Llegan días claves para la movilidad jubilatoria

El Senado se prepara para tratar la nueva fórmula jubilatoria que el presidente Javier Milei amenazó con vetar bajo el argumento de que los diputados que la aprobaron son “degenerados fiscales”. Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, dirigido por el extitular de Anses, Osvaldo Giordano, señala que la iniciativa “reduce las probabilidades de juicio y, por esta vía, tiene un impacto positivo sobre la sostenibilidad fiscal”.

El reporte del Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL) analiza la iniciativa con media sanción en Diputados que implicaría una suba de 7,2% de los haberes y la vigencia de una garantía de ingreso mínimo mensual vinculado al valor de la canasta básica de la pobreza.

Sin embargo, en las últimas semanas hubo diálogos entre legisladores de la llamada “oposición dialoguista” y del oficialismo para procurar que, si el texto resulta finalmente aprobado, evite algunos de sus puntos, de manera de evitar el veto (al menos, el veto total). Uno de los puntos más rechazados es el que busca emplazar a la Anses a pagar todas las deudas acumuladas en los últimos años, ya que no se indica de dónde saldrían los fondos.

El informe del Ieral destaca que la aprobación por ley de una fórmula de movilidad -en rigor, la que propone el Congreso es la misma que está vigente por DNU, con el agregado de un eventual plus anual- otorgaría mayor “solidez jurídica” ya que, además de que se trata de un esquema que debe ser aprobado por el Poder Legislativo, “se establece un empalme más consistente con la vieja fórmula”, al “contemplar íntegramente la inflación de enero” en las subas de haberes.

El instituto recomienda focalizar el pago de ingresos extras para los jubilados de menores ingresos, atendiendo por un lado a quienes realmente tengan necesidades -más allá de percibir los montos más bajos- y, por otro lado, valorizando el hecho de haber obtenido la prestación sin recurrir a una moratoria, es decir, habiendo completado previamente los aportes exigidos por la ley.

Una de las consecuencias del proyecto legislativo sería un aumento adicional de 7,2% para todos los haberes, con efecto (según la letra del proyecto) a partir de abril. Se busca disponer que el incremento extraordinario de 12,5% que se dio mediante el DNU 274 se transforme en uno de 20,6% (para que tal cosa se produzca, hace falta un alza de 7,2% y no de 8,1%, como señalaron varios legisladores). El Ieral indica que no reconocer la totalidad de la inflación de enero ampliaría las chances de juicios contra el Estado, por la manera en que se hace el empalme o la transición entre una modalidad de actualizaciones y otra. Y eso incrementaría el gasto futuro del sistema. “Una norma sancionada por el Congreso tiene una legitimidad muy superior a un DNU”, afirman los economistas. Y agregan que los juicios contra el sistema “opera como un pasivo que erosiona la solvencia de las finanzas públicas”.

El reporte advierte que “el riesgo del juicio es inevitable”. Y que frente a ello, los instrumentos que se usen determinan si ese riego es mayor o menor. “El proyecto de ley claramente reduce la vulnerabilidad jurídica, porque es una ley y porque sustituye un esquema arbitrario, como el de reconocer un 12,5% [como incremento extraordinario otorgado en abril] por una regla que tiene mucha más razonabilidad y objetividad; ante un juicio, la Anses tiene más elementos de defensa con una ley que con un DNU”, afirmaron.

La propuesta que hace el Ieral es que a los jubilados que hayan obtenido su prestación sin moratoria se les reconozca el 100% de esa diferencia entre las variaciones, y no el 50%. También se analiza que el impacto de esta eventual disposición podría llegar recién en marzo de 2026, debido a que en 2024 es muy probable que los salarios crezcan nominalmente menos que los precios.

También menciona la posibilidad de que se considere el valor de la canasta para adultos mayores de 60 años. El proyecto cita de todas formas, que se utilizaría el valor fijado para el “adulto equivalente”, que, según el Indec, es el varón de 30 a 60 años, y que supone un número más elevado que el de los adultos mayores.

Con los valores actuales y si se toma el valor de la canasta para el “adulto equivalente”, el ingreso garantizado según el proyecto de ley superaría al importe del haber mínimo más el bono, que está congelado desde marzo en $70.000. El pago de bonos depende de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo y, según un proyecto de ley que se debate en el Congreso, podría ser reemplazado por un suplemento dinerario para garantizar un ingreso mínimo determinado

Una observación que hacen en el Ieral es que la iniciativa no contempla que esa garantía de ingreso mínimo rija para las pensiones no contributivas. Y, con respecto al bono y también a la mencionada, recomiendan que sean políticas focalizadas, para que lleguen a personas realmente en estado de vulnerabilidad. Lo aconsejable, señalan, “es que se considere como causal de exclusión de la garantía cualquier tipo de ingresos” adicionales a la jubilación de la Anses y “manifestaciones de riqueza” de los prestatarios. Hoy el pago de bonos no contempla nada de eso.