La UNRC se pliega a la ofensiva judicial del CIN por el financiamiento universitario

Por Gabriel Marclé

El conflicto entre el sistema universitario y la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo con la judicialización del incumplimiento en la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, una discusión que ya tuvo repercusión en el sur cordobés. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) resolvió por unanimidad acompañar el amparo colectivo que impulsa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento efectivo de la norma aprobada por el Congreso y considerada desatendida por la administración nacional.

La resolución faculta a la rectora, Marisa Rovera, a alinearse con las acciones y estrategias que adopte el CIN en la vía judicial. El gesto institucional, leído en clave política, refuerza el frente común de las universidades nacionales que buscan preservar la gratuidad y la sostenibilidad del sistema en un contexto de ajuste y tensiones crecientes con la gestión libertaria.

La conducción universitaria remarcó que el acompañamiento al amparo se inscribe en la defensa de la educación pública como política de Estado. El tono del respaldo interno deja claro que la UNRC no pretende quedar al margen de un conflicto que ya escala en el plano institucional y que podría sumar adhesiones de otros actores del ecosistema educativo y científico.

Mientras el Gobierno nacional busca limitar lo que considera “gastos improductivos” y avanzar con reformas estructurales en el sector, las universidades advierten sobre los efectos concretos de la falta de recursos: deterioro edilicio, riesgo en servicios esenciales y paralización de proyectos de investigación. Con esta jugada, la UNRC se posiciona dentro del núcleo más activo del reclamo y se alinea con la presión judicial que el CIN considera indispensable para corregir el rumbo de la política oficial.

El amparo

La definición de la casa de altos estudios de Río Cuarto surge en apoyo a la acción que el CIN anunció días atrás en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí, rectoras y rectores de todo el país acordaron de manera unánime avanzar con una presentación judicial que garantice la vigencia efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario Docente.

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del organismo, Oscar Alpa, marcando el tono de la ofensiva.

El conflicto se profundizó tras la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la ley, pese a su promulgación después del veto presidencial y su posterior ratificación parlamentaria. El decano anfitrión, Leandro Vergara, fue tajante al señalar que “un decreto no puede suspender una ley” y advirtió que la medida implica una afectación directa a la división de poderes. El vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, reforzó la dimensión institucional del reclamo al afirmar: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley” y sostuvo que, agotadas las vías administrativas, “corresponde ahora recurrir a la justicia”.