“Aun cuando las medidas anunciadas durante el fin de semana permitan que se destraben los desembolsos pendientes del Fondo Monetario Internacional, resultan muy limitadas para revertir las dos tendencias más preocupantes que dominan el presente: la emisión de pesos por parte del Banco Central (antes de su esterilización a través de las Leliq), que desde mediados del año pasado corre a un ritmo de 11,2% acumulativo mensual, con la presión inflacionaria consiguiente, y el drenaje de las reservas externas, que en su medición neta caen a un ritmo de 2.300 millones de dólares por mes, hasta un rojo actual de 7.000 millones, partiendo de 8.700 millones de dólares en diciembre pasado”.

Las conclusiones son del economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, quien señala que habrá recaudación adicional por la generalización del impuesto PAIS a las importaciones y posiblemente se pueda poner un piso al deterioro de la balanza comercial, “pero la cuenta corriente del balance de pagos difícilmente cierre el año con un déficit inferior a los 16.000 millones de dólares, con una merma en la competitividad cambiaria de las exportaciones (al margen de la sequía) cercana al 25% respecto a los registros de 2019, previos a las PASO de aquel año”. La referencia no es arbitraria, porque en 2019 la cuenta corriente del balance de pagos fue relativamente equilibrada.

En ese contexto, este año sólo puede cerrar con un fuerte aumento del endeudamiento externo, del orden de los 15.000 millones de dólares, sumando los compromisos con China (yuanes) y con los proveedores de importaciones compradas “a crédito”, un ítem que ya generó un pasivo a pagar cercano a los 10.000 millones de dólares a lo largo de 2022.

En el segmento de los pesos, aun asumiendo que el Gobierno pueda recortar el déficit primario hasta un nivel del orden de los 2,5 puntos del PIB/año, Vasconcelos plantea que las necesidades de financiamiento del Tesoro del segundo semestre resultan una variable a monitorear día a día.

Considerando el rojo fiscal esperable de aquí a fin de año (incluyendo intereses de la deuda pública) y los vencimientos de Bonos del Tesoro en manos del sector privado, se necesitaría conseguir financiamiento del orden de 1,5 billones de pesos por mes para que el Gobierno pueda evitar seguir recurriendo al BCRA.

Esa cifra mensual equivale al 25% de la base monetaria, ratio que alerta sobre el impacto monetario que tendría algún inconveniente a la hora de las licitaciones de deuda pública. Lo ocurrido en los últimos doce meses es ilustrativo: las transferencias del BCRA a favor del Tesoro y las destinadas a comprar bonos de deuda en el mercado de capitales (asistencia indirecta) explicaron 34 de cada 100 pesos de emisión bruta (antes de esterilización). Es decir, la emisión por motivo fiscal ahora se acerca a la mitad de la generada por los intereses de las Leliq, cuando era sólo una fracción poco tiempo atrás.

Las presiones inflacionarias derivadas de la emisión monetaria terminan afectando el poder adquisitivo de los trabajadores. Al respecto, el reporte describe que en junio y julio las ventas de bienes de consumo masivo habrían caído entre 1,5% y 2% interanual, con bruscas oscilaciones semana a semana, ya que también se activó la demanda por inventarios.

También plantea que las presiones inflacionarias también deterioran la competitividad, lo que afecta al sector externo en la misma dirección que la sequía. Por caso, las exportaciones a Brasil (principalmente industriales) entraron hace tres meses en terreno negativo, con una caída de 25,6% interanual en junio.

“Por lo reseñado, aun con acuerdo y desembolsos del FMI, no será sencillo mantener las expectativas bajo control en esta transición. Sin reservas y con dificultades para frenar el ritmo de la expansión monetaria, la pregunta es si el resultado de las PASO será capaz de proveer un ancla política para la economía”, define.