Franco Cervera
Mientras el Gobierno Nacional, a través del Congreso avanza con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada (ya tiene media sanción del Senado), por San Francisco, el Ejecutivo municipal busca concretar la expropiación de 105 inmuebles con el objetivo de evitar una catarata de desalojos para las familias que se vieron afectadas por la quiebra e incumplimiento de una inmobiliaria. Y de esta manera dar muestra de la importancia de intervención por parte del Estado, en situaciones donde el impacto social puede ser un verdadero calvario para cientos de personas.
Es por esto que, en la última sesión del Concejo Deliberante de San Francisco, se debatió el proyecto impulsado por el intendente Damián Bernarte, quien a través del Departamento Ejecutivo Municipal elevó un proyecto de ordenanza con el objetivo de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que integran la ex empresa Inmobiliaria Clar S.A., en el marco de su proceso de quiebra.
Según explicaron, la iniciativa busca evitar la subasta de 105 terrenos y viviendas ubicados en barrio San Cayetano, donde numerosas familias habitan inmuebles que adquirieron “de buena fe”, pero que no cuentan con la documentación necesaria para hacer valer sus derechos dentro del expediente judicial, por lo que podrían perder su única vivienda.
“La expropiación permitiría incorporar esos inmuebles al patrimonio municipal para luego transferirlos a quienes acrediten su titularidad, garantizando la regularización dominial y el derecho a una vivienda digna”, destacaron desde el Ejecutivo.
“La medida responde al interés público, se apoya en normas constitucionales y provinciales vinculadas al derecho a la vivienda y a la función social de la propiedad, y propende evitar la inminente subasta de los inmuebles debido al avanzado estado del proceso de quiebra, por lo que se considera necesaria una intervención urgente del Estado”, se agregó.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con los votos de los concejales del oficialismo como así también los ediles de Juntos por el Cambio.
El encargado de defender el proyecto en el recinto legislativo fue el concejal del oficialismo, Matías Beccaria, quien destacó que la iniciativa tiene por objeto dar respuesta a una situación que afecta desde hace muchos años a numerosas familias de la ciudad.
“Se trata de vecinos que adquirieron de buena fe sus terrenos a Inmobiliaria Clar S.A., pagaron su precio, recibieron la posesión y construyeron allí sus viviendas. Desde entonces, habitan esos inmuebles de manera pública, pacífica y prolongada, consolidando sus hogares y su arraigo en el barrio San Cayetano. Sin embargo, la inmobiliaria no completó oportunamente las escrituras. (algunos lograron hacerlo) pero hay más de 100 familias, que nunca tuvieron la oportunidad”, explicó el concejal.
Por esa razón –agregó- existe una diferencia evidente entre la realidad registral y la realidad social: esos inmuebles todavía figuran a nombre de la empresa, aunque desde hace décadas son ocupados, conservados y mejorados por las familias que los adquirieron.
Esto quiere decir que la quiebra de Inmobiliaria Clar convirtió esa irregularidad histórica en un peligro actual y concreto. “Al continuar formalmente dentro del patrimonio de la empresa, estos inmuebles podrían ser subastados para satisfacer a sus acreedores”. Y cuando hablamos de una posible subasta, no estamos hablando de terrenos vacíos ni de simples activos comerciales. Estamos hablando de viviendas familiares. Estamos hablando del riesgo de que un vecino pierda el terreno que pagó y la casa que construyó con años de trabajo y esfuerzo”, indicó y enfatizó que esa posibilidad exige una respuesta urgente del Estado municipal.
Beccaria reiteró que las familias cumplieron con lo que les correspondía: compraron, pagaron, tomaron posesión, construyeron y cuidaron sus viviendas. “No resulta justo que deban soportar ahora las consecuencias del incumplimiento de quien debía otorgarles la escritura”, dijo.
“Por eso, esta iniciativa no debe entenderse simplemente como la expropiación de un conjunto de parcelas. Es una decisión destinada a proteger hogares, reconocer el arraigo de nuestros vecinos y comenzar a terminar con décadas de incertidumbre”, cerró.
A la vez, indicó que esta ordenanza es el primer paso de la iniciativa, debido a que una vez que se pueda dar el proceso de expropiación, las titularidades de esos inmuebles serán transferidos a sus verdaderos propietarios, es decir, las familias que realmente pagaron por sus terrenos, previo a un proceso de constatación real.
