Felipe Osman
“Nosotros somos una familia de clase media, y siempre quise que seamos así”, cuentan que Jorge Messi decía a quienes iban a visitar su casa, incluso tiempo después de la consagración económica y deportiva de su hijo Lionel, probablemente el futbolista más exitoso del mundo.
Es que la clase media de nuestro país funciona como una identidad moral de esfuerzo, autonomía, educación, previsión y respeto por ciertas reglas que históricamente encarnaron el ideal de una Argentina urbana, moderna y con movilidad ascendente.
A lo largo de las últimas décadas del siglo pasado, el 80 por ciento de los argentinos llegó a percibirse como perteneciente a la clase media. Y aunque estudios recientes indican que esa autopercepción cambió sensiblemente en los últimos años, un informe de la Fundación Pensar junto a la consultora Casa Tres reveló que 29 millones de argentinos se consideran de clase media a pesar de que solo 20 millones de ellos reúnen las condiciones económicas reales para integrar ese segmento.
¿Cuál es hoy la representación política de esa Argentina?
Javier Milei llegó al poder, en 2023, merced a un pacto tácito con un sector importante de la clase media urbana, históricamente antiperonista, que buscaba estabilidad y crecimiento. Y habiendo más que promediado su mandato, consiguió apenas una relativa estabilidad, a costa de una importante retracción en las actividades económicas que comprometen a la clase media. Cuesta advertir las razones por las cuales esa clase media debería seguir respaldándolo.
A contramano de su relato, el oficialismo nacional aumentó los planes sociales. Y mientras los salarios y las jubilaciones caen frente a la inflación y el empleo formal disminuye, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar crecen en cantidad de beneficiarios y en poder de compra real, convirtiéndose en el principal amortiguador del ajuste libertario.
Los subsidios que caen son otros: a la energía y al transporte. Se licúan los salarios de los empleados públicos, un componente tradicional de los sectores medios urbanos, y se detraen fondos de las universidades públicas, instituciones que históricamente encarnaron la aspiración de movilidad ascendente de la clase media.
Sectores y actividades económicas que concentran a este segmento de la población, como el comercio minorista y de proximidad, la industria PyME y las manufacturas orientadas al mercado interno, la construcción privada, los prestadores de servicios independientes y monotributistas, entre muchas otras, han resultado deterioradas por el nuevo marco económico y atraviesan diferentes pérdidas de rentabilidad.
Ahora bien, ¿dónde se para Hacemos Unidos frente a este desaire?
El oficialismo provincial intenta, desde hace tiempo, una reformulación de la alianza. Incorporó a dirigentes del radicalismo y el PRO buscando una mixtura más amplia que, de cierto modo, disimulara la circunstancia de estar en control del PJ. Pero esto no le ha servido para estrechar su vínculo con la clase media. La figura de Juan Schiaretti, en su último mandato, había obrado esa alquimia combinando identidad productivista, orden fiscal, antikirchnerismo, obra pública, una estética gubernamental moderada y una pátina de institucionalidad. Pero ahora se hace necesario reconstruirla.
La dificultad de Llaryora no consiste únicamente en recuperar votantes, sino en rearmar ese sistema de significados sin ser Schiaretti y en un escenario nacional completamente diferente.
Esto es, al menos, lo que piensan algunos peronistas de cercanía con el gobernador.
“Hay que salir a disputar, con políticas públicas, con la construcción de un relato y con la proximidad con la gente, con la cobertura, el acompañamiento y la presencia que tiene el Gobierno de la Provincia, el apoyo de los sectores medios”, resume uno de ellos.
“Sabemos que (los sectores medios) son relativamente refractarios al voto peronista, pero creemos que la apuesta tiene que ser esa. Tenemos que apuntar a seducir por lo menos a una parte significativa de la clase media, y sabemos que lo podemos lograr si generamos una comparación de los beneficios que se obtienen de un lado y del otro”, completa otro.
En cualquier caso, la alternativa que plantean no es sencilla. El oficialismo se ha habituado, al menos a lo largo de los últimos diez años, a cimentar sus expectativas electorales preponderantemente en la ejecución de obra pública. Ese argumento central, rodeado de algunos otros secundarios, ha servido para ganar elecciones y reelecciones. Pero el contexto político ha cambiado.
El desafío que plantea La Libertad Avanza no es el mismo que en su momento planteó Juntos por el Cambio, y el escenario dista muchísimo del que imperó durante los gobiernos nacionales peronistas/kirchneristas.
La gestión llaryorista ya ha puesto a rodar algunas políticas públicas en las que atalonarse para disputar esa representación: créditos para vivienda, expansión territorial de la Universidad Provincial, los resultados educativos exhibidos por Córdoba, incentivos para comerciantes, emprendedores y profesionales independientes, y demás iniciativas que se sumarán conforme se acerque la elección.
Pero una suma de políticas públicas no constituirá, por sí sola, una identidad política. El desafío será traducirlas en un relato capaz de representar el esfuerzo, las frustraciones y las expectativas de movilidad ascendente de los sectores medios. Milei todavía conserva el predominio sobre ese universo simbólico, aunque cada vez le cueste más sostenerlo con resultados. La oportunidad del cordobesismo -creen los propios- estará allí: en ofrecerle un destino político a una clase media que empieza a sentirse defraudada, pero que todavía no tiene adónde ir.
