López y De Rivas acordaron acciones para destrabar la agenda

Por Gabriel Marclé

En el diálogo entre el Panal cordobés y el Palacio de Mójica por el tema inseguridad, los principales actores coinciden en que por estos días se realizaron todos los esfuerzos necesarios para cortar con semanas de alta tensión en Río Cuarto. El pasado viernes parece haberse concretado un gran paso en ese sentido, tras la reunión que encabezó el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, y de la que participó el intendente Guillermo De Rivas junto a autoridades provinciales, policiales y judiciales.

El enviado del Panal al Imperio intentó transmitir que el pedido de la Municipalidad y de los vecinos fue escuchado, por lo que en estos días comenzaría a verse -finalmente- una llegada efectiva de recursos y medidas. Se trata de un momento clave desde que inició la seguidilla de hechos que avivaron la problemática: en Hacemos Unidos por Córdoba entienden que esta semana se terminará con una agenda trabada en el tema seguridad para dar comienzo a las acciones del plan que precede a la campaña rumbo a las legislativas.

No fue coincidencia que el llamado de atención del intendente De Rivas y sus referentes políticos en el Legislativo local llegará en simultaneo con los cambios aprobados por la Unicameral provincial en la Ley de Procedimiento Penal Juvenil. También, se hicieron pedidos desde Río Cuarto que casi de forma inmediata tuvieron respuesta del Gobierno provincial, con López como emisario, confirmando así que la supuesta tensión dentro del Partido Cordobés fue en realidad un accionar coordinado de demanda y acción entre integrantes del mismo equipo.

En la reunión junto a integrantes de la Justicia en los Tribunales de Río Cuarto, el ministro López dio detalles de las decisiones asumidas por el gobernador Martín Llaryora, que derivaron en la creación de nuevas fiscalías para la ciudad. Ese fue el pedido concreto del intendente en la reunión de la Mesa de Trabajo en Seguridad que se conformó el pasado miércoles y que 48 horas después tuvo respuesta favorable del Ejecutivo cordobés: se confirmó que sobre finales de marzo estaría operando la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico y que en algunas semanas más harían lo propio las otras dos nuevas fiscalías.

El funcionario provincial destacó que el argumento detrás de estas nuevas fiscalías tiene que ver con la territorialidad, por lo que las dos nuevas fiscalías no estarán en el edificio de Tribunales, sino en otras zonas de la ciudad que permitan achicar distancias con la Unidad Judicial. “Esto va a permitir fortalecer el territorio y hacer mucho más ágil la gestión, no solo para quien es víctima de un delito, sino también para los trabajadores judiciales como una forma mucho más expeditiva de llevar adelante el procedimiento”, puntualizó el ministro.

Respecto a estos anuncios, el intendente De Rivas señaló: “Este trabajo coordinado y conjunto va a permitir, en definitiva, lograr el objetivo que tenemos que es el de trabajar fuertemente para llevar tranquilidad y paz a los habitantes de la provincia de Córdoba y en especial habitantes de la ciudad Río Cuarto en estos tiempos”. Tras días de cuestionamientos hacia su papel en la crisis, el intendente finalmente pudo contar con algo para transmitirle a la población que exige respuestas más fuertes, aunque siempre aclarando que la Seguridad es responsabilidad del Gobierno provincial.

Los acontecimientos de febrero le dieron a la gestión municipal una dosis de realidad muy cargada y a menos de ocho meses de haber comenzado. La intención de taclear la inseguridad con recursos propios -cuestión que fue eje de campaña en su momento- se enfrentó a un problema mucho peor de lo imaginado. No sorprendió entonces que las críticas opositoras apuntaran a una “estafa electoral” -como lo dijo el ex candidato radical Gonzalo Parodi. 

Pese al escenario desfavorable, pareciera que De Rivas pretende salir a flote con acciones de iniciativa propia y un despliegue territorial enfocado en lo preventivo y hoy habrá nueva reunión con la Mesa de Trabajo interinstitucional.

Ahora, mientras se espera ver cómo se reacomodará el Gobierno municipal (¿con cambios?), el ojo está puesto en el accionar policial. Al reclamo por la falta de agentes, Provincia respondió confirmando que se han sumado de forma permanente 40 efectivos, egresados de la última promoción de oficiales y suboficiales, más 8 móviles que se designaron exclusivamente para la ciudad tras haber prestado servicios en el Operativo Verano. 

Pero lo más visiblemente nuevo fue el enfoque del accionar policial: más de 400 efectivos involucrados en operativos que tuvieron lugar el fin de semana en zonas calientes de la actividad criminal. Decenas de allanamientos terminaron con múltiples detenciones, recupero de elementos y secuestro de vehículos, grandes despliegues que muestran otra actitud frente a la actualidad de la inseguridad, seguramente motivada por las órdenes que llegan desde Córdoba y el ultimátum del que habló Alfil días atrás. Semana de examen, también para la Policía.