El gobierna acelera la emergencia carcelaria y el lunes va al recinto

Por Bettina Marengo

“O dejamos de meter presos a las cárceles o hacemos más cárceles y modificamos el sistema”, resumió un alto representante del gobierno de Martin Llaryora en relación a los anuncios que viene realizando el Panal en materia de política carcelaria, cuyo último capítulo se dio ayer en la Legislatura, con el proyecto ley presentado por el Ejecutivo para adherir a la emergencia penitenciaria vigente en el ámbito nacional,  por resolución nacional 254/24 dispuesta por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, hace un año atrás. El oficialismo no disimuló la urgencia y buscó el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, es decir, sin despacho de comisión, lo que obliga a los dos tercios de los votos en el recinto. No lo logró ayer, pero lo aceleró y la iniciativa será abordada hoy en comisión y el lunes 14 se tratará en el recinto. Es decir, Llaryora no tendrá que esperar 15 días, hasta la próxima sesión.

“Después de 26 años en el gobierno nos quieren meter una emergencia sin que venga el ministro a decirnos qué quiere hacer”, razonó Walter Nostrala, presidente del bloque Frente Cívico. Se refería a Julián López, ministro de Justicia y Trabajo, cuya cartera tiene a cargo el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y será órgano de aplicación de la normativa.  El funcionario, que hace una semana estuvo con Llaryora y otros ministros en la cena del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), podrá disponer por tres años, según el artículo 5 del proyecto, de “todas las acciones necesarias para solucionar situaciones extraordinarias o urgentes que requieran el auxilio o intervención del Estado Provincial en el área de su competencia”.  La UCR manifestó algo similar al juecismo. Miguel Siciliano, presidente del bloque PJ y uno de los autores del texto, se la veía venir.

El proyecto extiende la adhesión a la emergencia nacional por tres años y en su artículo tres faculta al ministro López a sortear el orden jerárquico de los rangos dentro de fuerza policial para designar cargos en el Servicio Penitenciario debajo del director general. 

La opción inicial de esta nota es retórica. El Panal va a continuar aplicando políticas de mano dura en sintonía con lo que propone la ministra de Javier Milei con que mejor se lleva el llaryorismo, o al menos la que mejor imagen tiene por acá. 

Los cambios en el régimen de prisión preventiva y la reciente modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal federal sobre la reiterancia, la reincidencia, el concurso de delitos y la unificación de penas incrementan el número de detenidos en la provincia. A esto se suma que la propia Justicia viene limitando las excarcelaciones y salidas transitorias o prisiones domiciliarias, según aseguran los especialistas que observan el fenómeno de la superpoblación carcelaria. La presión es alta en un sistema que viene golpeadísimo con detenciones de cúpulas “históricas”, como es el caso de ex comisario Juan María Bouvier, acusado junto a un grupo de funcionarios del SPC de asociación ilícita para cometer delitos en el Complejo Carcelario de Bouwer y otras cárceles. 

En ese marco, Llaryora junto a López anunciaron la creación de una cárcel de máxima seguridad para presos considerados de “alto perfil", con capacidad para mil detenidos, que funcionará en Bower, y la construcción de una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), para unas 500 personas. No es una novedad que la agenda de seguridad es de alta prioridad para el sanfrancisqueño, que debutó como gobernador con la ley de seguridad que creó las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, con alto perfil del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a quien en algunos corrillos deslizan como posible candidato a intendente de la ciudad (algo que no le gustaría mucho al peronismo capitalino y sobre todo al sector Vigo).

El texto que envió el Ejecutivo insta a los legisladores a nacionales por Córdoba a que “de manera perentoria” reclamen en el Congreso y el Ejecutivo nacional “la ejecución urgente” de una cárcel federal y la “cancelación y ajuste de las deudas” de la Nación con la Provincia por el alojamiento de presos federales en los establecimientos provinciales. Los funcionarios cordobeses entienden que lo primero no va a suceder y esperan por lo menos que la Nación actualice el pago mensual por preso, que hoy está en dos mil pesos.