Ahora se acuerdan del Congreso

Por Javier Boher

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Ayer se armó cierto revuelo por algunas afirmaciones de la futura Canciller Diana Mondino, y otras tantas “aclaraciones” que aportaron algunos seguidores o dirigentes de La Libertad Avanza. La cuestión giró en torno a las elecciones de medio término, la conformación del Congreso y la posibilidad presidencial de saltear el veto legislativo.

El presidencialismo es una forma de gobierno particular, pensada para el contexto norteamericano y adaptada a las particularidades de distintos países (casi todos americanos o africanos). Busca emular parte de las atribuciones del Rey, pero con una serie de frenos y contrapesos encarnados en el Congreso y el Poder Judicial.

El sistema es bastante deficiente, pero si se lo combina con otras cuestiones puede dar ciertas condiciones de gobernabilidad y una importante estabilidad política. Estados Unidos ha sabido hacer andar su modelo, mientras que en otro lados, por los sucesivos parches, la cosa se ha ido complicando.

La elección directa de los senadores y el desdoblamiento electoral han generado que hoy haya gobernadores a los que no les responden los legisladores nacionales y un presidente que prácticamente no tiene control del territorio a través de políticos de su partido. Allí están cortadas todas las bases tradicionales de la gobernabilidad, en las que un presidente tiene representantes de su mismo partido a cargo de las entidades subnacionales y una nutrida masa de legisladores nacionales para avalar su agenda de políticas.

Sin embargo, todo eso está roto en la argentina actual, lo que despierta varios interrogantes sobre cómo puede hacer un residente inexperto para gobernar un país caótico y con múltiples niveles de gobierno.

La respuesta de algunos fue que, en el caso de que el Congreso no le apruebe sus proyectos, el presidente debería recurrir a los decretos. Tal argumento es una burrada por dos razones fundamentales. Primero, porque el Congreso tiene la misma legitimidad popular que el presidente: a unos y a otros los votaron en las urnas, por lo tanto ninguno de los poderes está por encima del otro. En segundo lugar, los decretos deben pasar por el Congreso para ser ratificados, por lo que todo vuelve al primer punto.

Esta situación ya se preveía desde las PASO, cuando varios anticiparon que lo importante de las elecciones generales iba a ser la conformación de las Cámaras, que es la garantía de gobernabilidad para cualquier presidente. Así, lo que el kirchnerismo fue perdiendo en gobiernos provinciales lo recuperó con bancas a senadores y diputados, donde hoy tendrá la primera minoría.

Ante esa situación algunos deslizaron que Milei trataría de eliminar las elecciones de medio término. Eso es otra burrada, de nuevo por dos razones. Primero, porque es una cuestión constitucional que no se puede reformar con una simple ley del Congreso. Segundo, porque la situación de Milei probablemente sería peor si no existiera la renovación parcial de las cámaras, que le permitiría alcanzar una eventual mayoría para su segunda mitad de mandato.

Lo que sí es razonable del planteo es que la existencia de elecciones de medio término hace demasiado extensos los períodos electorales en el país. El cronograma electoral establece que 60 días antes de las PASO se inscriben las alianzas. Diez días después se conocen los precandidatos. Este año arrancamos el 14 de junio con las elecciones nacionales y terminamos recién el 19 de noviembre, con el ballotage. Fueron 158 días.

Para las elecciones legislativas de 2021 la cosa empezó el 14 de julio y terminó el 14 de noviembre. Fueron 123 días dedicados a las cuestiones de campaña. Así, en el total sumaron 281 días sobre 1461 días de gobierno. De este modo, nos pasamos el 19,23% del tiempo de gobierno en campaña (o pendientes del tema) electoral. Es casi un año de mandato, demasiado tiempo para un país con tantas urgencias.

Quizás haya que rever la cuestión de las PASO, que son una herramienta importante para conocer las preferencias electorales, pero que pueden hacer que el tema se extienda demasiado y termine agotando a la gente. Un ciudadano de la capital cordobesa votó (contando los distintos niveles de gobierno) 10 veces en cuatro años. Es una barbaridad en términos económicos y en términos de desgaste ciudadano.

El sistema de renovación parcial del poder legislativo nunca fue un problema sino hasta ahora, que un presidente débil se da cuenta de que no todo pasa por ganar en su tramo de la boleta, sino que también hay que ganar en los otros. ¿Qué hubiese pasado si en 2021 no hubiese habido elecciones y el kirchnerismo no hubiese perdido la mayoría en el Senado? Seguramente algunas cuestiones vinculadas a la Justicia se hubiesen resuelto de otro modo, por eso está bien que se plebiscite la gestión en la mitad del recorrido.

Seguramente Milei contará con el apoyo de más legisladores que los que tiene, un poco por cortesía de que recién empieza y otro poco porque va a usar la billetera para comprar los votos. Si realmente las provincias están en un estado tan delicado, la negociación política se lubricará oportunamente con ciertos intercambios que le sirvan a unos y a otros, lo que no parece muy cercano a la imagen romántica de democracia pero sí es un retrato fiel de lo que es la política pura y dura.

A veces es difícil saber si los que opinan sobre estos temas lo hacen para desviar la atención o simplemente desde su ignorancia. En los dos caos deberíamos preocuparnos: en el primero, porque no sabemos en qué decisiones están pensando; en el segundo, porque no sabemos si piensan cuando toman decisiones. Hay que esperar para ver.