La jueza Dottori desestimó los argumentos del ex ntendente de Villa María y confirmó que deberá enfrentar el proceso judicial. La causa que investiga dos episodios de agresión contra su ex pareja tendrá su desenlace en los tribunales.
Villa Maria11 de noviembre de 2024 María Florencia Coria
Por María Florencia Coria
En un duro revés judicial para el ministro de Cooperativas y Mutuales en uso de licencia, Martín Gill, la jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, no solo confirmó la elevación a juicio de la causa por violencia de género que lo tiene como protagonista, sino que además desestimó los planteos de nulidad presentados por su defensa, dejando al descubierto contradicciones en su estrategia legal.
De esta manera, el escenario político provincial vuelve a sacudirse y genera interrogantes sobre el futuro del ex intendente villamariense.
Los hechos que lo llevaron al banquillo
La causa investiga dos episodios de presunta violencia contra su ex pareja, Lourdes Astudillo. Según consta en el expediente judicial, el primer hecho habría ocurrido el 3 de diciembre de 2022 en el departamento del entonces intendente, donde habría zamarreado a la mujer durante una discusión. El segundo incidente, data de fines de enero de 2023, involucra otra presunta agresión donde Gill habría empujado a la víctima contra una pared, provocándole hematomas en distintas partes del cuerpo durante una disputa por las llaves del inmueble.
La estrategia defensiva de Gill sufrió un duro golpe cuando intentó anular el requerimiento de elevación a juicio argumentando que, por su condición de ministro provincial desde diciembre del año pasado, la causa debería haber sido investigada por un juez y no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori no solo rechazó este planteo, sino que expuso una clara contradicción en la postura del funcionario.
“La causa se inició mediante una denuncia formulada el 19 de marzo de 2023, cuando Gill fue imputado, momentos en los cuales no se encontraba amparado por privilegio constitucional alguno”, señaló la magistrada en su resolución, desnudando la debilidad del argumento presentado por la defensa.
En un párrafo que golpea duramente la credibilidad de la estrategia defensiva, la jueza Dottori remarcó que el nombramiento de Gill como ministro, ocurrido el 10 de diciembre de 2023, “resulta ser una situación sobreviniente a este proceso penal”. Pero el golpe más contundente vino al señalar que el propio Gill prestó declaración indagatoria el 22 de marzo del corriente año ante la fiscal Juliana Companys, “sin reparar en esa ocasión que no fuera ese el órgano judicial ante quien debía deponer por falta de competencia”.
Un proceso judicial que no da tregua
El abogado defensor del ex intendente buscó bajar el tono al impacto de la resolución judicial: “Es importante aclarar que es una situación intermedia en el proceso y no es una sentencia definitiva, ni una sentencia condenatoria. Es una resolución intermedia de una jueza que coincide con la fiscal en que la causa está terminada y corresponde elevarla a juicio oral", explicó.
Las cartas sobre la mesa
La defensa de Gill se encuentra ahora ante una encrucijada estratégica que podría definir el rumbo del proceso. “Estamos evaluando, personalmente yo, desde lo técnico, si interponemos un recurso de apelación. Nos quedan dos instancias recursivas más todavía”, explicó el letrado, quien también contempla la posibilidad de avanzar directamente hacia el juicio oral.
“Una de las protestas que habíamos hecho en la oposición era que no se había incorporado prueba que Martín había relatado en su última indagatoria, y la única posibilidad que tenemos de incorporar esa prueba de ahora en adelante es el juicio oral", detalló el abogado, sugiriendo que podrían optar por esta vía para presentar nuevos testimonios mencionados por Gill en su indagatoria.
Las audiencias del eventual juicio oral comenzarán recién el próximo año, según adelantó la defensa. “Confiamos en la inocencia y que vamos a poder demostrar la inocencia de Martín”, enfatizó el abogado, aunque admitió que “esperaban una resolución distinta”.
Un ministerio en suspenso
La situación procesal del ex intendente adquiere particular relevancia considerando su actual posición como ministro en uso de licencia. Si bien su defensor aclaró que esta condición "no ha cambiado y no cambia con esta resolución tampoco", en los pasillos de la política cordobesa crece la incertidumbre sobre su continuidad en el gabinete de Llaryora.
La decisión de Gill de solicitar licencia, anticipándose a esta resolución judicial, es interpretada como un intento de preservar al gobierno provincial del desgaste que implica mantener en funciones a un ministro procesado. Sin embargo, esta movida no ha logrado desactivar las críticas de la oposición, que insiste en la necesidad de su renuncia definitiva.
Mientras tanto, el silencio del oficialismo provincial y local contrasta con las crecientes voces de la oposición que reclaman la renuncia definitiva de Gill a su cargo en el gabinete de Llaryora. La resolución judicial no solo complica su situación procesal, sino que además pone en jaque al gobierno provincial, que deberá decidir cómo proceder con un ministro que, aunque en uso de licencia, enfrenta graves acusaciones de violencia de género.
El tablero político en jaque
La elevación a juicio de esta causa representa un momento crítico para el peronismo cordobés, que bajo el liderazgo de Llaryora intenta mantener la gobernabilidad en tiempos turbulentos. El caso pone a prueba la capacidad del gobernador para gestionar las crisis internas sin perder el apoyo de sectores clave del partido.
En Villa María, el impacto político es aún más profundo. La ciudad, que vio a Gill crecer desde la intendencia hasta convertirse en una figura nacional y provincial de peso, observa con atención el desarrollo de un proceso que podría reconfigurar el mapa político local. El silencio estratégico de algunos sectores del peronismo local y las críticas cada vez más fuertes de la oposición dibujan un escenario de incertidumbre.
El desarrollo de este proceso tendrá, sin duda, implicancias significativas no solo para el futuro político de Gill, sino también para la configuración del poder en la provincia, en un momento donde el gobierno de Llaryora busca consolidar su gestión en medio de múltiples desafíos económicos y sociales. La resolución judicial, más allá de su carácter procesal, se convierte así en un nuevo capítulo de una historia que está lejos de terminar.
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