El gobernador Llaryora quiere negociar el canje de deuda con Luis Caputo

El gobernador Martín Llaryora envió a la Unicameral un proyecto para que Córdoba participe en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, el programa que diseñó el ministro Luis Caputo con el que busca extinguir, total o parcialmente, las deudas entre las partes para “facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”. Cuando apareció el decreto 969 a mediados de noviembre, el mandatario cordobés dijo que dialogaría pero que reclama US$700 millones de deuda por las transferencias no realizadas a la Caja de Jubilaciones y por obras de infraestructura.

Desde lo formal, se estableció un plazo de 30 días hábiles y administrativos –que puede ser prorrogado–, para que las provincias formalicen su intención de adherir al nuevo sistema. La Secretaría de Hacienda del Ministerio del Interior es el ámbito al cual la máxima autoridad de cada distrito se tiene que remitir para expresar su voluntad de participar en el esquema de intercambio. Desde ese trámite, habrá otros 60 días como para presentar todos los documentos que demuestren la deuda existente de la Nación con la provincia.

La discusión de fondo es cómo se calculan las deudas y acreencias. Córdoba puede incluir los montos no transferidos al sistema previsional porque ya se aclaró que todo lo judicializado puede ser parte. El decreto establece que “se deberán producir los informes técnicos y jurídicos pertinentes sobre la verosimilitud de las obligaciones que se pretenden incluir en el régimen, su cuantificación, la conveniencia de incluirlas, así como toda otra consideración que estime pertinente a efectos de ser evaluada por la autoridad de aplicación”.

Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista en la Legislatura, dijo a este diario que el proyecto apunta a darle al Gobernador “la potestad de negociar; lo habilitamos a que negocie. No se indica qué porque primero hay que ver lo que la Nación esté dispuesta a incluir y qué ofrece”.

Una alternativa sobre la que podría conversarse es la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), una empresa deficitaria que ya fue reorganizada en la gestión de Cambiemos y ahora nuevamente está en ese proceso. La Nación, desde el día uno, planteó que no quiere mantener estas compañías en su ámbito porque le implican poner plata. Si la Provincia la aceptara -hay opiniones divididas en el círculo chico de Llaryora- avanzaría en la incorporación de capital privado.

Las provincias cuyos gobernadores adhieran a esta medida podrán “acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes”, según señala expresamente el decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto del mandatario cordobés a la Unicameral llegó horas después de que el bonaerense Axel Kicillof adelantara su interés en Aerolíneas Argentinas. "Es un instrumento central para el desarrollo, la conectividad. No es que nadie quiere Aerolíneas, la Provincia si la quiere", sostuvo y adelantó que "la Provincia plantea que si hay intención de transferir nosotros empezamos un camino con gobernadores y trabajadores: vamos a trabajar también con sector aerocomercial y turístico porque creemos que es de las mejores del mundo".

Desde la Rosada salieron a cruzarlo. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, marcó que el kirchnerismo "la convirtió en una caja de empleo militante" y Luis Caputo también cuestionó: "Nada que sorprenda. Empresas públicas = Fideicomisos = Obras públicas = Cajas políticas".