A los dos proyectos que ya se presentaron en la Legislatura se suma otro, de autoría de Fabre (UCR), en el Concejo Deliberante. El oficialismo, en tanto, prepara uno propio.
Provincial20 de septiembre de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
Siguiendo el tempo que marca el Gobierno Nacional, sin representantes en los cuerpos legislativos locales, la oposición toma la agenda que impone la Libertad Avanza y presiona al oficialismo para que alinee su gestión a la impronta libertaria.
Como ya sucedió con la adhesión al blanqueo sancionado junto a la Ley Bases, en donde la oposición buscó tomar la iniciativa, distintos proyectos para que la Provincia y el municipio adhieran al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fueron presentados por representantes de la oposición.
En la Legislatura ya hay dos proyectos: el de Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro), y el de Agustín Spaccesi (Partido Libertario), pero ninguno ha sido tratado aún por el recinto, a pesar de que ambos fueron presentados hace aproximadamente dos meses, días después de la aprobación de la Ley Bases.
El primero, de Maqueda, consta de dos artículos (el segundo, de forma), y prevé una adhesión lisa y llana al RIGI sancionado por el Congreso Nacional. El segundo, de Spaccesi, prevé, además de la adhesión al régimen nacional, una invitación a los municipios a adherir, con el fin práctico de que las distintas localidades de Córdoba también se comprometan, si no a disminuir, cuanto menos a no aumentar la presión impositiva sobre los emprendimientos que se radiquen en su jurisdicción y que encuadren en los supuestos contemplados por el RIGI.
El proyecto de Maqueda estaba en el orden del día de la última sesión. Sin embargo, el debate en torno a otros asuntos a tratar, como la constitución de las salas de Juicio Político o la derogación/modificación de la legislación que regula en Juego Online, se prolongó hasta altas horas de la madrugada impidiendo en tratamiento de esta iniciativa.
El Ejecutivo, en tanto, trabaja en un régimen propio, que contemplaría una adhesión al RIGI pero calibrándolo al ecosistema productivo de Córdoba. Y aunque la intención del Centro Cívico es compatibilizar su proyecto con los de la oposición, desde las bancadas opositoras recriminan al Gobierno falta de celeridad en ese objetivo, a la vez que aseguran que Córdoba corre el riesgo de perder inversiones que dinamicen su economía por la demora.
En el Concejo Deliberante, en tanto, el concejal radical Javier Fabre acaba de presentar un proyecto propio para que la ciudad de Córdoba adhiera al régimen. Y aunque la iniciativa fue ingresada por el radical este miércoles, con la firma de compañeros de bloque y algunas de las otras bancadas que en los hechos articulan como interbloque-, todavía no tomó estado parlamentario. Esto, adelantan, sucedería en la próxima sesión.
En coherencia con lo que promueve el proyecto de Spaccesi, la intención de Fabre es que el municipio también se autoimponga la limitación para variar el marco regulatorio tributario por los próximos, para darle a los inversores que decidan radicar nuevos emprendimientos productivos en la ciudad la seguridad de que las reglas de juego se van a mantener estables.
Entre los fundamentos del proyecto Fabre apunta “Creemos que adherir a este régimen contribuirá al crecimiento de la actividad económica en la Ciudad de Córdoba, lo que se proyectará en mayores oportunidades laborales, la consolidación del sector privado, mejor competitividad y el fortalecimiento de los lazos sociales, con su consecuente impacto en la reducción de la pobreza”, e insta al municipio a “dejar claramente expresada su postura al respecto, lo que permitirá generar la confianza y las condiciones que se requieren para atraer nuevas inversiones que permitirán desplegar el enorme potencial económico que nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad tienen”.
El movimiento representa un nuevo punto en una secuencia que marca que la oposición presionará al oficialismo, desde las cámaras, a plegarse a las políticas promovidas por el Gobierno Nacional, que lejos de agotarse en el RIGI se integra de una serie de medidas tendientes a reducir la presión fiscal y achicar al Estado, para que el sector público se desprenda de cuantas funciones sea posible, dedicándose únicamente a garantizar la prestación de servicios estrictamente esenciales, dejando en manos del sector privado el resto de las prestaciones.
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