Gabriela Yalangozian
La Defensoría del Pueblo de Córdoba volvió a quedar atravesada por una disputa política que ahora sumó un capítulo judicial. El legislador del Frente Cívico Walter Gispert presentó un amparo por mora ante la Cámara Contencioso Administrativa N.º 1 para reclamar información detallada sobre el personal del organismo. Pero el planteo excede la discusión administrativa: vuelve a poner sobre la mesa quiénes ocupan los espacios dentro de una institución que lleva más de dos años sin un defensor titular designado por la Legislatura.
El reclamo apunta a conocer la nómina completa de trabajadores, sus funciones, las áreas en las que se desempeñan, las fechas de ingreso, las modalidades de contratación y las remuneraciones que perciben. También exige que se informe cuántas personas integran cada categoría. En otras palabras, Gispert busca reconstruir el mapa de cargos y vínculos laborales de una estructura estatal cuyo funcionamiento, según sostiene, debe estar sujeto a las mismas obligaciones de transparencia que cualquier otra dependencia pública.
El legislador asegura que realizó pedidos por las vías institucionales durante los últimos meses, pero que no obtuvo la información específica que había solicitado. Según explicó, desde la Defensoría le indicaron que los datos podían consultarse en el Portal de Transparencia. Sin embargo, considera que ese material no responde a los puntos concretos de su requerimiento. Ante la falta de una contestación que considere completa, decidió acudir a la Justicia.
La presentación tiene, además, una lectura política. El planteo aparece después de la controversia que se generó meses atrás por la nómina de trabajadores de la Legislatura y las discusiones sobre el uso de recursos públicos. Gispert busca trasladar esa exigencia de información a otro ámbito del Estado provincial y sostiene que no hay motivos para que los nombres, las funciones y los salarios de quienes trabajan en un organismo público permanezcan fuera del conocimiento ciudadano.
Aunque cuenta con el respaldo de su bloque, el legislador aclaró que presentó el recurso a título personal, en su condición de ciudadano. Esa distinción no le quita dimensión política a la iniciativa: el Frente Cívico viene cuestionando distintos aspectos del funcionamiento institucional de la Provincia y el acceso a la información se convirtió en uno de los ejes de esa agenda.
Una silla vacante y una negociación pendiente
Para entender por qué el pedido adquiere otra dimensión hay que mirar el escenario en el que funciona la Defensoría. El mandato de Mario Decara concluyó el 2 de julio de 2024. Antes de dejar el organismo, el entonces funcionario designó a Carlos Galoppo como defensor adjunto, quien quedó a cargo de la institución para garantizar la continuidad administrativa.
Desde entonces, la titularidad no volvió a cubrirse mediante el procedimiento legislativo. La cuestión no es menor: la designación del defensor del Pueblo requiere el respaldo de dos tercios de los integrantes de la Legislatura. Ese requisito obliga a construir consensos entre los bloques y convierte la elección en una negociación política que difícilmente pueda resolverse con los votos de una sola fuerza.
Gispert ya había llevado esa discusión al recinto. En julio de 2024 presentó un proyecto para que se convocara a una sesión destinada a avanzar con la designación del titular. Su argumento era que la continuidad de un adjunto al frente del organismo no debía reemplazar indefinidamente el mecanismo institucional previsto para cubrir el cargo.
La discusión quedó abierta y, con ella, también los interrogantes sobre los acuerdos que permitirían resolver la sucesión. La Defensoría es un organismo con peso institucional: interviene en la defensa de derechos, recibe reclamos de ciudadanos y supervisa aspectos vinculados con la prestación de servicios públicos. Por eso, la definición de quién ocupa su conducción no es un asunto menor dentro del esquema de poder provincial.
En ese tablero, la relación entre el peronismo y el radicalismo aparece como una variable central. La mayoría especial necesaria para designar al defensor obliga a sentar a las distintas fuerzas a negociar, algo que a la luz de las profundas diferencias de los últimos meses, no parece una tarea fácil. No alcanza con que un espacio impulse un nombre: se requiere un entendimiento político que permita reunir los votos. La vacancia prolongada y los reiterados escándalos en las sesiones ordinarias, muestra a las claras por qué ese consenso no se concretó.
Los cargos, el presupuesto y el control
El pedido de Gispert también pone el foco en la estructura interna del organismo. El presupuesto provincial 2026 contempla 51 cargos para la Defensoría del Pueblo. Se trata de una previsión presupuestaria que, por sí sola, no permite conocer cuántas personas trabajan efectivamente allí, qué modalidades de contratación existen ni cómo se distribuyen las remuneraciones. Justamente, esos son algunos de los datos que el legislador pretende obtener a través de su presentación.
La diferencia entre los cargos presupuestados y la composición real de la planta es uno de los puntos que vuelve relevante el requerimiento. No se trata solamente de acceder a un listado de nombres, sino de conocer cómo está organizada la estructura, qué funciones cumple cada agente y qué recursos públicos se destinan a sostenerla.
El planteo se inscribe, además, en una línea de cuestionamientos que Gispert viene sosteniendo sobre los mecanismos de control del Estado. El legislador vinculó sus pedidos de información con sus objeciones a modificaciones en la normativa del Tribunal de Cuentas, al considerar que pueden debilitar las herramientas de fiscalización. En ese marco, la discusión sobre la Defensoría suma otro interrogante: qué información debe estar disponible para que la ciudadanía pueda conocer y controlar el funcionamiento de los organismos públicos.
Ahora será la Cámara Contencioso Administrativa N.º 1 la que deberá analizar el amparo por mora y resolver si corresponde ordenar a la Defensoría que brinde una respuesta a los requerimientos. Aunque, cabe aclararlo, la presentación no implica, por sí misma, que exista una irregularidad en la contratación de personal ni anticipa una decisión judicial sobre el fondo de la cuestión.
Sin embargo, el expediente vuelve a poner en escena una disputa que no se agota en la publicación de una nómina. La información sobre los trabajadores puede abrir una discusión sobre la dimensión de la estructura, mientras que la continuidad de una conducción sin titular designado mantiene pendiente una negociación política que atraviesa a oficialismo y oposición.
Así, la Defensoría queda nuevamente en el cruce de dos discusiones: la transparencia sobre el uso de recursos públicos y el reparto de responsabilidades en un organismo cuya conducción formal sigue sin resolverse. La Justicia deberá decidir sobre el reclamo de información; la Legislatura, en cambio, todavía tiene pendiente la definición política que permita cubrir la titularidad.
