Por Julieta Fernández

“No le decimos que no a Uber ni a ninguna empresa en Río Cuarto. La única condición que pide el Municipio, es que los que quieran prestar el servicio lo hagan con las habilitaciones correspondientes que se le exigen hoy a cualquiera”, manifestó Marcelo Bressán horas después de que se confirmara la intención de la empresa de desembarcar en Río Cuarto.  El Municipio convocó a una conferencia de prensa luego de que Uber manifestara que pretende “ampliar el acceso a la app, hoy disponible en 26 ciudades del país”.

Bressán encabezó su discurso con un mensaje que apuntó a “calmar las aguas” en relación a los servicios de taxis y remises. Ayer mantuvo una reunión con las distintas agrupaciones que nuclean el servicio de transporte público y semi público de la ciudad para transmitirles que “el Estado Municipal va a defender las fuentes de trabajo de los 1500 permisionarios de manera directa y las más de 4500 familias vinculadas a esta actividad”.

“No prohibimos la competencia pero sí pedimos que si quieren funcionar, lo hagan adecuadamente  como lo hacen las empresas y permisionarios de taxis y remises de Río Cuarto”, aseguró el secretario, en un intento de no cerrarle la puerta de manera categórica a la empresa que ya anunció sus intenciones de instalarse en Río Cuarto, así como también en otras siete ciudades del país. No obstante, enfatizó en que “en cualquier lugar del mundo, el servicio público o semipúblico de pasajeros está regulado”.

El bloque de concejales del PJ está trabajando en una actualización de la ordenanza N°113 que fue aprobada en 2016 y que contempla el uso de aplicaciones para el contacto con los pasajeros. La presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Milagros Obregón, manifestó a LV16 que aún no hay un registro de que la empresa Uber haya pedido la autorización correspondiente al municipio para su habilitación y que están trabajando sobre las sanciones para quien utilice estas aplicaciones sin la habilitación municipal correspondiente. 

 “Solo taxis y remises pueden usar aplicaciones autorizadas. Quien quiera la habilitación, deberá pedirla y cumplir con los requisitos que establezca la subsecretaría de Transporte”, dijo la concejala del PJ. Obregón agregó que quienes presten el servicio fuera del marco de la ley serán sancionados con unidades de multas. “Hay que cumplir requisitos para tener una chapa patente, una nomenclatura, saber quién conduce. La seguridad del pasajero en ese auto implica una regulación en varios términos”, manifestó. 

Pero el capítulo Uber es uno de varios frentes con los que Servicios Públicos deberá lidiar en el último trimestre del año. En ediciones anteriores, Alfil señaló que el pedido de aumento del subsidio a la empresa de transporte urbano ya ingresó al Tribunal de Cuentas luego de que el Ejecutivo firmara el respectivo decreto. No obstante, el expediente fue devuelto en el primer intento (no pudo aprobarse por la ausencia de la tribuna de cuentas del PJ, Verónica Ledheros). También se requirió que la empresa brinde más información respecto de sus gastos mensuales. 

En concreto, la firma local había planteado que necesitaría cerca de $8.500.000 para terminar de cubrir el costo mensual del combustible a partir de los últimos índices inflacionarios. Más allá del “rebote” inicial en el Tribunal de Cuentas, el otorgamiento del aumento resulta inminente. Cabe recordar que, en octubre, comienza a regir el nuevo valor del boleto (pasará de $140 a $170). 

Las críticas opositoras se agudizaron luego del último proceso licitatorio (en el que ganó la firma local) y la implementación del nuevo servicio de ramales y troncales a partir de diciembre pasado. Meses después, hasta el propio oficialismo se mostró descontento con la calidad de la prestación e intervino en algunas modificaciones de recorridos y frecuencias para atenuar las quejas de los usuarios. El eje Transporte volvió a instalarse fuertemente y se perfila para ser uno de los protagonistas en la campaña municipal del 2024.