Gabriela Yalangozian
El conflicto por la reforma previsional vuelve a ganar temperatura en Córdoba. Esta vez, el que decidió subir el tono es el SUOEM, que puso directamente al gobernador Martín Llaryora en el centro de sus reclamos por la reducción de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones.
El sindicato municipal puso en palabras el malestar con el Gobernador por incumplir el fallo del TSJ y también compromisos asumidos ante los gremios para reducir del 8% al 6% los aportes personales a la Caja que realizan los estatales. El reclamo además conlleva el rechazo a la que llaman “confiscación salarial” y un cuestionamientos al trabajo en negro.
La ofensiva no es solamente discursiva. Según explicaron dirigentes del sindicato de empleados municipales, el frente gremial cordobés vienen analizando nuevas acciones y no descartan regresar a las calles si la situación no cambia. El Movimiento Obrero Unido Córdoba y los gremios aportantes a la Caja ya mantienen reuniones para definir cómo continuar el reclamo.
El dato político es que el SUOEM decidió ser el primero en volver a tensar la cuerda con el Gobierno provincial, aunque todavía queda un trimestre para que vuelva a sentarse formalmente en paritarias. El propio gremio aclaró que su discusión salarial tiene otro calendario al del SEP o la UEPC.
El fallo que cambió el escenario
El antecedente central es la resolución del Tribunal Superior de Justicia. El máximo tribunal provincial dispuso morigerar del 8% al 6% la alícuota adicional que se retiene sobre los salarios de los activos alcanzados por la Ley de Equidad Jubilatoria 11.087. La decisión se produjo en el marco de una medida cautelar y estuvo vinculada, entre otros elementos, al nuevo contexto generado por el convenio entre Córdoba y Anses para la transferencia de fondos al sistema previsional.
A comienzos de septiembre, los gremios estatales celebraron públicamente la reducción y la presentaron como un resultado de la presión sindical, política y judicial. Al mismo tiempo, dejaron en claro que consideraban que el 6% era apenas un avance y que el reclamo de fondo seguía siendo la derogación de la Ley 11.087.
La reducción también apareció incorporada en el acuerdo alcanzado por los empleados judiciales, que contempló el descenso del aporte extraordinario.
El problema que ahora plantean los sindicatos es la distancia entre ese compromiso y su efectiva aplicación para el conjunto de los trabajadores alcanzados.
Para el SUOEM, además, hay un elemento político adicional: sostienen que Llaryora había comprometido ante distintos gremios que la reducción se concretaría. De allí que el reclamo ya no sea solamente por el porcentaje descontado del salario, sino también por el cumplimiento de una palabra política.
Dos puntos que pesan en el bolsillo
La discusión puede parecer técnica, pero tiene una traducción directa sobre los salarios. Pasar del 8% al 6% implica recuperar dos puntos porcentuales del ingreso para quienes están alcanzados por ese aporte extraordinario.
En un escenario de inflación todavía elevada y salarios que continúan buscando recomponer poder adquisitivo, ese dinero en el bolsillo tienen un peso concreto. Y allí aparece una de las claves de la ofensiva sindical: la discusión previsional comienza a mezclarse inevitablemente con la discusión salarial, aun cuando formalmente sean negociaciones que corren por carriles diferentes.
Por eso tampoco es casual que el primer movimiento de protesta haya partido del SUOEM, en momentos en que se conoce que la relación entre el intendente Daniel Passerini y el gobernador Llaryora no pasa por su mejor momento en lo económico, lo que agrega una dimensión política al conflicto.
Jubilados: otro frente que vuelve a activarse
A la presión de los trabajadores activos se suma ahora el malestar de los jubilados. En las últimas horas comenzó a circular un duro video de impulsores de la iniciativa popular que había reclamado cambios en el sistema previsional y que terminó formando parte involuntariamente del proceso político que desembocó en la Ley de Equidad Jubilatoria.
En el video, una de las referentes cuestiona que los jubilados deban seguir soportando el costo del sistema y reclama explicaciones sobre el destino de los aportes realizados durante su vida laboral.
También cuestiona el cobro de intereses, reclama aumentos de haberes y exige la restitución del 82% móvil, la eliminación de los descuentos y el fin del diferimiento. En el tramo más político del mensaje, advierte que las decisiones sobre los jubilados pueden tener consecuencias electorales en 2027 y recuerda que las 38.800 personas firmaron la iniciativa popular se sienten defraudados por el sistema previsional actual.
El frente previsional, entonces, vuelve a ensancharse. Por un lado, los activos reclaman que se concrete la baja del aporte extraordinario. Por el otro, los jubilados mantienen cuestionamientos sobre los descuentos y la retracción de sus haberes frente a la inflación.
La advertencia del SUOEM marca, por ahora, el regreso de la presión sindical a la calle sobre un tema tan sensible como lo es el sistema previsional cordobés.
