Francisco Lopez Giorcelli
El conflicto universitario acaba de dar un salto cualitativo de enorme impacto político e institucional. La estrategia del Gobierno nacional de dilatar las negociaciones salariales, congelar partidas y administrar el desfinanciamiento mediante decisiones ejecutivas unilaterales chocó de frente contra un dictamen judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 le propinó un duro revés a la Casa Rosada al intimar formalmente al Poder Ejecutivo para que, en un plazo perentorio de cinco días, dé cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución firmada por el juez Martín Cormick se dio en el marco de la causa promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Tras evaluar las respuestas presentadas por el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, el magistrado verificó que el Estado Nacional mantiene un "incumplimiento total" de la medida cautelar que ya se encuentra firme.
El dato más punzante del fallo no es solo el ultimátum temporal, sino el apercibimiento legal: de no girar los recursos requeridos en los próximos cinco días, la Justicia comenzará a aplicar astreintes —sanciones económicas diarias y acumulativas— sobre el Ejecutivo por cada día de demora. La decisión cercena el margen de maniobra del Ministerio de Economía para sostener el congelamiento presupuestario por la vía del hecho.
Este fallo llega en un momento de ebullición absoluta dentro del mapa universitario nacional y, en particular, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El escenario terminó de tensionarse la semana pasada tras el fracaso de la mesa paritaria, donde la Secretaría de Educación ofreció un aumento del 3% para septiembre y 3% para octubre, propuesta rechazada de manera unánime por el frente sindical. Como respuesta, ADIUC concretó dos jornadas de paro total que paralizaron la Ciudad Universitaria el viernes pasado y ayer martes.
Mientras la vía judicial avanza, la tensión en los claustros no cede. En paralelo a las huelgas, ADIUC —en sintonía con la estrategia impulsada por CONADU a nivel nacional— se encuentra llevando a cabo una consulta docente a través de urnas para definir la continuidad y profundidad del plan de lucha. El clima interno anticipa un recrudecimiento del conflicto: Leticia Medina, titular del gremio local, dejó en claro en declaraciones públicas que existen altas probabilidades de sumar nuevas medidas de fuerza, impulsadas por el reclamo de base que expresan los docentes e investigadores de la UNC. Desde el espacio sindical advierten que la próxima Marcha Federal no es un hecho aislado, sino que la consideran parte de un camino sólidamente construido en reclamo y defensa del sistema educativo y de ciencia argentino.
A la crisis salarial se le suma la asfixia estructural a futuro. Al analizar el Presupuesto 2027, el Ejecutivo nacional asignó un 33% menos de los fondos que habían solicitado los rectores del CIN para garantizar el funcionamiento operativo básico del sistema. Para Córdoba, esto tiene un impacto directo sobre frentes críticos: a principios de esta semana, el rector Jhon Boretto alzó la voz para denunciar la falta de transferencia de los $26.800 millones solicitados para sostener el Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional. Con la orden del juez Cormick sobre la mesa, la omisión del Gobierno central deja de ser una disputa administrativa para convertirse en un abierto desacato a una orden judicial.
En el tablero de la política local, la jugada consagra el éxito de la vía judicial impulsada por el CIN. En esa mesa, el oficialismo cordobés movió sus fichas con precisión: la participación de la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, en representación de la Red de Universidades Provinciales (RUP) durante los últimos anuncios, mostró al llaryorismo alineado en la estrategia de acorralar a la administración libertaria tanto en el Congreso como en los tribunales.
El reloj empezó a correr de manera implacable para la Casa Rosada. Con la convocatoria a la nueva Marcha Federal Universitaria fijada para el 15 de octubre —que tendrá como epicentro estratégico el Palacio de Tribunales para exigir la aplicación de la ley—, el Gobierno nacional se encuentra contra las cuerdas: debe elegir entre acatar el fallo y habilitar los fondos, o afrontar multas diarias asumiendo el costo institucional de declararse en rebeldía ante la Justicia Federal.
