Gabriela Yalangozian
El Frente Cívico no la dejó pasar y así como los gremios alzaron la voz ante el anticipo de 400 mil millones de pesos en coparticipación que recibió del Gobierno Nacional la gestión de Martín Llaryora, el juecismo rápidamente sumó un nuevo eje de confrontación, esta vez en el ámbito legislativo.
El foco fue puesto sobre el estado real de las finanzas provinciales y, especialmente, sobre la contradicción que la oposición cree advertir entre el discurso oficial de equilibrio fiscal y la necesidad de solicitar un anticipo a la administración de Javier Milei para afrontar compromisos urgentes.
Con esa premisa, el Frente Cívico en la Legislatura presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique el crecimiento del endeudamiento provincial y detalle las razones financieras que llevaron a gestionar ese adelanto de fondos. La iniciativa fue impulsada por el legislador departamental Walter Gispert, pero representa la posición política del juecismo dentro del Parlamento cordobés, por lo que fue acompañado por todo el bloque.
El interrogante central que instala el Frente Cívico es sencillo: si el Gobierno provincial sostiene que las cuentas públicas presentan superávit financiero, ¿por qué necesitó recurrir a un anticipo extraordinario de recursos coparticipables?
La pregunta tiene como antecedente el Decreto Nacional 584/2026, mediante el cual la administración de Javier Milei autorizó un adelanto financiero de hasta $400.000 millones para Córdoba.
El propio decreto sostiene que la provincia se encontraba "impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas". Ese párrafo es precisamente uno de los principales argumentos que utiliza el juecismo para reclamar explicaciones.
La asistencia no constituye un subsidio ni recursos extraordinarios. Se trata de un adelanto sobre fondos de coparticipación que Córdoba deberá devolver durante el ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre esos mismos ingresos y con una tasa nominal anual del 15%. Y allí hace hincapié en sus fundamentos el juecismo en su proyecto que tomó estado parlamentario en las últimas horas.
El pedido de informes también apunta al incremento del endeudamiento registrado durante la gestión de Martín Llaryora.
Entre la documentación citada por el Frente Cívico aparece un dato publicado recientemente sobre la evolución de la deuda provincial: según información oficial, pasó de 1.930 millones de dólares en junio de 2025 a 3.094 millones de dólares en marzo de 2026, un incremento superior al 60%, impulsado principalmente por emisiones internacionales de títulos.
Ese crecimiento no implica necesariamente un deterioro financiero. Los gobiernos suelen recurrir al endeudamiento para financiar infraestructura o refinanciar obligaciones anteriores. Sin embargo, desde la oposición consideran que semejante aumento exige mayores niveles de transparencia respecto del destino de los fondos y del impacto futuro sobre las cuentas públicas.
En ese contexto, el proyecto solicita información detallada sobre la composición de la deuda, cuánto está nominada en moneda extranjera, los vencimientos previstos para los próximos años y qué porcentaje de las emisiones fue destinado efectivamente a nuevas obras públicas o simplemente a refinanciar pasivos existentes.
Más allá del contenido económico, el proyecto tiene un fuerte componente político.
El Frente Cívico procura instalar el debate sobre la sustentabilidad financiera de la Provincia y reivindicar el rol de la Legislatura como órgano de control.
En ese sentido, el requerimiento va mucho más allá del anticipo de fondos. También reclama los informes técnicos que respaldaron cada operación de crédito, el saldo disponible de las últimas emisiones internacionales y el cronograma completo de vencimientos previsto para 2026, 2027, 2028 y los años siguientes.
Y es de destacar que el pedido del juecismo aparece en un momento políticamente sensible.
Martín Llaryora viene sosteniendo un discurso de equilibrio fiscal y de continuidad de la obra pública pese al fuerte ajuste impulsado por la administración nacional. Esa estrategia ha sido uno de los principales argumentos del oficialismo para diferenciar la gestión cordobesa del modelo económico de la Casa Rosada.
Al mismo tiempo, el juecismo no oculta su sintonía con el Gobierno nacional. En especial, con la incorporación de Luis Juez al bloque de senadores oficialistas. Sin embargo, la autorización del anticipo financiero por parte de Nación abrió un espacio para que la oposición provincial cuestione la narrativa llaryorista, más allá del guiño otorgado por la gestión de Milei.
El Frente Cívico evita afirmar que exista una crisis financiera en Córdoba, pero asegura que la coexistencia entre un resultado superavitario y la necesidad de solicitar un adelanto de tal magnitud merece explicaciones públicas y documentación respaldatoria.
La discusión, en definitiva, excede la coyuntura presupuestaria. Lo que comienza a debatirse en la Legislatura es cuál será el nivel de endeudamiento que Córdoba podría arrastrar y el costo sobre las próximas administraciones. Es decir, el monto que podría tener “la pesada herencia” si, como lo vienen especulando, llegan a imponerse en las urnas en el 2026 y el próximo gobierno provincial es encabezado por otro signo político.
