El líder del Polo Obrero, junto a otros 17 acusados, serán juzgados por presunta administración fraudulenta, amenazas y coacción a beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Nacional09 de abril de 2025
Redacción Alfil
El juez federal Sebastián Casanello confirmó la elevación a juicio de el dirigente piquetero, Eduardo Belliboni, y otros 17 acusados por extorsionar a beneficiarios del plan Plan Potenciar Trabajo y por defraudar al estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
La demás personas involucradas en el caso, habrían intervenido en los armados de las sociedades que permitieron la falsificación de facturas que fueron utilizadas para el presunto fraude.
Además del dirigente piquetero, también fueron enviados a juicio oral: María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, y Gianna Puppo,Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia. también serán juzgados en los tribunales.
El magistrado dio por cerrada la investigación y dispuso que Belliboni y los demás imputados pasen a la etapa de juicio oral por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Ahora, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Py deberá sortear la persona que estará encargada en intervenir en el caso.
"La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir", había dicho el fiscal federal Gerardo Pollicita en su dictamen en el que pidió que Belliboni vaya a juicio oral como “jefe” del Polo Obrero.
La causa se inició a fines de diciembre de 2023, en aquel momento, el Poder Ejecutivo había habilitado una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias anónimas, allí se habrían comunicado integrantes de organizaciones sociales que habrían sido obligados a participar en la marcha del 20 de diciembre, conmemorativa de los hechos ocurridos en 2001 durante la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.
Tras estas denunciar, el gobierno de Milei hizo una denuncia en Comodoro Py que fue investigada por Pollicita y Casanello. En el caso se obtuvo el testimonio como testigos protegidos de cinco personas. Además fueron allanadas la sede del Polo Obrero y otros domicilios donde se secuestraron cuadernos, computadoras y otra documentación.
A raíz de estas investigaciones, la justicia determinó que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor recibieron 361.087.500 de pesos para aplicar a los proyectos productivos, laborales y comunitarios pero "una importante parte de estos fueron administrados indebidamente".
"Engañaron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a través de la presentación de facturas apócrifas emitidas por empresas ficticias, la simulación de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilización de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado”, explicó el juez Casanello en su resolución. Y agregó: “A ello se sumó otra irregularidad: la no rendición ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos”.
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