Gabriela Yalangozian
Martín Llaryora eligió una fórmula conocida, pero políticamente significativa, para definir su relación con Javier Milei: “Es una relación institucional”, aseguró ante la consulta de los medios presentes en el ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por el diario Clarín en el Malba de Buenos Aires.
El gobernador de Córdoba volvió así a ubicarse en ese espacio intermedio desde el que acompaña algunas políticas nacionales, pero marca límites cuando entiende que están en juego los intereses de la provincia. Y hubo un tema que volvió a marcar distancia con la gestión libertaria: la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
La definición adquiere especial relevancia luego de algunos gestos de acercamiento entre Nación y Córdoba, como el adelanto de $400 millones en concepto de coparticipación y la autorización al intendente Daniel Passerini para tomar un crédito por US$120 millones.
Llaryora recordó que continúa el juicio que la Provincia mantiene ante la Corte Suprema por la deuda previsional y sostuvo que existe un acuerdo en marcha, aunque todavía sin una resolución definitiva.
“Estamos esperanzados en que algún día ese juicio se resuelva”, planteó. Según explicó, la deuda “causa un gran perjuicio a todos los cordobeses” y obliga a la Provincia a adoptar medidas adicionales para cubrir el déficit previsional.
La frase tiene una lectura política que excede el reclamo administrativo. Córdoba acompaña herramientas impulsadas por la Nación, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero al mismo tiempo mantiene abiertos sus reclamos por recursos que considera propios.
La definición de Llaryora sobre Milei fue deliberadamente medida: “En las cosas que están bien, nosotros acompañamos y las cosas que perjudiquen a la provincia o que nos parezcan que no le sirven a Córdoba, las rechazamos”.
El posicionamiento expuesto en su disertación mostró la estrategia que el Gobernador viene utilizando desde el comienzo de la gestión libertaria: evitar quedar atrapado entre el oficialismo nacional y la oposición más dura.
Ese matiz quedó expuesto durante el panel que compartió con los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Raúl Jalil, de Catamarca; Marcelo Orrego, de San Juan; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros.
En otros paneles del encuentro también quedaron expuestas posiciones más críticas, como las de Miguel Ángel Pichetto y Flavia Royón, mientras que Patricia Bullrich y Cristian Ritondo defendieron el rumbo general de la administración libertaria.
En ese contexto, Llaryora buscó diferenciarse: acompañar determinadas políticas nacionales, pero sin resignar una agenda propia para la provincia.Y allí aparece una especulación inevitable: ¿Llaryora empieza a levantar la cabeza a nivel nacional?
“Hace muchísimos años que venimos teniendo un superávit”, sostuvo Llaryora. Pero inmediatamente marcó la diferencia que considera central: “Nuestro superávit se enfoca en generar más inversión, producción y talento”.
La definición funcionó como una crítica indirecta al modelo nacional. No cuestionó la necesidad de ordenar las cuentas públicas, pero sí discutió qué debe hacerse con ese ordenamiento.
Para Llaryora, el superávit tiene sentido si permite generar las condiciones para producir más. Allí aparece el modelo Córdoba que el gobernador intenta instalar como carta de presentación nacional: infraestructura, parques industriales, energía, rutas, seguridad jurídica, educación y estímulos a la inversión.
También volvió a cuestionar la presión impositiva y las retenciones, aunque remarcó que Córdoba decidió acompañar el RIGI porque entiende que Argentina necesita poner en marcha nuevos motores productivos.
El tramo más político de la exposición apareció cuando Llaryora advirtió sobre quiénes pueden quedar afuera del proceso de transformación económica.
El gobernador planteó que Argentina tiene potencial para desarrollar minería, litio, petróleo, gas, agroindustria y tecnología, pero advirtió que esos nuevos motores no necesariamente generan empleo directo con la velocidad que requiere una economía en transición.
Allí ubicó una de sus principales preocupaciones: la clase media, las industrias, las PyMEs y el comercio.
“Si no le das cobertura a la clase media que se está empobreciendo, a los que están perdiendo su trabajo y a las industrias que cierran, se generan graves problemas”, advirtió.
Para Llaryora, el desafío no pasa solamente por alcanzar el equilibrio fiscal, sino por lograr que el crecimiento se traduzca en trabajo y en una expectativa concreta para los sectores que todavía no perciben los beneficios del cambio.
El discurso dejó, en definitiva, una hoja de ruta política para la relación de Córdoba con Milei: acompañamiento en las políticas que la Provincia considera beneficiosas, pero autonomía para reclamar cuando entiende que los intereses cordobeses son afectados.
El RIGI y la promoción de inversiones forman parte de ese acompañamiento. La discusión por las retenciones y, especialmente, la deuda de la Caja de Jubilaciones marcan los límites.
La Caja, además, no es un reclamo menor para el Gobierno provincial. Las medidas adoptadas para contener el déficit previsional generaron fuertes tensiones con los gremios estatales y también con jubilados y pensionados, con un nutrido grupo de pasivos que mantienen su rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria.
Por eso, en un escenario nacional donde algunos gobernadores se acercan al Gobierno de Milei y otros profundizan sus críticas, Llaryora busca sostener una posición propia.
No se trata de romper con Milei, pero tampoco de alinearse sin condiciones. Se necesitan mutuamente. Por eso, el gobernador parece apostar a que Córdoba acompañe el cambio económico nacional cuando encuentre oportunidades para crecer, mientras conserva capacidad de negociación para defender sus recursos. Y en esa ecuación, la deuda con la Caja de Jubilaciones vuelve a ser el principal límite político.
Quizás, la escena del Malba permite una pregunta que empieza a aparecer cada vez con más fuerza: si el mapa político nacional comienza a ordenarse alrededor de gobernadores con capacidad de negociación, y si ese será el rumbo para mantener el equilibrio político en su proyección reelectoral para el 2027.
