Felipe Osman
Aunque el oficialismo intenta recuperar la iniciativa con un ambicioso proyecto para codificar toda la normativa relativa a la Habilitación y Fiscalización de locales comerciales, remplazando a todas las ordenanzas hoy vigentes, la oposición no está dispuesta a ceder protagonismo en un asunto que representa un punto de dolor constante para el oficialismo de turno. Y bajo esta convicción, presentó ayer un proyecto para intervenir el 8vo piso.
Promovido por Javier Fabre, y acompañado por sus compañeros de bancada, por los concejales juecistas y por el voto PRO de Soher el Sukaria, el proyecto propone declarar la Emergencia Administrativa e Institucional del Área de Habilitación de Negocios por 180 días para garantizar la “transparencia, celeridad y control de legalidad de los trámites comerciales”; instar al Intendente a decretar la intervención de la oficina designando para su control a funcionarios ajenos a su estructura orgánica; y encomendar a esta intervención una auditoría “integral, exhaustiva y retrospectiva” de los expedientes de habilitación de los últimos diez años.
Y si bien la jugada tiene por objeto central mantener la tensión sobre el asunto, se hace necesario contextualizarla para interpretarla acabadamente.
Tras las denuncias y pedidos de informe por “Wachitas”, pub-bar del que era encargada Soledad Andreani, presunta encubridora de Claudio Barrelier, y en el que, según denuncias anónimas, se habría explotado sexualmente a menores, el Ente de Fiscalización y Control salió a aclarar que el local había sido clausurado. A la vez que denunció un boicot por parte de la Oficina de Habilitaciones -alias, el 8vo piso- por la resistencia de los inspectores que revistan en la subsecretaría de Fiscalización y Control a migrar al ente.
Esta endeble coartada del ENFyC desató una serie de respuestas de la oposición. Mientras el oficialismo anunció la creación de una “Unidad Ejecutora Mixta” para revisar las habilitaciones de bares y pubs, Elisa Caffaratti ingresó un proyecto para proponiendo auditoría externa del ente a cargo de la UNC; Javier Fabre propuso constituir una Comisión Investigadora de Procesos de Habilitación integrada en el seno del Concejo; y Graciela Villata presentó una iniciativa para derogar el ENFyC.
La bancada radical todavía no decidió si se subirá a la iniciativa juecista. Algunos alegan que será difícil apoyar la eliminación del ente después de haber prestado apoyo, a principios de 2024, para su creación. Mientras otros aseguran que aquel respaldo representó una oportunidad ofrecida al oficialismo para ordenar un asunto complejo y que, ante la incapacidad de este, votar la disolución del ENFyC no encerraría ninguna contradicción.
Para mantener sus chances abiertas, proponen entonces la intervención del 8vo piso. Saben que, si el ente se derogara -cosa que no sucederá, porque la oposición no llegará a dos tercios de los votos-, sus competencias volverían a Habilitaciones, y para no quedar atrapados en una contradicción entienden que los más razonable es propiciar que nuevas autoridades tomen el control de la oficina.
La única duda ahora es si esperarán que la iniciativa transite las comisiones o si pedirán su tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy.
Mientras todo esto sucede, el oficialismo permanece enfocado en su propio proyecto de codificación, que apenas empieza su recorrido en comisiones, y que todavía debe responder a varias preguntas. Entre ellas, si bajo este nuevo ordenamiento la Oficina de Habilitaciones seguirá existiendo o quedará definitivamente vaciada de competencias, o por qué la creación de un sistema cerrado mediante un Registro Municipal de Gestores y Profesionales Responsables aumentará la transparencia y no la opacidad del sistema.
