Francisco Lopez Giorcelli
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ha ingresado en una fase de judicialización y presión administrativa sin precedentes. En los últimos días dias, el Ministerio de Capital Humano elevó el tono de la confrontación al intimar formalmente a los rectores por las consecuencias de las medidas de fuerza, intentando trasladar la responsabilidad legal de los paros a las autoridades académicas. Sin embargo, la movida no solo no hizo mella en el frente universitario, sino que funcionó como el combustible final para la convocatoria a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, programada para este martes 12 de mayo.
En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el clima de efervescencia es total. El rector Jhon Boretto, probablemente empujado por las posiciones de los gremios y sus contrincantes electorales, ha endurecido su discurso, señalando que la falta de canales de diálogo con el Ejecutivo y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario han empujado al sistema a un abismo.
"Ha habido una pérdida salarial del 33% y el presupuesto anunciado para 2026 no implica un aumento real, sino una anualización de la asfixia", advirtió Boretto. Para el titular de la Casa de Trejo, la situación no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que "desincentiva la actividad científica y desestimula a los mejores docentes", lo que impactará directamente en la calidad que siempre caracterizó a la universidad cordobesa.
La movilización en Córdoba para el 12 de mayo se perfila como una de las más convocantes, quizás el impulso del 24 de Marzo ayude a engrosar las calles. Según lo acordado por el frente sindical y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la concentración repetirá el esquema de unidad que se vio en abril de 2024.
El gremio docente ADIUC ya calienta motores con una asamblea extraordinaria previa (6 de mayo por la tarde) y ha ratificado que la marcha será el corolario de una serie de paros totales de actividades. Desde la conducción gremial aseguran que "no vamos a permitir que se destruya la universidad pública" y exigen la aplicación inmediata de la ley de financiamiento que el Gobierno intenta derogar o neutralizar mediante vetos y recursos judiciales.
El recorrido de la marcha en nuestra ciudad tendrá su epicentro en la Ciudad Universitaria para luego confluir en el centro capitalino, donde se espera que los distintos estamentos —docentes, no docentes, estudiantes y egresados— vuelvan a manifestar un rechazo masivo al ajuste. Mientras tanto, el Consejo Superior de la UNC reafirmó que la responsabilidad de financiar el sistema es exclusivamente del Gobierno nacional, rechazando las intimaciones que buscan "disciplinar" a los rectores.
La estrategia del Ejecutivo nacional de "aislar" a los rectorados acusándolos de mala administración parece chocar con una realidad territorial que en Córdoba se muestra compacta. Con la confirmación de la marcha federal, la pulseada ya no es solo presupuestaria; es una disputa por la legitimidad de un modelo educativo que la Casa Rosada intenta racionalizar bajo la disciplina fiscal, pero que en las aulas de la UNC se defiende como un derecho innegociable.
El 12 de mayo, las calles volverán a ser el escenario donde se defina si el sistema universitario puede resistir el embate de la motosierra o si la presión judicial termina por fracturar el bloque de los rectores.
