Francisco Lopez Giorcelli
El plan de lucha universitario entra en una fase de radicalización. Lejos de apaciguar los ánimos, el fracaso paritario y el ahogo presupuestario consolidaron una postura de confrontación directa en las bases docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). A través de una consulta impulsada a nivel nacional por CONADU, el gremio local ADIUC definió su mandato para el plenario de este viernes 25 de septiembre: la docencia cordobesa exigirá avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado.
Los números que arrojaron las urnas exponen el nivel de malestar en los claustros. Con casi mil votos emitidos, la opción de ir a una huelga por tiempo indeterminado se impuso de manera contundente con 427 adhesiones. La segunda alternativa más votada fue el paro de semana completa con 223 votos, mientras que las medidas de fuerza más moderadas, como los paros de 24 o 48 horas, quedaron totalmente marginadas de la discusión con apenas 59 votos cada una. A su vez, 354 docentes marcaron la necesidad de sostener estas acciones en unidad con el conjunto de los actores del Frente Sindical.
Desde la conducción gremial leyeron este resultado como una respuesta ineludible ante la falta de respuestas salariales y las constantes provocaciones del Gobierno nacional. Para ADIUC, frente a un Ejecutivo decidido a desfinanciar las universidades y el sistema científico, la profundización de las medidas de fuerza es el camino obligado para reconstruir la capacidad de movilización de cara a la nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 15 de octubre.
Este endurecimiento gremial no se da en el vacío, sino que empalma directamente con el revés judicial que acaba de sufrir la Casa Rosada. La decisión de las bases docentes coincide con la intimación del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, que le dio al Poder Ejecutivo un plazo perentorio de cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas diarias. El frente universitario consolida así un esquema de presión total que combina la vía judicial en los tribunales y la paralización en las aulas.
Sin embargo, la posibilidad concreta de un paro por tiempo indeterminado introduce nuevas variables de peso en el ecosistema político. En primer lugar, el rol del claustro estudiantil. Las agrupaciones, que hasta el momento han acompañado de manera orgánica los reclamos salariales, se enfrentarán a un escenario cualitativamente distinto. La incógnita central pasa por saber de qué manera articularán las conducciones estudiantiles su respaldo al reclamo docente frente al impacto directo que una huelga extendida tendría sobre el cursado, los turnos de exámenes y el calendario académico regular.
Pero el interrogante institucional no se agota en los estudiantes; escala directamente hacia el Pabellón Argentina. Frente a la inminencia de aulas vacías por tiempo indefinido, el oficialismo rectoral encabezado por Jhon Boretto y sus funcionarios también deberá abandonar el equilibrio cauteloso y tomar una posición explícita frente a una medida de fuerza que altera por completo la normalidad de la gestión.
En paralelo, en la política local resta observar si el "cordobesismo", que viene aprovechando cada resquicio del conflicto universitario para marcar diferencias y despegarse de la gestión de Javier Milei, terminará por avalar (por acción u omisión) esta radicalización del plan de lucha como una herramienta más en su propia disputa con la Casa Rosada, al mismo tiempo que ponen a la vista de todos la gestión de la UPC como contramodelo educativo a lo que hacen los libertarios.
