Siguen las repercusiones por la abstención del legislador radical en la votación del ajuste a los estatales.
Provincial04 de enero de 2024
Alejandro Moreno
Por Alejandro Moreno
La abstención de Dante Rossi en la última sesión del 2023, a la hora de votarse el ajuste salarial de los estatales, ya le ha dado varios dolores de cabeza al legislador radical, pero los problemas no han terminado para él.
La Organización de Trabajadores Radicales (OTR) preparaba al cierre de esta edición las notas para enviar al titular del Tribunal de Conducta, Simón Palacios, y al presidente del Comité Central de la Provincia, Marcos Carasso, en las que pedirán una investigación sobre la actuación de Rossi y, si correspondiere, que sea sancionado.
Así lo confirmó ayer a Alfil la secretaria general de la OTR, Sonia Pereyra, al ratificar el contenido del comunicado que esa organización diera a conocer en relación a lo ocurrido en la sesión del miércoles 27.
En ese comunicado firmado por Pereyra y también por el secretario adjunto, Mario Stubichar, y la secretaria gremial, Lidia Oviedo, la OTR anticipó que solicitaría a las autoridades del Comité Central que “someta al tribunal de disciplina el análisis de la conducta del legislador Rossi, que a nuestro entender es servil al gobierno provincial”.
“Desaprobamos el proceder desleal del legislador Dante Rossi”, enfatizaron. El texto de la OTR es muy crítico: “La abstención del legislador no es una actitud de un representante de la UCR que fue elegido por el trabajo de militantes para defender al pueblo de Córdoba; no es digno de nuestro representante que jueguen con el futuro de los ciudadanos cordobeses ante la terrible situación social y política por la que está atravesando nuestra provincia, y el contexto de ajuste en contra de los trabajadores por parte del gobierno nacional”.
Además, la OTR cuestionó que el peronismo mostró en la campaña electoral del 25 de junio una “careta ideal”, que ahora la realidad estaría desmintiendo. “Tiene la deuda más grande de su historia, con un 95 % de ella en moneda extranjera. El gobernador saliente Schiaretti hace unas semanas decía que dejaba la Provincia con un superávit de mil doscientos millones de dólares, y unos días después el nuevo gobernador Llaryora ajusta a trabajadores y jubilados mostrándose como un excelente alumno del nuevo gobierno nacional, acompañado por toda la bancada del PJ y por algunos pocos legisladores que se hicieron elegir como opositores y hoy por inexplicables razones son funcionales al oficialismo”, agregaron.
Este no es el primer cruce entre la OTR y Rossi, porque ya la organización gremial de los radicales le había cuestionado un proyecto para limitar las protestas callejeras.
Rossi
Mientras tanto, Rossi –que lidera el bloque Construyendo Córdoba, escindido de la UCR pero miembro del interbloque Juntos por el Cambio- dio a conocer un proyecto de ley para “mitigar los efectos de la crisis hasta el 31 de diciembre de 2024”. “El Gobierno de la Provincia debe tender la mano intentando que los cordobeses sufran lo menos posible la situación”, dijo el radical.
El plan de Rossi consiste en la “suspensión del diferimiento en el cálculo del haber jubilatorio”, la “renovación de todos los contratos, monotributos y becas que vencieron el 31 de diciembre de 2023”, la “prohibición de disminución salarial para los docentes que por alguna enfermedad laboral ingresan en situación de pasividad (ley 6561)”, y “establecer que los fondos que ingresen de los reclamos a la Anses por la falta de actualización de los importes enviados para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones sean utilizados para aumentar las jubilaciones y pensiones, permitiendo superar el cálculo que establece la ley 10.694 (aproximadamente el 63 % del activo)”.
“Todas estas medidas –concluyó- buscan cuidad y proteger el ingreso de los trabajadores y jubilados en un momento de gravedad económica”.
El legislador provincial de Juntos por el Cambio reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba al respaldar un proyecto que permitiría elevar hasta 4% las alícuotas de aportes personales, en medio del rechazo de gremios estatales que advierten impacto salarial y vulneración de derechos previsionales.
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