Hay un trasfondo político que se superpone con lo económico. Hacia adelante, el Ministerio de Economía busca que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.
Nacional 16 de abril de 2024
Redacción Alfil
El Gobierno nacional ya tomó la decisión de ir a la Justicia para pedirle que frene los aumentos de las prepagas y, además, denunciaría a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y titular de una cámara (Unión Argentina de Salud) que reúne a las empresas, por supuesta carterlización. Además, en el plano administrativo avanzará con la investigación por presunto “abuso de posición dominante en el mercado” por los incrementos de las cuotas de enero, febrero y marzo que rondaron el 160%.
Hacia adelante, el Ministerio de Economía busca que las compañías de servicios médicos congelen sus tarifas por al menos dos meses para amortiguar el impacto en la inflación.
Según trascendió, desde el ministerio de Economía, a través de la secretaría de Comercio, la Superintendencia de Servicios de Salud y hasta Jefatura de Gabinete están trabajando, básicamente, en dos sentidos: la presunta cartelización del sector y el abuso de precios por posición dominante en el mercado.
Después que el propio ministro de Economía Luis Caputo lanzara duras críticas contra las prepagas por los fuertes aumentos aplicados este último tiempo, desde el Gobierno comenzaron a mirar a Belocopitt como quien tendría alineados a todos los integrantes del rubro y que sería quien coordinaría la presunta "cartelización" y abuso de precios que han derivado en numerosas presentaciones de afiliados ante la Justicia.
También consideran que Belocopitt tuvo vínculos estrechos con el gobierno anterior, en especial con Sergio Massa, y habría acordado congelar precios de las cuotas a cambio de subsidios en plena pandemia, lo cual le habría permitido ampliar su participación en el mercado a través de la compra de otras entidades.
Este lunes la Superintendencia de Servicios de Salud intimó a las empresas de medicina prepaga a que presenten los planes de cobertura ofrecidos a sus beneficiarios y los valores de las cuotas actualizados frente al organismo. La medida representa un retroceso sobre la propia decisión del Gobierno tomada en enero.
En el primer mes del año, a través de la Resolución 51/2024 la Secretaría de Comercio, derogó la Resolución 54/2000 por la que los prestadores de medicina prepaga debían informar periódicamente el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.
La Resolución 54/ 2000 – derogada en enero- especificaba que “en todos los casos se deberá presentar la información respecto de los asociados directos (que no derivan aportes a través de convenios con obras sociales sindicales). Se informará el valor de la primera cuota del contrato, esto es, para asociados sin antigüedad.
El valor de la cuota deberá incluir la totalidad del importe pagado por el consumidor, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y cualquier otro importe cuyo pago sea obligatorio para el uso normal y regular del servicio.
“Habiéndose cumplido el plazo de 48 horas otorgado se informa que las prepagas aportaron, tal como exige la Superintendencia, la información solicitada”, señaló el organismo ayer.
La información pedida por la SS Salud “responde a la función principal que tiene este organismo que es la de fiscalizar a Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga y garantizar que haya competencia entre los distintos actores del mercado.”, dice la información oficial.
Las empresas aseguran que en todo momento tuvieron voluntad de acercarse al Gobierno y buscar soluciones, pero que los funcionarios no quisieron recibirlas más. “Se les recontra fue la mano”, dijo Caputo en una entrevista días atrás que fue el puntapié inicial para una diatriba verbal contra las prepagas.
Desde las empresas insisten en que tienen “buena predisposición para acompañar” en la coyuntura económica. Pero que necesitaban poner sobre la mesa la estructura de costos que tiene el plan médico obligatorio (PMO) que deben ofrecer. Es decir, pretendían sumar a la negociación con el Gobierno el factor del valor de los medicamentos y de los insumos, además de la cuestión salarial de los profesionales de la salud.
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