Poco y nada para Córdoba en la tanda de los 150 pliegos de jueces federales

Por Bettina Marengo

No habría novedades para Córdoba entre los 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores federales que el gobierno nacional anunció la semana pasada enviará al Senado de la Nación, mientras intenta destrabar la designación de los candidatos del presidente Javier Milei, a la Corte Suprema, Ariel Lijo y García Mansilla. “La lista no la tiene nadie, pero no hay nombres para Córdoba”, coinciden las fuentes. 

La trama política de las designaciones de magistrados federales está en las manos del considerado “verdadero” ministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, hombre de Santiago Caputo que tendría más confianza presidencial que el titular de la cartera, Mariano Cuneo Libarona, que habla con los lugartenientes de la expresidenta Cristina Kirchner en Senado, Mariano Recalde y Wado de Pedro. El cordobesismo y en especial el llaryorismo tiene operadores en los ámbitos federales y aliados en la comisión de Acuerdos del Senado, y de hecho el actual gobernador Martin Llaryora fue miembro del Consejo de la Magistratura de 2018 a 2019 en un pase de política donde el PJ Córdoba le arrebató el lugar al macrismo en alianza con kirchneristas y massistas, pero con la obligada e inminente jubilación del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, el Panal perderá en breve un brazo amigo en el máximo tribunal. Pero la oposición provincial tiene un sillón clave en el Consejo de la Magistratura, donde tras una larga pelea judicial, el senador Luis Juez le ganó al ex Frente de Todos un lugar por la segunda minoría. 

Las vacantes en Córdoba son muchas y densas, pero los procesos de designación tienen diferentes niveles de demora. Hay dos cargos a cubrir en la Cámara Federal de Apelaciones, máximo estamento de la órbita nacional en el distrito. Una es de vieja data, por la muerte del juez Luis Roberto Rueda. La otra es más reciente, producida por la renuncia de Ignacio Vélez Funes, acorralado por las denuncias de acoso laboral presentadas ante el Consejo de la Magistratura por el gremio judicial que conduce Julio Piumatto. Los cargos fueron concursados en la comisión de selección de jueces del Consejo, el orden de mérito se elaboró, pero no se llegó a la etapa decisoria (y atravesada políticamente) de las entrevistas personales, tras la cual quedan las ternas definitivas que se elevan al Poder Ejecutivo. Las entrevistas orales son una instancia tan o más importante para los concursantes, y allí tallan las opiniones y miradas de las distintas líneas y posiciones que conviven en el Consejo de la Magistratura y obviamente la política. 

Hay otros puestos a cubrir. En el Tribunal Oral Federal N°2, para reemplazar al juez Julio Lascano, que se jubiló hace más de dos años, y en el Tribunal Oral N°3, para la vacancia que dejó Ángel Francisco Andreu, que renunció hace pocos meses, antes de asumir a un cargo que ya había ganado. En el TOF 2, el concurso está en etapa de impugnaciones.

En primera instancia está el valioso lugar del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, donde estuvo décadas Ricardo Bustos Fierro, inclusive con edad jubilatoria cumplida con creces y acuerdo del Senado para su continuidad. Para este puesto, de alto interés político por la cuestión electoral y en vísperas de los comicios parlamentarios, las inscripciones para el concurso abren esta semana, igual que para ocupar el mencionado TOF3, y los  Juzgado Federal de Villa María y de San Francisco. En la cabecera del departamento San Martín, el hueco quedó por la renuncia del magistrado Roque Ramón Rebak, producida en julio. En la ciudad de San Justo, por el reciente fallecimiento del juez Pablo Montesi, hermano de una de las integrantes de la Cámara Federal, Graciela Montesi, estuvo apenas un año en el cargo luego del concurso.

En Ministerio Publico Fiscal hay dos vacantes para los juzgados de primera instancia, el 2 y 3. En la instrucción, el único concursado es Enrique Senestrari, a cargo de la Fiscalía del Juzgado N°1 que tiene la competencia electoral, que suele subrogar el 2 y 3 con apoyo de los fiscales de cámara Maximiliano Hairabedian y Carlos Gonella.