Gabriela Yalangozian
En menos de diez días, los jubilados cordobeses que impulsaron la iniciativa popular por el 82% móvil recibieron dos señales institucionales que, desde su perspectiva, terminaron por blindar el reclamo administrativo contra la Ley de Equidad Jubilatoria.
Primero fue en la Legislatura, cuando con el voto del oficialismo se archivó el tratamiento del punto 3 surgido de la Iniciativa Popular y respaldada por 38.800 firmas por la recuperación del directorio en la Caja de Jubilatoria. Días después, el Tribunal Superior de Justicia evitó pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad presentado por los impulsores de esa iniciativa sobre la Ley de Equidad Jubilatoria y resolvió derivarlo a la Caja de Jubilaciones.
Para las organizaciones que desde hace meses cuestionan la reforma previsional aprobada en diciembre pasado y que derivó en una reforma jubilatoria que vienen rechazando, ambas decisiones terminaron cerrando la vía política y también la administrativa. La consecuencia inmediata fue un fuerte malestar entre los jubilados, que ahora analizan una nueva etapa del conflicto: concentrar la estrategia en los tribunales.
El cierre del frente legislativo
Hace una semana, la Legislatura volvió a tratar uno de los proyectos nacidos de la Iniciativa Popular. La propuesta, impulsada por la legisladora radical Brenda Austin junto a bloques opositores, buscaba poner fin a la intervención de la Caja de Jubilaciones y restituir el Directorio previsto por la Ley 5317, con representación de trabajadores activos, jubilados y el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el oficialismo rechazó habilitar el debate y archivó el expediente utilizando su mayoría parlamentaria.
Desde Hacemos Unidos por Córdoba, el legislador Marcos Torres sostuvo en el recinto que la Iniciativa Popular ya había sido considerada durante el tratamiento de la Ley de Equidad Jubilatoria. Los impulsores del reclamo responden exactamente lo contrario: aseguran que nunca se debatieron los proyectos presentados por la ciudadanía y que la ley finalmente sancionada avanzó en un sentido opuesto al que proponían las 38.800 firmas.
El TSJ tampoco abrió el debate
La segunda resolución llegó desde el Poder Judicial. Las referentes de la Iniciativa Popular habían presentado un petitorio para que el Tribunal Superior de Justicia tomara conocimiento del proceso legislativo y analizara la constitucionalidad de la Ley de Equidad Jubilatoria, además de unificar criterios frente a la gran cantidad de amparos impulsados por jubilados y trabajadores activos.
Sin embargo, un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica concluyó que la presentación constituía una petición administrativa y resolvió remitir las actuaciones a la Caja de Jubilaciones para su tratamiento, al considerar que ese organismo es el competente respecto de la aplicación concreta del régimen previsional. También señaló que el pedido de pronto despacho había sido presentado antes de que venciera el plazo legal para resolver.
La resolución fue interpretada por los jubilados como otro cierre institucional al reclamo.
Cambio de estrategia
El clima entre los impulsores de la Iniciativa Popular es de marcada frustración. Consideran que tanto la Legislatura como el máximo tribunal provincial evitaron ingresar al fondo de la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma previsional y la participación ciudadana.
María del Carmen Robbiatti, una de las principales referentes del movimiento, ya había cuestionado la decisión legislativa al afirmar que "nunca estuvimos de acuerdo con ese proyecto. La Iniciativa Popular era otra cosa".
También volvió a reclamar explicaciones sobre el destino de los fondos enviados recientemente por la Nación para atender la deuda previsional y sostuvo que continúa sin conocerse cómo fueron incorporados a la Caja de Jubilaciones.
Con el frente político prácticamente clausurado y sin respuestas favorables en la instancia administrativa, las organizaciones comenzaron a redefinir la estrategia.
La prioridad ahora pasa por fortalecer las acciones judiciales ya iniciadas contra la Ley de Equidad Jubilatoria y promover nuevos planteos que permitan obtener una definición de fondo sobre la constitucionalidad de la norma y los descuentos aplicados desde enero.
En el entorno de los jubilados admiten que los próximos pasos estarán centrados en la Justicia, donde esperan que finalmente pueda discutirse el contenido de una reforma previsional que consideran lesiva para los derechos de trabajadores activos y pasivos porque incrementó en gran parte los descuentos y no logró recomponer a una amplia mayoría su poder adquisitivo.
Mientras tanto, el conflicto previsional cordobés sigue abierto. Aunque el oficialismo logró cerrar el debate parlamentario y el planteo institucional no encontró recepción en el TSJ, el reclamo de los jubilados está lejos de concluir y promete trasladarse ahora, con mayor intensidad, al terreno judicial.
