La Municipalidad crearía una Agencia de Fiscalización y Control

Por Felipe Osman

No es un asunto nuevo. En realidad, antes de que promediara la gestión llaryorista, el peronismo ya tenía en carpeta un proyecto para apartar del organigrama municipal la problemática labor de fiscalización y control. Las Habilitaciones Online fueron un primer paso para transparentar la concesión de permisos, no más. 

Las tareas de fiscalización y control siempre han dejado resquicios en los que proliferan negocios individuales, como la creación de consultoras dedicas a “facilitar” la obtención de habilitaciones. Y las facultades en cabeza de inspectores municipales, mal aplicadas, pueden distorsionar los propósitos con los que fueron conferidas. 

La reciente detención e imputación por extorsión del inspector municipal Héctor Jayo, que cuenta con un patrimonio a todas luces incongruente con sus ingresos (hasta ahora, 12 inmuebles y un Mercedes Benz descapotable), podría ser apenas la primera ficha en caer, desatando una reacción en cadena, sin que se advierta hasta donde puedan llegar las responsabilidades. Allegados a la causa aseguran que se esperan “ocho o nueve” nuevas detenciones.

La Agencia

Según el anteproyecto que fija los primeros trazos, la Agencia Municipal de Fiscalización y Control sería un organismo dotado de “autarquía administrativa y financiera” (art. 1), teniendo por objeto “la autorización, habilitación, fiscalización y control del funcionamiento de establecimientos y módulos que desarrollan actividades económicas, con o sin fines de lucro” (art. 2). Podrá “Habilitar, autorizar y fiscalizar el funcionamiento de los establecimientos. (…) Controlar y fiscalizar las condiciones de seguridad e higiene. (…) Habilitar, autorizar y fiscalizar el funcionamiento de eventos de concurrencia masiva (…) ferias francas, mercados municipales y espectáculos públicos” (art. 3), entre muchas otras.

Entre sus potestades, podrá “Suscribir convenios, contratos, acuerdos y/o compromisos, con personas humanas y jurídicas, entes y organismos públicos o privados (…).Adquirir y contratar toda clase de bienes y servicios necesarios para el efectivo cumplimiento de su objeto y funciones, con plena capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como en el derecho privado (…).Gestionar, solicitar y adquirir todo tipo de permisos, autorizaciones, licencias, exenciones (…).Contratar, evaluar, reubicar, capacitar y ordenar el capital humano a cargo, tomando las acciones y medidas que resulten necesarias para una mayor eficiencia. (…) Investir funciones de inspección a sus dependientes, conforme las facultades del control del Poder de Policía delegadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. (…) Solicitar el auxilio de la fuerza pública” (art 4).

Su directorio estaría integrado por “tres (3) miembros, de los cuales uno (1) es presidente y dos (2) son directores ejecutivos, cuyas remuneraciones equivalen a las de los cargos de Secretario y Subsecretarios del Departamento Ejecutivo Municipal respectivamente (…) y será removidos por el Departamento Ejecutivo Municipal…” (art. 5).

Además, la agencia estará sometida a “La auditoría contable interna del Departamento Ejecutivo Municipal (…). Al control de legalidad y gestión ejercida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Al control del Tribunal de Cuentas (…) y al control del Concejo Deliberante conforme a sus atribuciones” (art 8). 

También contará con un Consejo Consultivo “conformado por once (11) miembros designados por el Departamento Ejecutivo Municipal: seis (6) por la Municipalidad de Córdoba, las universidades y el Sector Público, y cinco (5) por el sector privado y consejos profesionales” (art. 10).

La Sesión

Al cierre de esta edición, el orden del día de la sesión extraordinaria fijada para el próximo jueves no estaba cerrado, con lo el proyecto de creación de la Agencia Municipal de Control y Fiscalización podría quedar para más adelante. 

En tanto, sí se sabe que la Comisión de Poderes tiene pendiente una definición respecto de la incorporación de Jesica Rovetto Yapur (PRO) al cuerpo, y las autoridades del Concejo confirmaron a Alfil que la documentación y antecedentes solicitados para estudiar a fondo el caso de la edil ya fueron girados, con lo cual una resolución parece inminente.

Además, la partida de Marcelo Rodio a la secretaría de Transporte de la Provincia abrió lugar a que Ricardo Moreno, abogado penalista y dirigente sindical y territorial, se sume al cuerpo.

En el orden del día no faltará la aprobación de la nueva orgánica, con el recorte secretarías. 

Además, el Concejo tiene en el tintero un proyecto presentado por el edil Diego Casado (PJ), que propone la incorporación de cámaras de circuito cerrado en los establecimientos educativos públicos y privados con el objeto de resguardar la integridad de los estudiantes. Y también modificaciones al Código Electoral propuestas por el concejal Juan Balastegui (UCR), que busca introducir mecanismos para alentar la participación electoral y sancionar la no concurrencia a las urnas.