Francisco Lopez Giorcelli
El diálogo está oficialmente quebrado. Lo que hasta hace unas semanas era una estrategia de desgaste por parte del Gobierno nacional, hoy es un choque de trenes a toda velocidad. El fracaso rotundo de la paritaria nacional universitaria terminó de detonar la escasa paciencia que quedaba entre la Casa Rosada y el frente sindical universitario, empujando a las universidades a un escenario de conflicto abierto, permanente y de final incierto.
El telón de fondo de esta ruptura no es solo la urgencia salarial, sino la asfixia estructural a futuro. Y la crisis tiene números concretos sobre la mesa. Días atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó en el Congreso Nacional su proyecto de Presupuesto 2027. Al cruzar los datos, la brecha entre lo que calculan los rectores para garantizar el funcionamiento mínimo del sistema y los números que maneja el oficialismo libertario expone una diferencia monumental (una tijera que ronda los 4 mil millones de pesos, de acuerdo a las proyecciones). En este escenario de desfinanciamiento planificado, el "no hay plata" de Javier Milei deja de ser un slogan de campaña para convertirse en un certificado de defunción operativa para las casas de altos estudios.
Frente a este escenario, la reacción en la Casa de Trejo fue inmediata y contundente. Por un lado, la conducción de ADIUC apretó el acelerador y activó un plan de lucha para visibilizar el malestar de las bases. Tras el abandono de tareas y la concentración del jueves de la semana pasada, el gremio docente concretó dos jornadas de paro total que paralizaron a la UNC: el viernes pasado y ayer martes. Las aulas vacías y los laboratorios cerrados volvieron a ser la postal ineludible en Ciudad Universitaria.
Pero la disputa fuerte no se agota en los paros de 24 horas. El frente gremial y las autoridades universitarias ya pusieron fecha para lo que promete ser una gran demostración de fuerza en las calles: una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo 15 de octubre. El objetivo es claro: reeditar el impacto político y la masividad transversal de las marchas anteriores, la única manifestación que hasta ahora logró hacer retroceder, aunque sea parcialmente, a la administración libertaria.
"Todavía no recibimos los fondos para el financiamiento de los hospitales", disparó este último lunes. La situación en el Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional es crítica: la universidad ya había solicitado en mayo una partida de $26.800 millones para garantizar su funcionamiento mínimo y la provisión de insumos esenciales. El pedido fue ratificado el 8 de agosto, pero sigue rebotando contra el muro del Ministerio de Economía. "La propuesta oficial de financiamiento para el año próximo es insuficiente", sentenció Boretto, marcando un endurecimiento en su perfil frente a la Nación.
En paralelo, el llaryorismo juega sus propias fichas en el tablero grande para capitalizar este conflicto. Tras tejer su propio "cordobesismo universitario", el oficialismo provincial logró una foto clave esta misma semana: Julia Oliva Cúneo formó parte activa del anuncio del presupuesto pactado en el CIN.La rectora de la UPC no sólo ocupó una silla junto a los rectores nacionales, sino que lo hizo en su flamante calidad de presidenta de la Red de Universidades Provinciales (RUP).
Esta participación expone una jugada a dos puntas: por un lado, el peronismo cordobés consolida a sus alfiles a nivel nacional sentándose en la mesa donde se negocian los fondos; por el otro, entiende que, en un escenario donde el Gobierno nacional elige la asfixia sistemática por sobre el acuerdo, el choque callejero de octubre no será solo una disputa por partidas, sino una pulseada de fondo por el modelo de país rumbo al inminente año electoral.
