Javier Boher
Cada persona vive su fe de la manera que quiere. Algunos comparten en comunidad y otros prefieren estar solos. Jay quienes pertenecen a cultos milenarios y otros abrazan creencias más actuales. Todos están amparados por la libertad de culto, reconocida en nuestra Constitución junto a tantos otros derechos y libertades.
Sin embargo, hay una religión que tiene un trato privilegiado porque es la misma Carta Magna la que así lo establece. “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, dice el artículo 2, justo después de haber establecido la forma de gobierno y antes de todos los derechos, deberes y garantías. Algunos discuten que se trata de que el Estado debería ser católico, mientras que otros aseguran que solo se trata de sostenimiento en sentido económico: paguemos para mantener un patrimonio cultural e histórico común, más allá de la fe en particular.
Pero todos sabemos que no se trata de una iglesia más. Haber tenido al CEO de una de las corporaciones más antiguas del mundo es una señal de que acá no somos una filial cualquiera de la periferia global.
El difunto Papa Francisco tenía una filiación política que se notaba claramente. Era el líder espiritual de millones de católicos en el mundo, pero también de varios miles de peronistas que hicieron la procesión a Luján el pasado fin de semana. A falta de líderes del partido, buenos son los que lo ordenan desde afuera.
Tal vez por eso, más que por dogma, las distintas organizaciones de la iglesia han expresado su disconformidad con el gobierno actual. En los últimos tres meses se han pronunciado en contra de los recortes en discapacidad, a favor de la justicia social (toda una elección terminológica que denota preferencias), por los recortes a los planes de integración sociourbana (plata para urbanizar villas) y el uso político de la visita del Papa León XIV. Como no podía ser de otra manera, ayer se pronunció por los efectos del fallo de la Corte Suprema que vuelve a habilitar los efectos del decreto 70/2023 en el tema de las tierras.
La Iglesia, como representante de una fracción de la sociedad, está en todo su derecho de plantear sus objeciones a la política del gobierno. Lo que no puede, posteriormente, es escudarse en la Fe para no recibir críticas. Si hablamos de política, nos metemos en el juego de la política. Pedir un trato especial es como pretender que te dejen jugar al fútbol con la mano pero que se las cobren a los rivales.
El planteo de la Iglesia hiede a aval a un espacio político particular que se está embanderando en ese reclamo. La historia de la Iglesia marca que no le queda bien, habida cuenta de la gran cantidad de propiedades que posee dicho culto y donde ondea la bandera de un Estado extranjero. Solamente en nuestra provincia, hace unos años se pudieron acreditar unas 1.700 propiedades que, además, están exentas del pago de impuestos y tasas (como pasa con otros cultos, no solo con el católico).
Al final, todo el cuadro es un poco contradictorio: se trata de las quejas de un puñado de señores que manda sobre esas propiedades privadas siguiendo las órdenes dictadas por un Papa nacido y criado en Estados Unidos, que envía sus indicaciones desde el Vaticano y que ellos aplican siguiendo la rigidez verticalista que caracteriza a la Iglesia, quejándose por el hecho de que haya extranjeros que puedan comprar tierras en Argentina. El Papa Francisco dijo que necesitaban volver a ser pastores con olor a oveja. Hoy hay olor a otra cosa.
