Recuperar el sentido común en la aplicación de la ley

Por Javier Boher

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Hay noticias que nos ponen a pensar sobre cómo se organiza legalmente la sociedad. Yo no soy abogado, ni pretendo serlo, pero alguna vez leí por ahí que una sociedad solamente puede ser libre si las personas conocen las leyes. Por supuesto que no se puede alegar ignorancia para evadir las normas, pero no se puede pretender que se cumplan si se alejan de los usos y costumbres de la sociedad.

La idea de que la ley moldea las interacciones entre las personas es real, pero hasta un determinado punto. No se pueden cambiar modos y hábitos incorporados en el sentido común de la gente a partir de la letra de la ley, sino que la ley tiene que contemplar los valores y creencias de la sociedad sobre la que se debe aplicar.

Hace unos días tuvimos una discusión respecto a la edad de imputabilidad. Mi interlocutora es abogada y trabaja en Tribunales. Su planteo iba en línea con el garantismo mal entendido del kirchnerismo: pobres chiquitos indefensos hasta los 18 años. No importa que exista una zona gris entre los 16 y los 18 donde depende del delito si se lo imputa o no. La línea dura de la mano blanda dice que hasta los 18 se tienen que ir a la casa.

La cosa incluso es peor: “que el Estado se haga cargo de resocializarlo”, en un país donde ni siquiera las escuelas funcionan medianamente bien. Pensamiento mágico del burócrata que está lejos del barro y con la cara en los libros.

La discusión fue escalando a partir del caso de ciertos famosos acusados de acoso o abuso. De nuevo, el gris del consentimiento entre los 16 y los 18. Hubo un alegato sobre la asimetría en la relación de fuerzas, sobre la desigualdad entre las partes y sobre la posibilidad de que haya algún tipo de transacción monetaria o en especie para entablar una relación o programar un encuentro. A los ojos de la abogada, todo eso era pésimamente malo.

La cosa pegó un giro brusco cuando pasamos al tema de la ley de Identidad de Género. Personalmente no me considero una persona conservadora, sino que me rijo por una máxima clara: que cada uno haga su vida de la manera que quiera sin molestar a los demás. Si las personas quieren hacer una intervención de cambio de sexo, allá ellos, pero discutamos otra vez la edad.

Al plantearse el tema, la abogada argumentó que es una cuestión de identidad, espiritual, que la gente no se siente bien si no es quien quiere ser y demás. El tema es que entre los 13 y los 15 se pueden cambiar el nombre en el DNI o hacer una transición en vestimenta o prácticas sin consentimiento de los padres. Desde los 16, cirugías invasivas o terapias de hormonas en las mismas condiciones.

Entonces la norma no es tan clara: a los 16 un adolescente puede cambiar de sexo pero no podría decidir sobre tener relaciones sexuales con un adulto (desde la óptica de la abogada, ya que la ley sí lo permite). Podría votar pero no ir preso por un homicidio (aunque haya formas de recluirlo que tampoco llegan a nada).

La discusión es espinosa y hay que ser cuidadosos sobre los riesgos de adoptar posturas punitivistas sin resolver cuestiones que van desde la generación de oportunidades hasta las cuestiones de infraestructura con las que se debería tratar de lidiar con el problema.

Toda esta reflexión se originó a partir del caso del juez de San Isidro que mató a un delincuente e hirió a otro al ser abordado en un robo piraña cuando salía de un polígono de tiro junto a su custodio. El muerto era mayor de edad, el herido es menor. El juez y el custodio tienen permiso para portar armas y fueron asaltados por estas personas que les abrieron el auto para robarles, mientras blandían armas de fuego.

La discusión vuelve al mismo lugar: ¿cómo puede ser que no pueda recibir una condena un chico de 16 años que decide empuñar un revólver, abrir la puerta de un auto y estar dispuesto a agarrarse a tiros con alguien?¿de qué manera sería una pobre alma cándida a la que se debe proteger con la ley, cuando su voluntad es transgredirla sin mayores conflictos de conciencia?.

Las normas son la materialización de pautas de convivencia socialmente aceptadas, que han sido tergiversadas desde los claustros universitarios, las tribunas del derecho y la vocación culposa de la clase media ilustrada de los grandes centros urbanos. Fuera de esos espacios y debates sesudos la gente sigue regulando su vida al margen de la ley. Esto no significa que eso esté bien, sino que hay que encontrar el justo medio entre ambos extremos.

Seguramente, como todo lo que pasa con la Justicia en este país, el juez termine encontrando algún argumento jurídico válido para no ir preso o se dilaten los tiempos hasta que todo prescriba. Así tuvimos al cortesano Ricardo Lorenzetti tapando todo cuando atropelló y mató a un joven, o al ex juez Zaffaroni resolviendo los problemas por los prostíbulos que funcionaban en sus departamentos.

Seguramente, tras este episodio no habrá oportunidad de rever criterios existentes en la ley ni de sentar un precedente jurídico que le sirva a todas las personas que se vean en la misma situación. No se va a dar un debate sobre cómo se puede armonizar la ley para que se encuentren las necesidades y demandas de la sociedad con los límites que garanticen una convivencia pacífica.

Así, lo que se termina viendo en Argentina es que la ley va por un carril, las demandas de la sociedad van por otro y en uno un poco más alejado y exclusivo, los jueces y miembros del Poder Judicial que tienen privilegios cuando se ven en problemas con las normas.

No se pueden construir sociedades libres si las personas no conocen las leyes y no se pueden construir sociedades justas si no se las aplica con igualdad y criterio. Hay que definir los grises, simplificar las normas y -fundamentalmente- restablecer límites claros sobre lo que está bien o está mal, independientemente de que eso le moleste a los que creen ver una víctima en cada victiamario.