Reforma laboral: entidades empresarias de Córdoba piden a la Justicia su vigencia

Las entidades empresarias más importantes de Córdoba reunidas en el G-6 y la Bolsa de Cereales reclaman ante la Justicia que la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei siga vigente. Presentaron ante la Cámara Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Ciudad de Buenos Aires un recurso extraordinario en la causa que suspendió la vigencia del Título IV de Reforma Laboral del DNU 70/23.

Los empresarios requirieron su incorporación al proceso judicial como terceros interesados y pidieron a la Corte Suprema de Justicia que revoque la decisión de la Cámara Laboral, dejando sin efecto la medida cautelar ordenada.

La decisión de los empresarios es una reacción a que la Cámara de Apelaciones del Trabajo, el 3 de enero, suspendió la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023 por una medida cautelar dispuesta en una causa promovida por la Confederación Federal del Trabajo (CGT). La decisión la tomaron los camaristas Andrea García Vior y Alejandro Sudera, con la disidencia de la tercera integrante del tribunal, María Dora Gonzálee

Un día después la misma Cámara dictó una nueva medida cautelar, esta vez promovida por la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos (CTA), y volvió a declarar la suspensión del Título IV, Trabajo, del DNU 70/2023. El fallo lo firmaron Alejandro Sudera y Andrea García Vior. La resolución dice que es necesario intervenir sin esperar a la solución de fondo del caso porque existe un “grave riesgo de conflicto social” que podría derivar en “hechos de violencia inusitada”.

El recurso extraordinario fue presentado por la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Federación Comercial y la Unión Industrial de Córdoba, con el apoyo de la delegación de la Cámara Argentina de la Construcción.

Las entidades indican que los argumentos de la Cámara son “endebles e impropios para una decisión que define sobre semejante medida cautelar”. La sentencia, dicen, “partió de un axioma que generó una clara cuestión federal: el PEN no logró demostrar las razones de urgencia que lo llevaron a dictar la reforma laboral por vía de DNU. Se inmiscuye impropiamente en la valoración de circunstancias que son ajenas al control del Poder Judicial. Lo hizo incluso y a pesar de que el DNU está siendo considerado por el Congreso de la Nación, órgano constitucionalmente competente para su ratificación”.

Entre otros fundamentos, las entidades empresarias expresaron que “deben ser escuchadas tanto como las gremiales” antes de tomar decisiones sobre la vigencia y validez de las normas laborales contenidas en el DNU.

“La razón es sencilla y contundente: las reformas impulsadas en material laboral potenciarán la creación de nuevas empresas, promoverán la exportación de productos argentinos, atraerán inversiones y multiplicarán exponencialmente las fuentes de trabajo”, sostuvieron.

Añaden en el texto ingresado a la Justicia que la reforma también “aportará beneficios significativos para los empleados ya que incrementa la formalización de las relaciones laborales y ataca las cargas, costos e ineficiencias de las antiguas normas laborales que han provocado una merma sustancial en las contrataciones de nuevos empleados, cuyo resultado es que la tasa de asalariados sobre la población activa sea la más baja de nuestra historia”.

Los empresarios cordobeses añaden: “Desde nuestra provincia, emblema de la región más productiva del país, queremos evitar que se imponga un freno a un cambio positivo y necesario para el desarrollo de la Argentina”.

A fines de diciembre, la Bolsa de Comercio cordobesa consideró que la Argentina está ante una posibilidad histórica de “revertir esta profunda decadencia económica que tiene aparejada una gravísima situación de vulnerabilidad social, donde el 45% de nuestros compatriotas son pobres”. Sostuvo que el sector productivo estuvo “fuertemente asfixiado y condicionado por políticas de fuerte sesgo intervencionista del Estado en el gobierno kirchnerista”. “Ello ha significado subestimar la poderosa determinación que tienen las leyes de la economía: el funcionamiento libre y espontáneo de los mercados”, recordó.

Para la entidad, el DNU de Milei  “comienza a corregir las enormes distorsiones introducidas hace años por estas políticas populistas. Ha propuesto una gran cantidad de desregulaciones que permitirán que el mercado restablezca los desequilibrios que hoy lo atrofian. La dirección de estas medidas basadas en la libertad son correctas”.