que esos mecanismos ya se encuentran contemplados posteriormente en el Senado.
En términos políticos, ambos proyectos reflejan dos visiones distintas sobre cómo fortalecer la Justicia: una centrada en la eficiencia administrativa y otra enfocada en la transparencia y la participación ciudadana.
El proyecto de Gispert tomará estado parlamentario el próximo miércoles y deberá atravesar una discusión que promete generar posiciones encontradas dentro de la Legislatura.
En un contexto marcado por cuestionamientos públicos a fiscales y jueces, la reforma que propone el juecismo busca abrir una discusión de largo plazo sobre la calidad institucional. Y aunque todavía resta conocer cuál será la respuesta política del oficialismo, el debate sobre cómo se eligen y controlan quienes administran justicia ya lleva días instalado en la agenda pública cordobesa.
