Passerini anunció la entrada de una nueva prestadora a partir del lunes, y habló de mejorías en el servicio de FAM. La oposición sigue denunciando las concesiones precarias, y habla de un relevamiento que evidencia no sólo que el servicio no mejoró, sino que las empresas no cuentan con los colectivos necesarios para prestarlo. La Justicia, a punto de cambiar la dinámica de la discusión.
Municipal03 de abril de 2025
Felipe Osman
Por Felipe Osman
El intendente se refirió ayer a la problemática que rodea al Sistema de Transporte Urbano, y ofreció algunas definiciones. No sólo anunció la llegada de “Sí Bus”, nueva prestadora que absorberá los corredores 3 y 8. También apuntó que desde el Palacio 6 de Julio han observado “una mayor cantidad de coches (y) mejoras en el tiempo de espera” de FAM, la empresa que desde fines de febrero tomó el control de los corredores 2, 5 y 7, y de las líneas 600 y 601.
Además, Passerini anticipó que “en los próximos días” enviará al Concejo Deliberante el nuevo Marco Regulatorio del Transporte, un paso previo ineludible para avanzar hacia la licitación hecha y derecha del sistema, cuya concesión formal venció en 2024.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. Graciela Villata, titular del bloque del Frente Cívico en el Concejo, insiste en que el manejo que el oficialismo hace del Transporte oscila entre la arbitrariedad, la opacidad y la improvisación, por cuanto no sólo otorga concesiones precarias a las prestadoras, esquivando los mecanismos que la Ordenanza de Contrataciones estipula para dar transparencia al proceso de selección, sino que además viola los límites de la normativa al concederlas por más de 180 días.
El oficialismo se defiende señalando que ese plazo fue ampliado a un año por la Emergencia sancionada durante la administración llaryorista, y el Frente Cívico replica que el sólo hecho de que el oficialismo necesite seguir amparándose en una “dudosa” exégesis de la emergencia da cuenta de la falta de resultados de la gestión peronista, por cuanto en cinco años no ha sido capaz de encarrilar la licitación del transporte. O, lo que es peor, ha decidido no hacerlo para elegir “a dedo” a las prestadoras del servicio.
A estas críticas de Villata, Elisa Caffaratti, presidenta del bloque radical, agrega otras. La concejala se afirma en un relevamiento realizado por la bancada radical para asegurar que el servicio de FAM no sólo no ha mejorado, manteniendo esperas “de 30, 40 y 50 minutos, dependiendo las líneas”, sino que, para peor de males, no puede cumplir ni siquiera los estándares de los pliegos licitatorios de 2014.
Caffaratti apunta que la Municipalidad exige menos colectivos de los necesarios para garantizar un servicio eficiente, y que, a su vez, acepta menos de los comprometidos por la nueva prestadora.
La edil radical explica que, según los pliegos licitatorios aprobados en 2013 como marco del contrato vigente entre 2014 y 2024, los corredores adjudicados a la empresa FAM requerían hace 11 años una flota total de 322 colectivos para operar correctamente (Corredor 2: 129 unidades, Corredor 5: 88 unidades, Corredor 7: 85 unidades, Anulares 600/601: 20 unidades). “Sin embargo -apunta Caffaratti- el Ejecutivo redujo esa exigencia a 298 colectivos y, aún peor, terminó aceptando que la empresa funcionara con apenas 220 unidades. Hoy, en horas pico, solo circulan 180 colectivos, lo que explica las demoras interminables, los colectivos abarrotados y el caos cotidiano que sufren los usuarios”.
Después, agrega, "La ciudad ha crecido en población y en extensión de la mancha urbana desde entonces. La lógica indica que hoy deberían circular más colectivos, no menos. Pero el Ejecutivo, en lugar de exigir mejoras en el servicio, ajusta a la baja, perjudicando a los vecinos".
Ahora bien, todos los datos con los que cuenta la oposición para percutir sobre el oficialismo emanan de relevamientos propios, y no de la información oficial, que debiera ser la línea de base de cualquier discusión. Entonces, ¿dónde está el problema?
Los opositores reniegan de que el oficialismo oculta información y responde con evasivas a los pedidos de informe, cuando no los bloquea directamente en el recinto, como sucedió en la última sesión. Pero, ¿para qué insistir con pedidos de informe, cuya falta de eficiencia se encuentra sobradamente probada, cuando se puede acudir a un pedido de acceso a la información pública, regulado por leyes nacionales, provinciales y hasta por una ordenanza municipal? ¿Por qué agotarse en esfuerzos estériles en el recinto cuando existe una vía relativamente expedita para relevar los movimientos del Ejecutivo con respaldo de la Justicia, si resulta necesario?
Esta semana la Cámara Contencioso Administrativa de primera denominación aclarará el panorama. Es que, a fines del año pasado, el concejal radical Sergio Piguillem ingresó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántos, cuáles y a qué locadores alquila la Municipalidad los inmuebles en los que ha relocalizado distintas reparticiones que antes funcionaban en el Palacio Municipal u otros inmuebles de propiedad del municipio. Como suele suceder, la Administración no respondió, pero Piguillem agotó la instancia administrativa y llevó su pedido a la Justicia vía Amparo por Mora.
Instada, ahora por la Justicia, la Municipalidad dio una respuesta desopilante: negó a Piguillem legitimación para interponer el pedido de acceso a la información pública alegando que, siendo concejal, debía solicitarla mediante un pedido de informe a través del Concejo Deliberante.
La sala contencioso administrativa del TSJ ya tiene jurisprudencia en contra de este argumento que, además, no encuentra ningún asidero en la redacción de la norma. Y se espera que en los próximos días la Justicia ordene dar respuesta al requerimiento de Piguillem.
Esto tendrá un efecto revelador, en tanto que dejará en claro si la oposición tiene una real intención de embestir al oficialismo o si, por el contrario, prefiere la mímica de la resistencia, una (falsa) beligerancia con hostilidades pactadas con el oficialismo a cambio de mercedes desconocidas, aunque imaginables.
Si tal no fuera el caso, los opositores deberían ya estar preparando un arsenal de pedidos de acceso a la información pública para poner blanco sobre negro en relación al Transporte; el punto de presión más aparente para castigar al oficialismo, y el punto de fuga de una gestión que, hasta no acomodar el trasporte, no podrá consolidar expectativas reales de conservar la Capital para el peronismo.
La Comisión de Servicios Públicos recibió al secretario de Gobierno y al subsecretario de Transporte para empezar a tratar el proyecto. La oposición repara en que es más concesivo que su predecesor con las prestadoras, y sospecha del fideicomiso que concentrará los fondos sistema.
El fallo que instó a la Municipalidad a regular las aplicaciones de transporte activa una carrera entre los opositores que quieren anotarse el mérito, y saca al oficialismo de la incómoda tarea de anunciar a taxistas y remiseros que el futuro llegó.
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Passerini envió el Nuevo Marco Regulatorio del Transporte al Concejo Deliberante, que lo tratará en las próximas semanas. El proyecto prevé la metropolización del sistema, no incluye un nuevo marco normativo para taxis y remis (como se había anunciado), y prevé la creación de un Fideicomiso de Administración.
Desde la municipalidad, se plantea que el sistema cubrirá el ejido municipal y el área metropolitana, con concesiones de hasta 10 años y tarifas actualizadas periódicamente por el Concejo Deliberante.
El Intendente también confirmó que no habrá un aumento en el boleto. Sin embargo, afirmó que "es insuficiente para cubrir los costos del sistema".
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