Jujuy en la mira

La crisis en Jujuy se ha robado los días del fin de semana largo. Poco a poco la tensión fue creciendo, al punto de ocupar todas las coberturas de los distintos medios nacionales. Rápidamente todos decidieron salir a cavar trincheras para adoptar posturas extremas, negadoras de que del otro lado pueda haber algún atisbo de verdad.

Cuando los casos son tan extremos hay que tratar de separar la paja del trigo, buscando separar lo que son los hechos de las visiones de los que obtienen alguna ganancia tergiversando las cosas. Por supuesto que dicha tarea no es sencilla.

 
La reforma constitucional planteada por el gobernador Gerardo Morales reúne los requisitos formales para que se la considere legal y legítima. Se convocó adecuadamente a la elección, hubo constituyentes que se reunieron en una convención y definieron un texto, que se aprobó por una abrumadora mayoría de los miembros.

Aquí se objetó el secretismo y la velocidad con la que se trató la reforma, sin mayor participación de la comunidad y a un ritmo que señala que todo estaba acordado de antemano. Ese es otro reclamo de los que cuestionan la legitimidad de la reforma: el peronismo jujeño es una oposición casi oficialista, que no adhiere a la línea combativa del cristinismo duro, quizás porque les tocó sufrir en carne propia la tiranía paraestatal de Milagro Sala, que le marcaba la agenda al ex gobernador Fellner.

Pasada esa instancia de convención constituyente, el conflicto se desató por algunos artículos de los que se incluirían en la nueva constitución reformada. Particularmente por lo que refiere a la protesta social -con una prohibición de los cortes totales de ruta-, a la usurpación de propiedades -acelerando los tiempos para el desalojo- y respecto a los pueblos originarios.

A partir de allí todo empezó a escalar. Las protestas se fueron endureciendo, las posturas se fueron cerrando y se clausuró la posibilidad de llegar a un acuerdo que deje medianamente conformes a todos. Lo que se perdió fue el sentido común republicano que dice, en línea con la constitución nacional, que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.

La idea de que esto es lo que le espera a toda la Argentina a partir de diciembre de 2023 inundó los análisis. Unos y otros apuntaron en el mismo sentido, pero con argumentos distintos. Desde el lado del kirchnerismo y la izquierda, bajo el principio de que el modelo de ajuste que llegaría con Juntos por el Cambio solamente cierra con represión. Desde el lado de la oposición nacional, diciendo que el kirchnerismo sin el poder se vuelve incendiario, conspirativo.

Es difícil creer que pueda haber un ajuste más duro y más profundo que el actual, con los alimentos subiendo por encima del 40% en los primeros cinco meses del año. Por el otro lado, una situación de movilización permanente no es posible sin una causa que le llegue a la gente, pero tampoco si no hay dinero para pagar todo eso.

Lo que pasó en Jujuy es -más que la visión del pueblo movilizado- otro reflejo de los problemas de lectura política del kirchnerismo, que eligió abandonar a la provincia norteña en lugar de ayudar a imponer el orden. La sensación de desamparo que se vio en las declaraciones de la gente común es equiparable a lo que generó en los cordobeses el levantamiento policial de 2013, el certificado de defunción para el kirchnerismo.

En la elección de este año una de las ideas fuerza es la de orden. Las encuestas reflejan que la gente está cansada del descontrol, de que prime la voluntad del más fuerte por sobre el imperio de la ley. El caso de Jujuy -que probablemente no mueva el amperímetro de casi nadie por fuera de dicha provincia- deja en claro que ese es el camino que busca la mayoría: Morales le torció el brazo al kirchnerismo duro, le ganó la elección en 2019 y su delfín se impuso hace pocas semanas. Si ya sonaba como posible candidato a vicepresidente, con esto probablemente se haya ganado el lugar.

Así como Morales pasó a reforzar su imagen de orden, lo opuesto también es cierto: el kirchnerismo reforzó su imagen de caos, de desgobierno y de irresponsabilidad. Dejó en evidencia a todas las organizaciones que defienden el relato, esos intereses corporativos que dependen de que el poder ejecutivo nacional esté ocupado por Cristina o alguno de sus adherentes.

Eso es particularmente claro con el paro docente que convocaron para esta tarde, en solidaridad con los docentes jujeños. Nada dijeron de los casi dos meses sin clases que suman los santacruceños, cuna del kirchnerismo.

El error en el diagnóstico del kirchnerismo está en creer que la gente quiere ver lo mismo que ve desde hace dos décadas, en lugar del cambio sociopolítico que se está registrando. La gente no le tiene miedo a la represión, porque quiere orden. Las protestas la tienen cansada, porque quiere tranquilidad.

Esto, sin dudas, puede también ser un riesgo, como lo que se vio en algunos videos de lo que pasó en Jujuy, con policías en vehículos particulares o policías de civil tirando piedras. Hay que dejar de tenerle miedo al aparato del Estado, pero hay que ponerle los mismos límites que la gente pide para todas las otras fuerzas de la sociedad.

Jujuy queda demasiado lejos para la mayoría de los argentinos. Sin embargo, lo que se pudo ver ahí nos resultó muy cercano a todos. Hay que ver de qué manera la política retoma la madurez y la seriedad necesaria para reordenar la vida pública.