UNC: la reforma laboral en la Universidad redefine la política interna

Mientras ADIUC se movilizó junto a otros sindicatos en Córdoba y CONADU definió un plan de lucha que incluye paro, carpa itinerante y la construcción de una nueva Marcha Federal, la política universitaria empezó el 2026 bien prendida fuego. Las agrupaciones estudiantiles, docentes, las gestiones y el propio rectorado observan un escenario donde el conflicto laboral nacional empieza a redefinir la política de la UNC.

La reforma laboral abrió un nuevo frente de discusión que trasciende lo salarial o lo estrictamente sindical. Si bien el eje público está puesto en el rechazo a la flexibilización laboral, dentro de la universidad lo que empieza a delinearse es una disputa política sobre el modelo de trabajo (entre ellos el académico) y el rol institucional frente a cambios estructurales en las reglas laborales.

En ese contexto, la mayoría del arco político estudiantil tomó posición rápidamente. El movimiento Sur participó de la movilización junto a Libres del Sur, reforzando su perfil opositor a las políticas nacionales y buscando consolidar un discurso coherente con su identidad histórica dentro del movimiento estudiantil. Se sumaron, también, agrupaciones como La Bisagra y algunos sectores del peronismo cordobés, estos últimos lo hicieron a pesar de que Alejandra Vigo terminó acompañando el proyecto. Básicamente la columna vertebral del Frente La Fuerza, segunda fuerza universitaria desde hace ya tres años. 

Por otro lado, Sean Eternos también se pronunció públicamente en contra de la reforma laboral, señalando el impacto que podría tener en las condiciones laborales y en el futuro del sistema universitario este tipo de reformas.

Pero el dato político no estuvo únicamente en quiénes marcharon, sino también en quiénes eligieron no hacerlo. El radicalismo universitario, con Franja Morada como principal expresión estudiantil, mantuvo un perfil bajo frente a la discusión. El silencio no parece casual: la mayoría de los senadores radicales votaron a favor de la reforma laboral, lo que dificulta la construcción de un posicionamiento crítico dentro de la universidad sin entrar en contradicción con la propia estructura partidaria nacional, pero podría ser también por estar de acuerdo desde lo ideológico con dichas reformas. 

Aunque Córdoba no cuenta con senadores radicales propios, la alineación política del espacio genera tensiones internas que se reflejan en la cautela discursiva.

La votación de los senadores cordobeses también dejó huella. El respaldo a la ley de flexibilidad laboral por parte de representantes provinciales generó cuestionamientos incluso dentro de sus propias bases, particularmente en sectores vinculados al peronismo cordobés, donde figuras como Alejandra Vigo recibieron críticas desde espacios sindicales y universitarios. Este escenario abre interrogantes sobre hasta qué punto las tensiones del cordobesismo pueden trasladarse al ámbito universitario, un fenómeno que ya mostró algunos indicios durante las elecciones de 2025.

En la UNC, donde las alianzas políticas suelen construirse más por afinidad estratégica que por identidad partidaria rígida, la reforma laboral funciona como un catalizador que obliga a los actores a definir posiciones. Las agrupaciones opositoras al oficialismo encuentran un terreno común para articular discursos críticos, mientras que los sectores vinculados al radicalismo optan por administrar tiempos y evitar exposiciones innecesarias en un tema que puede generar costos internos.

El rectorado, por su parte, transita una línea de equilibrio. La conducción universitaria necesita mantener diálogo con los gremios y evitar que el conflicto escale a niveles que afecten el inicio del ciclo académico, pero al mismo tiempo debe gestionar un escenario político donde las definiciones nacionales impactan directamente en la dinámica interna. En ese marco, la reforma laboral deja de ser un tema externo para convertirse en una variable que incide en la gobernabilidad universitaria.

De todas formas, que esta ley avance, para el rectorado me serviría de marco legal para avanzar con más soltura en las “reformas estructurales” en los distintos ámbitos universitarios como son los SRT. Cabe recordar que hubo despidos masivos en el multimedio universitario y esto se frenó por acuerdos y desde el ámbito legal. Pero con un nuevo marco legal, Boretto podría avanzar nuevamente en este sentido.

Así, mientras el debate público se mueve entre consignas y posicionamientos partidarios, dentro de la UNC empieza a configurarse una relectura del mapa político estudiantil y gremial. Las movilizaciones y silencios recientes no solo expresan opiniones sobre una ley específica, sino que anticipan cómo cada sector busca posicionarse frente a un escenario donde las definiciones nacionales pueden redefinir equilibrios políticos internos y obligar a todos los actores a recalcular sus márgenes de acción.