Un innovador proyecto del Concejo dispara las alarmas del Suoem

Por Felipe Osman

Javier Fabre, por la oposición, y Nicolás Piloni, por el oficialismo, presentaron de manera conjunto una iniciativa para crear un sistema de “Reporte Ciudadano de Infracciones” o, en criollo, un mecanismo para que, a través de una aplicación (la App Ciudadana), los vecinos de Córdoba puedan denunciar vehículos mal estacionados, que obstruyan rampas para discapacitados o el acceso a cocheras particulares, que ocupen las paradas del transporte público, o que no respeten la distancia de retiro en la intersección de dos calles.

La idea –que ya es aplicada en muchas otras ciudades del mundo- busca ofrecer a los vecinos una herramienta ágil y eficaz para resolver problemas del día a día, en una ciudad en expansión que adolece sistemáticos problemas de tránsito. Y tiene un beneficio adicional: un costo de implementación que tiene a cero.

Más allá de alguna mínima inversión para incorporar el software necesario, la ciudad dispondrá, de manera gratuita, de 1.5 millones de “inspectores” bien dispuestos a tomar las riendas para resolver, cada uno de ellos, los problemas que más los aquejan, que son siempre los propios. Y, trascartón, esto activará la tan mentada participación ciudadana, de la que los tecnócratas de ocasión tanto gustan de hablar.

Sin embargo, como podría ser de otra manera, hay quienes están dispuestos a librar la cruzada en contra de esta iniciativa. Para sorpresa de nadie, el Suoem.

Es que, en el centro de la iniciativa, lo que hay es un mecanismo de automatización para el labrado de actas. Véase con un ejemplo: un vecino se desayuna con la noticia de que no puede salir de su casa porque otro ha bloqueado su cochera, abre la aplicación, toma tres fotos en las que se vean con claridad la infracción y la patente del vehículo infractor, y envía el reclamo. Las fotos, validadas por la geolocalización del celular, bastarían por sí mismas para dejar un registro ampliamente más fidedigno que la “fe pública” de los inspectores, y automáticamente se dispararía un acta de infracción y una alerta para que una grúa municipal venga a remover el vehículo en falta. Una pizca de primer mundo en estas recónditas latitudes.

Frente a la novedad, en algunas reparticiones del Suoem, vinculadas a las tareas de fiscalización, ya empieza a crecer el descontento. En primer lugar, porque la iniciativa tendría el valiosísimo efecto de reducir estrepitosamente la necesidad de contar con grandes cuerpos de inspectores de tránsito. Apenas una decena de ellos bastaría para hacer un rápido control de las denuncias enviadas por la aplicación. Y, en segundo término, porque la digitalización y automatización del labrado de actas –de funcionar en tránsito- sería una excelente novedad a implementar en otras áreas de fiscalización, como la habilitación de negocios, módulos alimentarios y espectáculos públicos.

En estas áreas, donde la fiscalización tiene una complejidad mayor, seguramente no se podría dar grandes pasos en la automatización, pero si se podría digitalizar la totalidad de los procedimientos, consiguiendo la plena trazabilidad de las actas y transparentando los procesos de fiscalización. 

Pero el problema es la solución: un mecanismo de esta naturaleza plantearía un obstáculo casi infranqueable los negocios espurios, y los intereses en juego son más que significativos.

Todo el asunto, huelga decirlo, no integra el núcleo de la gestión municipal. Difícilmente vaya el grueso de los vecinos a evaluar la gestión mirando estos temas; secundarios, si se quiere. Sin embargo, sí ofrecen una visión panorámica de las aptitudes de cada gestión para avanzar en contra de la invariable resistencia del Suoem, que suele detectar, en las soluciones generales, problemas particulares.