Hacemos Juntos por Córdoba

No es un error de tipeo ni un caso severo de desinformación. Se trata de lo que viene para la provincia en los próximos cuatro años, un escenario hasta ahora nunca visto en el que el futuro gobernador estará en minoría en la Legislatura y en el Tribunal de Cuentas, que propiciará una nueva dinámica política.

Desde hace tiempo Martín Llaryora sonaba como número puesto para ganar la gobernación, rivalizando contra un Luis Juez que a esta altura de su carrera solamente podía ostentar su paso por la intendencia de la capital -terminado quince años atrás- como su única titularidad en el ejecutivo.

 
En la previa se especulaba con que Rodrigo de Loredo podía tratar de ir por la gobernación, aprovechando el envión de 2021. Finalmente primó la cordura y una estrategia que se repetía en voz baja: dejar a Juez perder contra Llaryora era la forma de jubilarlo y despejar el camino de potenciales rivales.

Todo anduvo más o menos como se esperaba, salvo por un detalle: Juez no resultó apabullado y -aunque más cerca de ir a hacer trámites a la Anses que de sentarse en el Panal- se mantiene con vida en el tablero político.

La situación, por otro lado, puede ser un problema para de Loredo, que en poco menos de un mes deberá enfrentarse al representante de una gestión que ayer se llevó el favor de los vecinos de la Capital. Lo que hasta el sábado parecía que iba a ser apenas un paseo, hoy ya no asoma tan claro.

Independientemente de todo eso, ciertas cuestiones empiezan a perfilar lo que cabe esperar para el tiempo por venir.

En lo inmediato, la elección a intendente de la capital, donde se medirán dos dirigentes que estuvieron al margen -salvo para algunas palabras- en la elección del domingo. Si el candidato de Juntos por el Cambio lograra vencer al del oficialismo (es decir, si de Loredo le ganara a Passerini) Llaryora quedaría virtualmente rodeado en su nueva residencia política, cambiando la vista a La Cañada por el paisaje del Suquía.

Esta situación es novedosa en una provincia en la que las leyes siempre buscaron privilegiar la gobernabilidad a través de forzar mayorías automáticas, tal como rige como obligación para todos los municipios según la constitución cordobesa. No solo eso: a la Legislatura la conducirá su compañera de fórmula, que hasta hace dos meses se mantenía dentro de Juntos por el Cambio. La legisladora Delia Romero, en el número 20 de la lista del peronismo, es uno de los lugares que le cedieron a Javier Pretto por su paso del Pro a la fórmula de HUpC para la intendencia.

De esa manera, Llaryora deberá esforzarse por mimar a los propios si pretende gestionar un gobierno que no caiga víctima de la inmovilidad de la minoría. Esto es algo a lo que el peronismo no está acostumbrado. Siempre con mayorías claras en los distintos poderes y niveles, la política no es para ellos un acto de cooperación con quienes piensan distinto, sino un acto de rosca para repartirse el balance interno de poder. Cuánto es más fácil el verticalismo cuando hay suficiente premio como para que muerdan todos (tal el caso del post 2019).

A partir de ese dato es que empiezan las especulaciones sobre cómo será el gobierno provincial a partir de diciembre. Desde estas líneas podemos conjeturar con dos posibles escenarios con los que Llaryora busque superar de alguna manera su condición desventajosa. En primer lugar, podría aventurarse a construir su propia “transversalidad”, tratando de pescar intendentes, jefes comunales o legisladores que se vayan desencantando del trato que reciben desde su espacio. Menos peronismo y más necesidad: a la noche todos los gatos son pardos.

En este caso puede aportar el eterno internismo radical, que pueda largarse a repartirse cargos de lo que algunos ya ven como un inevitable triunfo de Juntos por el Cambio en 2027.

El segundo escenario sería uno más peligroso respecto a sus posibles consecuencias, con el actual intendente capitalino recostándose sobre el aparato sindical del peronismo, buscando fortalecer su posición desde el músculo y no desde lo institucional, un giro al ADN corporativista del peronismo.

Todo está muy fresco como para saber efectivamente qué va a pasar.

La situación desde aquí hasta diciembre es la de un peronismo que por casi seis meses tendrá una mayoría legislativa con la cual aprobar prácticamente cualquier proyecto de ley que se proponga. Será la posibilidad de construir herramientas y preparar el terreno para navegar los cuatro años que vienen por delante.

Llaryora será gobernador con el apoyo del 27% del total de los ciudadanos habilitados para votar. Nadie duda de la legitimidad de la elección, pero hacen falta otros mecanismos que le den más respaldo a las autoridades surgidas de las elecciones. Unas PASO o un ballotage pueden ser opciones para ello.

Otro elemento fundamental es el de la boleta única, un instrumento transparente pero mal aplicado. El voto en blanco en legislador por distrito único y tribunal de cuentas triplicó al de gobernador, que estuvo en 4,9%. En algunos departamentos el blanco en esas categorías pisaba el 20%, mientras que en algunas ciudades llegó a superar el 40%. En mi mesa, el legislador departamental de Colón tuvo 48,7% de voto en blanco.

Allí hay un desafío para la próxima legislatura, que deberá tratar de reformar el sistema electoral para simplificar las cosas, quizás dividiendo la boleta única por tramos, tal como ocurre en la provincia de Santa Fe. Eso, claramente, se deberá sumar a los cambios que debe hacer la Justicia Electoral para el escrutinio provisorio: la clave en todos los sistemas es que el que pierde se convenza de que fue derrotado en buena ley, lo que solamente se consigue con sistemas auditables, accesibles y transparentes, que conjuguen de la mejor manera efectividad con velocidad. No son pocos los desafíos que asoman por delante para esa nueva y extraña convivencia democrática pluripartidaria que emergió de la voluntad de las urnas, dejando en claro que en el horizonte solamente hay lugar para los que se junten para hacer nuevas políticas para Córdoba.