Yanina Soria
Por Yanina Soria
La Semana Santa arrancó sin paz para el gobernador Martín Llaryora. El incendio en la sede de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross) apenas unos días después de que, en el marco de la investigación por supuestas estafas, 13 personas fueran detenidas entre ellas efectivos de la Policía de Córdoba, generó todo tipo de suspicacias. Y no sólo en la oposición, sino -sobre todo- entre los propios cordobeses que miraron con desconfianza lo sucedido. Seguramente en unos días, en los principales despachos del Panal, ya estarán sobre las mesas los sondeos que dirán cómo pegó el tema en la opinión pública.
Lo cierto es que mientras se esperan los resultados de las primeras pericias, desde el Gobierno a través de distintos funcionarios y legisladores salieron a bajar la espuma y a asegurar que, del caso denunciado por la propia administración, no se perdió nada de información.
Sin embargo, algunas fuentes judiciales no aseveran categóricamente eso al sostener que sí se habría perdido material que prontamente iba a ser allanado en la sede de la obra social del Gobierno de Córdoba.
Pero en paralelo a esa línea investigativa para saber si el fuego fue accidental o intencional, la política doméstica quedó convulsionada. Las reacciones (obvias) frente al incendio por parte de la oposición fueron casi instantáneas como así también los ensayos de defensa que ejercieron desde Hacemos Unidos.
Uno de los primeros en tender un manto de sospecha fue el diputado radical Rodrigo De Loredo, “siempre todo es oscuro en la Córdoba del peronismo”, dijo. Un tuit bastó para que rápidamente desde Hacemos recogieran el guante y acusaran, entre otras cosas, al ex candidato a intendente de ser un carancho político.
Así lo hizo, por ejemplo, el propio jefe de la bancada de legisladores oficialistas (y muy posiblemente candidato en octubre), Miguel Siciliano. Estos chispazos de alto voltaje permiten vislumbrar algo de la campaña que viene en Córdoba.
Pero del frente opositor también hubo reacciones del libertario Agustín Spaccesi, de la legisladora de Izquierda Luciana Echevarría, del juecismo y el radicalismo. A diferencia de De Loredo, el líder del Frente Cívico Luis Juez guardó silencio y, desde su entorno, aseguran que se expresará una vez que se conozca la pericia.
De ese espacio político quien sí se manifestó fue el presidente del bloque, Walter Nostrala: “En medio de una investigación por megaestafa, justo en la semana que meten presos a 13 implicados, en un feriado, se incendia el edificio de Apross en Córdoba. ¿Casualidad? Ningún incendio borra 26 años de ineficiencia y corrupción”
Por su lado, desde la UCR, los legisladores Miguel Nicolás, Alejandra Ferraro y Brenda Austin fueron otros de los parlamentarios que embistieron contra el peronismo. Sin embargo, como era de esperar, el tema no se agotará en los cruces de las redes sociales, el incendio político del Apross se trasladará ahora al ámbito legislativo. Tanto desde el Frente Cívico como de la UCR anticiparon sendos pedidos de informes y con ello, garantías de que no dejarán pasar el tema en el único ámbito donde tiene paridad de fuerzas con el peronismo.
“El bloque de legisladores de la UCR presentó en las últimas horas un exhaustivo pedido de informes para que el Gobierno de Martín Llaryora brinde detalles de manera urgente sobre las causas y consecuencias del incendio en la sede central de APROSS, especialmente vinculadas con la destrucción de documentación clave en las investigaciones por corrupción que están en curso. El requerimiento —dirigido a los Ministerios de Salud, Gobierno y Seguridad— busca conocer con precisión qué documentación fue alcanzada por el fuego, si se trataba de información vinculada a auditorías, autorizaciones de prácticas médicas, venta de medicamentos, denuncias administrativas o judiciales, y si existían copias de respaldo que garanticen su preservación”, apuntaron tras asegurar que el incendio “no puede convertirse en un velo de impunidad”.
También advirtieron que, si toma como cierta “la información brindada hasta el momento de manera extraoficial por representantes del oficialismo”, la pérdida de documentación o de respaldo digital producto del incendio “podría significar un serio obstáculo para avanzar en el esclarecimiento de esos hechos y la determinación de responsabilidades”.
