Equilibrios legislativos

Por Javier Boher
[email protected]

El Estado es, tal vez, el objeto de estudio más importante para la ciencia política. Claramente el poder, la autoridad, las formas de gobier o, los sistemas electorales, la comunicación política y todas esas cosas son fundamentales, pero el Estado es la institución central de las relaciones políticas. Interviene y regula las interacciones, tiene intereses propios y manejo de recursos que exceden las posibilidades de otros actores.
Desde afuera, desde la sociedad civil, se confunden los límites entre el sector público, el Estado, el gobierno y los partidos. No quedan claros los controles cruzados de la división de poderes ni el rol institucional de cada pequeño engranaje que hay en esa gigante maquinaria de administración de la política en el territorio. 
Así, la falta de instrucción cívica básica hace que se repita de memoria el Artículo 1 de la Constitución Nacional, pero sin saber efectivamente qué implicancias tiene en el desarrollo cotidiano del gobierno que haya un sistema representativo -donde cada político elegido en elecciones limpias tiene su propia legitimidad de origen para hablar en nombre de quienes lo eligieron-, repúblicano -con tres poderes con funciones y herramientas de control específicas- y federal -con 24 gobernadores de distintas provincias, cada una replicando esta misma lógica -. Tal vez por eso Argentina es el reino del voluntarismo y las recetas mágicas: nadie quiere ver cuáles son las restricciones para cualquier decisión política.
La primera edición de la Ley Bases se cayó por una pulseada a todo o nada en la que Milei quería mostrar que él era más fuerte. Frenos y contrapesos mediante, los diputados le empezaron a meter mano al texto aprobado en general. Perdida la esencia, el presidente decidió retirarlo del recinto y mandarlo de vuelta a comisión.
Ahí aparecen distintas lecturas, pero lo que le faltó a los libertarios fue conocimiento de cómo funciona la política en la práctica, limitada por reglas formales que detallan -no sin cierta ambigüedad librada a la oportuna interpretación- culés son los procedimientos a través de los cuales los proyectos se convierten en ley. Hay 257 diputados que individualmente no pueden aprobar ni voltear una ley, pero que pueden juntar voluntades para lograr una u otra cosa. Hay lealtades partidarias y geográficas, convicciones ideológicas y cálculos electoralistas. Nada es fácil en una democracia republicana, por eso a algunos (como la diputada Del Pla, que llamó a derrocar el gobierno porque el Congreso no hace nada) les gustan regímenes de democracias con adjetivo, que de democrático tienen poco.
El segundo capítulo de la Ley Bases se empezó a jugar hace unas semanas. Se recortaron capítulos, se volvieron a redactar algunos artículos, se convocó a distintos sectores y más o menos se armó algo que estuviese en mejores condiciones para ser aprobado. Pasó por comisión, donde de nuevo se le metió mano, y finalmente llegó al recinto, donde otra vez se esbozaron argumentos a favor y en contra sobre por qué hay que votar de tal o cual manera. 
En la gran complejidad del sistema político argentino (o en cualquier sistema republicano sobre un territorio tan extenso) es difícil ordenar los incentivos para actuar de una manera coordinada.
Si nos detenemos en cuestiones que han generado chispazos y dificultades para negociar vamos a poder ver algo de esto. Más allá de las facultades delegadas (donde pesan más las necesidades de quienes están gestionando el territorio que las convicciones de los que solamente están en el legislativo) hay distintos puntos en los que se ven las tensiones entre grupos que de otra manera podrían votar juntos. Por eso el "poroteo" de los votos siempre es importante en la previa.
Pensemos, por ejemplo, en el caso de la vuelta del impuesto a las ganancias (que ahora sería rebautizado "impuesto a los ingresos"). Las provincias como Córdoba están necesitadas de recuperar esos fondos, pero otras (como las provincias petroleras) no quieren saber nada, porque deberían empezar a pagarlo aquellos que hasta ahora estuvieron exentos. Lo mismo pasa con los diputados con raíces metidas muy adentro del sector público, allí donde están los grandes sueldos estatales. Ni hablar de los que no tienen necesidades de gestión y pueden votar en contra de la restitución del impuesto para congraciarse con su electorado (acaso lo que hizo Milei el año pasado).
Pensemos, también, en lo que hace a la reforma laboral. Provincias como Córdoba podrían beneficiarse de la norma, por la necesidad y la capacidad de su economía para generar empleo. Otras, las que tienen una economía informal, de subsistencia, con redes clientelares y asistencialistas, lo que menos quiere es perder ese poder de la informalidad. El peronismo en general, por su parte, quiere sostener una estructura sindical que le asegura (incluso ahora que se sigue derrumbando el empleo formal) una masa de recursos económicos y humanos como para condicionar cualquier negociación con cualquier gobierno, sea del nivel de gobierno que sea.
Todo lo referido a privatizaciones y concesiones también exhibe las diferencias, entre los que podrían aprovechar ese proceso de renovación y los que hoy viven de esas estructuras. Todos intereses cruzados entre provincias, partidos y territorios, que obligan a ir a buscar voto por voto en cada oficina del Congreso.
Con el primer proyecto, el Gobierno buscó todo y se quedó con nada. Ahora buscó poco y se va a quedar con menos. Seguramente se venderá como una gran victoria de Milei, aunque en la realidad quizás todos terminen poco conformes con el resultado. Así son los equilibrios que hay que hacer en democracia: quizás lograr que no se caiga todo ya es suficiente triunfo.