El ómnibus trae cambios electorales

Finalmente se conoció el texto de la ley ómnibus que impulsa el presidente Milei. La misma abarca una gran cantidad de temas, lo que anticipa que será de muy difícil aprobación: hay muchos intereses en juego y poca ganancia para quienes deben tratar el texto en las cámaras.

La situación para un presidente con una fuerte minoría parlamentaria no es nada fácil. Sin los números necesarios para aprobar la reforma, amenazó con convocar a un plebiscito para darle legitimidad a la propuesta. La jugada es más riesgosa de lo que cree: si gana, apenas si sirve para ponerle presión al Congreso; si pierde, pone en duda su legitimidad y su capacidad para hacer viables las reformas, precipitando las discusiones internas y la unión opositora.

Pese a todas esas observaciones, el hecho de demostrar iniciativa política es un cambio rotundo respecto a la experiencia reciente, donde los criados de la Quinta de Olivos deben haber andado tomándole el pulso a Alberto para ver si todavía estaba vivo. 

Ciertamente hay varias cuestiones para abordar, como aquellas referidas al ejercicio de libertades civiles y políticas básicas, entre ellas el derecho de reunión. No se puede decir liberal alguien que solamente defiende la libertad económica, la que pierde la sustancia si se le sacan las libertades sociales y políticas que empoderan al individuo frente a quienes ejercen el poder del Estado.

Más allá de esas cuestiones, por puro interés politológico (y por una cuestión de preferencias personales) voy a volver sobre un tema fundamental, el del sistema electoral, que define de qué manera las preferencias del electorado son traducidas a la conformación de un gobierno, una oposición y una relación entre ambas.

Hay dos grandes reformas propuestas. En primer lugar, la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En segundo lugar, la adopción de las circunscripciones uninominales para la elección de los diputados.

Sobre las PASO, el instrumento ha sido fuertemente cuestionado desde muchos sectores y por muchos motivos diferentes. Los más básicos lo hacen desde una cuestión económica, con el argumento de que es un gasto demasiado grande. Aunque hay que revisar por dónde se va la plata, ponerle precio a la democracia no parece del todo correcto. En todo caso habría que ver de qué manera hacerlo más eficientemente.

Las críticas más acertadas apuntan principalmente al largo tiempo que hay entre las primarias, las generales y el cambio de gobierno. Si el presidente en funciones es derrotado en las PASO (como Macri en 2019) o no es candidato (como Alberto en 2023), la probabilidad de inestabilidad aumenta. Esto es cierto a medias, ya que buena parte de los problemas también tiene que ver con la frágil economía argentina. Bélgica estuvo 310 días sin formar gobierno, pero el país no se sumió en la anarquía por ello.

Tal vez el sistema se podría combinar con la segunda parte de la reforma, el de las circunscripciones uninominales. Este sistema está dentro del grupo de los sistemas mayoritarios, donde existe un único ganador que se lleva todo, dejando a las minorías sin representación (lo que los diferencia de los sistemas proporcionales). El caso más cercano de voto por distritos uninominales es el de los legisladores departamentales cordobeses.

Este tipo de sistemas suele favorecer la creación de mayorías parlamentarias, que en muchos lugares se traduce en un bipartidismo marcado. Esto puede no ocurrir donde existen minorías muy concentradas, como en el caso del voto nacionalista escocés dentro del Reino Unido.

Tal vez se podría haber adoptado algo similar al modelo francés, donde hay circunscripciones uninominales y segunda vuelta electoral. Así, aquellos que en primera vuelta hubiesen recibido más de la mitad de los votos (y más del 25% de los electores registrados, porque el voto no es obligatorio) resultan ganadores. De no ocurrir, pasan a segunda vuelta aquellos candidatos que superaron el 12,5% de los votos, favoreciendo el voto estratégico. 

La reforma implica también recalcular la cantidad de diputados por provincia, un viejo reclamo de los que seguimos sin entender cómo nadie ha tratado de cambiar esa injusticia heredada del decreto-ley de Bignone que establece un piso de cinco diputados. De este modo se elegiría un diputado cada 180.000 habitantes o fracción mayor a 90.000, que le significaría a Córdoba ganar tres representantes. El caso más importante sería el de la provincia de Buenos Aires, que ganaría 27 legisladores. La patagonia perdería, en conjunto, 14 diputados, reduciendo su peso en la cámara a poco más de la mitad, ya que hoy eligen 30. La situación se repite en el NOA (de 40 a 36), el NEA (de 26 a 23) y Cuyo (de 21 a 19). No sirve llorar por esas bancas perdidas, pues para eso está el Senado, pero es lo que más va a dificultar que prospere el conjunto de la ley: ¿cuál sería el incentivo que haría que los cinco diputados fueguinos acepten que su provincia pase a tener una sola banca?.

De aprobarse ese cambio, la ciudad de Córdoba elegiría al menos ocho diputados, lo que dependería de cómo se dibujen los distritos. La forma en la que se deciden las circunscripciones es un punto polémico de la ley, ya que quedaría a decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Quizás hoy los libertarios se sienten con ganas de hacer bien las cosas, pero las leyes se deben hacer para poner límites a los que vienen con ganas de hacerlas mal. 

Las listas en las que se esconden nombres de hijos, amantes o amigos no ayudan a defender el sistema proporcional, a la vez que el peso de las regiones puede ser dispar según los nombres elegidos. Ningún sistema es perfecto y todos pueden ser diseñados para favorecer determinados intereses. La discusión debe ser abierta, honesta y fundada si se pretende que sea duradera.